En enero de 2013 el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, reconoció que “Todo mundo sabe que hay municipios de la entidad donde ha penetrado el crimen y donde diferentes sectores de la población han sido atemorizados” (LJ, 25 enero 2013); también sabemos que las organizaciones de delincuentes penetran y permanecen, solamente con la colusión de las autoridades, como son alcaldes y directivos de las policías municipales, y, en ocasiones, con el encubrimiento de las estatales.
La consecuencia de que las autoridades se coludan con los delincuentes es, por un lado, la permisión para que éstos lleven a cabo sus acciones delictivas; y, por el otro, la desprotección de los ciudadanos, que sufren, como víctimas, las acciones de los delincuentes. El problema de fondo se refiere a la responsabilidad de las autoridades locales, que tienen la función del resguardo, de manera directa, de la seguridad de los ciudadanos, y, que, al dejar de lado esta primerísima responsabilidad, por omisión permiten que sean los delincuentes los que, con libertad, afecten la vida de los ciudadanos y de sus patrimonios.
La siguiente consecuencia consiste en que dichas instituciones policiales y políticas, entran en un proceso de debilitamiento que, a la postre, se manifiesta como descomposición; entonces encontramos el panorama de que las autoridades locales son sólo ornamentales, que no resuelven los problemas de seguridad de la comunidad.
El siguiente paso en el proceso de descomposición lo observamos cuando los delincuentes sustituyen a las autoridades locales, y se convierten en extorsionadores de los ciudadanos, al controlar sus actividades económico-productivas; en este momento, evidentemente, la afectación se torna extremadamente delicada para los ciudadanos, al ser, primeramente víctimas de la violencia de los delincuentes, y, en segundo término, indefensos también en sus actividades económicas.
La reacción de los ciudadanos de esos municipios, al comprobar la inacción de las autoridades locales, estatales y federales, fue -como lo expresan ellos- “levantarse en armas”; su significado es que toman en sus manos su propia defensa, e inician la formación de los hoy conocidos grupos de autodefensa de Michoacán.
La respuesta de la autoridad federal, ante la incompetencia de la autoridad estatal, fue lanzar su nueva estrategia nacional de seguridad pública, precisamente en el estado de Michoacán; el inicio de la estrategia consistió en establecer “esquemas de operación conjunta y desarrollar acciones específicas en el ámbito local que permita formar un frente común contra la delincuencia” (LJ, 17 febrero 2013).
Entre las acciones de las bases de operaciones mixta (fuerzas locales y federales), estuvieron el desarme de los primeros grupos de autodefensa, al acusarlas de ilegales por la portación de armas prohibidas; los alcaldes Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán pidieron que la instalación de las bases fuera permanente “para que cese la creación de grupos de autodefensa” (LJ, 9 marzo 2013). Sin embargo, la acción de las fuerzas federales -que actuaron en un breve tiempo-, aunque sí desarmaron a algunos grupos de autodefensa (el ejército aprehendió a 17 policías comunitarios de La Ruana, LJ 12 marzo 2013), no desarmaron a los delincuentes ni los detuvieron, quienes continuaron afectando a los ciudadanos.
El resultado del primer lanzamiento de la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal en Michoacán, fue dejar a los delincuentes en activo, y desamparada a la población; además, propiciaron que las comunidades purépechas decidieran sumarse al movimiento de autodefensa. Posteriormente, ante la continuación de la violencia de los Caballeros Templarios y el avance de los grupos de autodefensa, el gobierno federal continuó con nuevos relanzamientos de la estrategia de seguridad en Michoacán durante el año 2013, hasta llegar al último, que sucedió el lunes pasado, 13 de enero; el llamado del secretario de gobernación a los grupos de autodefensa siguió siendo el de dejar las armas, y, la respuesta de los líderes también sigue siendo que hasta que capturen a las cabezas de los delincuentes y que estén con seguridad, dejarán las armas. El gobierno les señala que la portación de armas es ilegal, y ellos responden que, ante la ilegalidad del abandono de la protección local, el estado que se genera con la violencia de los delincuentes también es ilegal, por lo que su recurso, aunque sea ilegal, es de defenderse.
Por enésima vez en lo que va de la presente administración federal, el secretario de gobernación dice a los michoacanos que devolverán la tranquilidad a los ciudadanos, con la presencia de las fuerzas federales. En esta ocasión, las fuerzas se han desplegado en 16 municipios -incluidos Apatzingán y Uruapan-, y han retirado a las policías municipales “porque así lo pidió la sociedad; queremos que sepan que tomamos en cuenta sus denuncias y habrá mano firme respecto de quienes, teniendo la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía, decidieron estar del lado de los criminales. No dejaremos de sancionar a quienes en cualquier ámbito del gobierno, hayan incurrido en un delito” (LJ, 16 enero 2014).
Efectivamente, los grupos ciudadanos de autodefensa no son la solución para controlar la violencia de la delincuencia organizada; estos grupos son una valiente respuesta -inmediata y temporal- ante la indolencia y la corrupción de las autoridades locales. Las policías comunitarias tienen muchos años de existencia en otras regiones del país, como Guerrero, y se constituyen en un ejemplo de participación ciudadana, extremo ciertamente, para construir el bienestar de la comunidad.
La participación de estos ciudadanos, empresarios y trabajadores, en la búsqueda de su propia seguridad, está siendo ejemplo para el desarrollo de la nueva conciencia política en la sociedad; es un camino difícil, por el alto riesgo que significa para sus vidas, que, probablemente, tenga que ser repetido en otras entidades, no sólo para resolver los problemas de seguridad, sino también para presionar y obligar a las autoridades gubernamentales a erradicar muchos otros males que suceden en la sociedad, como la corrupción, que, en ocasiones, es la misma autoridad la que los propicia y se niega a corregirlos.
