“Uno de los elementos más importantes en la estrategia de ajuste y cambio estructural en México ha sido la desincorporación de empresas del sector público. Vista como una condición necesaria para la corrección permanente de las finanzas del sector público y para el desarrollo de una eficiente base productiva, las autoridades comenzaron con la venta, liquidación, fusión o transferencia de pequeñas entidades del sector público en 1983. Este esfuerzo prosiguió con mayor intensidad durante la administración del presidente Salinas de Gortari, por medio de la realización de operaciones de privatización más grandes y considerablemente más complejas”. (Aspe A., Pedro. 1993. El camino mexicano de la transformación económica, FCE, p.156, México.)
Algunos han interpretado esa recomposición atribuyéndole una intencionalidad política. Por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas señaló durante su protesta como candidato del PRD a la Presidencia de la República en 1993 que “las privatizaciones de los años recientes han tenido como finalidad la recomposición del poder económico, con la mira de que a través del mismo, el grupo que lo detenta siga ejerciendo el poder político por varios sexenios, más allá de 1994”.
Reflejando el pulso de un importante sector de la opinión pública, la analista política Denise Dresser, en un artículo referente a la Reforma Energética impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto, en 28 de agosto de 2013, se pregunta “¿Tiene sentido volver a petrolizar el modelo de desarrollo del país? ¿O es que se está tratando de recrear el capitalismo de cuates que Carlos Salinas instauró, sólo que con otros cuates?”
Los resultado de las privatizaciones realizadas desde hace 30 años en México no parecen haberse reflejado en mejores condiciones de vida para la población ni en el manejo sano de las finanzas públicas. La privatización responde a una urgencia, a una prioridad que no está aquí.
Con el simple hecho de que la actual administración haya promovido la llamada “Reforma Hacendaria”, se reconoce la falta de efectividad en materia de finanzas públicas del modelo privatizador. El argumento que el grupo político (PRI, PAN, PVEM) esgrimió para impulsar la “Reforma Energética” es el de fortalecer los ingresos gubernamentales. El objetivo de ambas reformas, pues, no es el de detonar el crecimiento económico sino seguir financiando el gasto. No resuelve los dilemas generados por unos impuestos insuficientemente recaudados, por un gasto ineficientemente asignado, por unos recursos públicos lamentablemente distribuidos. Su meta no es racionalizar lo que el Estado distribuye, sino asegurar que pueda seguir ejerciéndolo ampliamente como se ha venido comentando en esta misma columna (ver “Llamando al paraíso”, Ciudadanía económica, 1 de octubre, 2013).
Los procesos de privatización y desregulación son un fenómeno global que se inicia con el triunfo de gobiernos conservadores en EUA y Gran Bretaña y se reforzó con el derrumbe del socialismo en Europa Oriental. Se institucionaliza por imperativos del FMI, y de la banca internacional, a través del llamado “Consenso de Washington”, mediante el que se obliga a países con crisis de deuda, a aplicar severos programas de ajuste ortodoxo para frenar la inflación, restringir el gasto y el crédito, controlar salarios y desincorporar empresas gubernamentales.
Emilio Sacristán Roy, Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, señala en “Las privatizaciones en México” (Revista Economía UNAM, No. 009, México D.F., 2006): “En México, el cambio coincide con el inicio del gobierno del presidente Miguel de la Madrid y el desprestigio de los excesos de los gobiernos priístas anteriores. Se abandona la política progresista y nacionalista y se adopta una política de carácter neoliberal.”
El proceso de privatización en México, según los teóricos y analistas forma parte de un proceso más amplio llamado “desincorporación del sector paraestatal”, que está conformado por: 1) la liquidación de empresas o extinción de fideicomisos, 2) las fusiones de empresas públicas con empresas privadas, 3) las transferencias a los gobiernos estatales y 4) las ventas en sí. En estricto sentido, la privatización se refiere al último rubro, las ventas. Apenas hace unos cuantos años se ha venido explorando un nuevo esquema: el de las concesiones y licencias, con las que se transfieren los privilegios del uso de activos y recursos, sin afectar la propiedad. Esta modalidad ha permitido a los promotores de la privatización, evitar el costo político de asumir este término, cuando de hecho lo que se hace es dejar que las empresas privadas -las internacionales particularmente, y sin asumir el costo que representaría la compra-, gocen de todos las prerrogativas por el uso y explotación de recursos naturales, activos e infraestructura propiedad de la nación.
Del análisis de resultados de las privatizaciones, particularmente las de Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, Siderúrgica Mexicana, Fertilizantes Mexicanos, Compañía Mexicana de Aviación, el sistema bancario y el sistema aeroportuario, Sacristán Roy concluye que para cada sector por privatizarse se establecieron objetivos específicos que sólo en algunos casos se cumplieron. Y finaliza, “El sector que los apólogos de la privatización tienen ahora en su mira, es el energético… la experiencia raramente exitosa en dos décadas de privatizaciones debería ser razón bastante para no emprender estos nuevos procesos”.
Ante la propaganda oficial a favor de la “Reforma Energética” en el sentido de que con ésta el costo del gas doméstico bajaría de precio, el especialista en petróleo y energéticos Antonio Gershenson, hace evidente que se reducen selectivamente el valor de venta del gas por zona. Con ello, las empresas controlan el precio, para lo cual no necesariamente toman en cuenta el bolsillo del consumidor. Ya con mayores yacimientos de gas y petróleo bajo su control, gracias a la reforma mexicana que provocará aumento de precios en los transportes y sus evidentes repercusiones en todo tipo de los productos transportados, los de la industria química, la de los alimentos, y tantas otras, ¿qué sigue?
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Foto: Archivo LJA
