Bien dicen que las tonterías de los megalómanos son altamente contagiosas y se multiplican con mayor ferocidad si se recrean en el ejercicio del poder. Enrique Peña Nieto y José Carlos Lozano de la Torre están peligrosamente convencidos que el pueblo es el tonto y que Aguascalientes es territorio 100% PRI y 100% Nissan aunque ignoren que General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz existan en 11 estados del país con 19 complejos productivos de ensamble, blindaje de vehículos, fundición y estampado de motores donde se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones ligeros que de nada sirvieron para elevar el índice de crecimiento económico que el Banco de México recortó al 1.4 por ciento. El presidente de la república después de inaugurar la segunda planta automotriz en la entidad quedó tan impactado con el show del gobernador y el rosario de bondades que la empresa nipona traerá consigo que en una posterior gira por el norte del país confundió Ojinaga, Chihuahua con Okinawa, Japón. Se pensó en el pueblo del sol naciente estando en uno de los lugares fronterizos más violentos de México. Son del dominio público los errores y las constantes pifias cometidas por el ejecutivo federal que ya empiezan a ser motivo de estudio en virtud de que pueden revelar algún daño cerebral o trastorno de conducta que ponga en peligro el destino de nuestra nación. Por lo pronto, en Aguascalientes, como merolicos de la postmodernidad del aquí y ahora, Enrique y José Carlos ofertaron a Nissan como un producto milagro para justificar el Progreso para Todos en un país al que se le prometió un crecimiento económico superior al índice de su violencia. De acuerdo a cifras del INEGI, el Producto Interno Bruto Nominal a precios de mercado alcanzó en el segundo trimestre de 2013 la impresionante suma de 15.7 billones de pesos. Si esta riqueza que se genera en México se repartiera equitativamente entre los 118.2 millones de habitantes que somos en el país, nos tocaría a cada mexicano en ese período 10 mil 695 dólares. Pero como todo le sale al revés a Enrique Peña Nieto y por consecuencia a José Carlos Lozano de la Torre, el Institute for Economics and Peace (IEP) en estudio reciente revela el costo directo de la violencia en la economía mexicana que fue de 3.8 por ciento del PIB mientras que el costo indirecto fue del 12 por ciento, que representa en moneda nacional una pérdida de 2 mil 490 millones de pesos, es decir, el 15% del PIB. Bajo este contexto y después de la espectacularidad con la que Peña Nieto y Lozano de la Torre anunciaron la instalación de la segunda planta automotriz de Nissan en Aguascalientes que se construyó en tiempo récord para presumir la gestión gubernamental de excelencia, las corruptelas y las demandas por incumplimiento en la obra civil de la planta automotriz están a la orden del día. La pus empezó a brotar y a pesar del silencio de los medios de comunicación al servicio del Gobierno, se sabe que altos funcionarios de Nissan demandaron a la principal constructora que a su vez tenía subcontratada a otras empresas en Nissan II, tal es el caso de la empresa Infraestructura y Construcciones S.A. de C.V. con domicilio en San Marcos #130 La Joya, Tlalpan, México, DF, C.P. 14000 que según investigaciones acaba de disolverse. ¿Quién está detrás de esa empresa fantasma que no pudo ser contratada sin el tráfico de influencias entre el gobierno del Estado y empresarios de Nissan? ¿Tendrá que ver en estas irregularidades Albert Rifá Casas, encargado de recibir la documentación de la Secretaría de Obras Públicas en la entrega recepción de 2010 cuando Lozano de la Torre asumió la gubernatura y quien desde entonces opera como si fuera el jefe de gabinete? ¿Qué estatus migratorio tiene ese español cercano a los intereses del gobernador que hace y deshace desde su despacho ubicado en la Torre Plaza Bosques sin ser funcionario público? Estas preguntas tiene que responderlas el gobernador del Estado y el representante legal de Nissan por el bien de Aguascalientes.
