A partir del pasado 1º de diciembre de 2012, con la toma de posesión de Enrique Peña como presidente de la República, se inició una nueva etapa en México; las características de la forma de gobernar de la nueva administración que ya se van configurando, están presentando diferencias con las anteriores, que será necesario tomar en cuenta para el estudio político de nuestra realidad actual.
La conmemoración de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, permite estimar el cambio de dinámica política que se está dando en el país; los hechos del pasado 2 de octubre, junto con las mismas manifestaciones de violencia sucedidas en diversas ocasiones desde el 1º. de diciembre hasta la de esta fecha, nos permiten apreciar de manera clara, la transformación de una política pública pacífica en las manifestaciones ciudadanas -independientemente de la dolorosa violencia de la delincuencia organizada-, en una política pública de círculo vicioso por el escalamiento de la violencia policial.
De acuerdo a las ediciones de La Jornada de los días 3 de octubre de los años anteriores (información en la red), podemos encontrar lo siguiente: año 2007, no hubo reporte de violencia; 2008, la edición habla de provocadores infiltrados que causaron desmanes en marcha al Zócalo, el GDF detuvo a 20; 2009, el periódico menciona intentos de provocación que generaron choques entre estudiantes y policías, agentes lanzan gases lacrimógenos, 26 personas aprehendidas; 2010, el diario señala manifestaciones en seis estados, y en Chilpancingo los organizadores se deslindan de actos vandálicos, nada más; 2011, la edición no reporta acciones de violencia ni detenidos; 2012, el impreso menciona que policías agreden con gas pimienta a manifestantes en el senado de la república, y que la marcha del 2 de octubre tuvo saldo blanco; 2013, la edición informa que el Zócalo fue inexpugnable para manifestantes e infiltrados, policías y encapuchados agreden a periodistas, al menos 32 policías lesionados, 22 detenidos, los asambleístas del Distrito Federal dicen que vuelve el diazordacismo.
La nueva acción policial en la República está siendo manejada por los gobiernos como el único instrumento para contener y solucionar las manifestaciones de la inconformidad ciudadana; en aquél 1º de diciembre, tras los hechos violentos y la detención de jóvenes, la policía manifestó que habían tenido un error de coordinación, que en el 1º de septiembre pasado, señalaron, ya se había corregido, lo que no evitó la violencia y las detenciones de jóvenes.
El amurallamiento de la Alameda Central de la Ciudad de México y de la calle de acceso al Zócalo, pareciera mostrar otro error de los gobiernos; el motivo aducido fue la protección de los establecimientos comerciales ubicados en esas áreas.
Sin embargo, lo que aparece con los hechos que estamos observando, es el cambio de las estrategias políticas de los gobiernos; el diálogo político parece estar siendo utilizado sólo para decir a los inconformes que no habrá modificaciones en las decisiones tomadas: mientras los maestros disidentes exponen en la Secretaría de Gobernación las demandas en contra de la Reforma Educativa (sin entrar al punto de si se justifican o no), la dependencia responde que intermediará con los gobiernos estatales para la instalación de mesas de trabajo, y el secretario de educación afirma que la reforma se aplicará, pese a inercias y resistencias (La Jornada, 4 de octubre).
El esquema de trabajo político, comienza a explicar y clarificar el porqué del cada vez mayor uso de las fuerzas policiales; ante la falta de trabajo político con los grupos inconformes, el recurso que parecen estar tomando para evitar las afectaciones producidas a los ciudadanos, es, precisamente, la utilización -cada vez mayor- de las fuerzas públicas. Ante este escenario ya no podemos hablar de errores de gobierno, sino de estrategias equivocadas.
En Aguascalientes también se está reproduciendo el mismo esquema, aunque todavía con bajo perfil; la procuraduría de justicia está asumiendo un papel intimidatorio con funcionarios de la anterior administración -más que de procuración de justicia-, la presencia de motociclistas, patrullas y vehículos policiales (de civil) en la custodia de algunos funcionarios del gobierno con la alteración de la vialidad, la vigilancia con camionetas-patrulla equipadas con armas de alto poder en eventos que no lo ameritan como fue la pasada feria de San Marcos o el periodo extraordinario de septiembre pasado, o el desatender el plantón que mantuvieron durante meses los maestros del Conalep hace un año, etcétera, marcan una nueva pauta como estrategias políticas.
Desde luego que los gobernantes tienen sus motivos y justificaciones; en su visión de hacer gobierno, son acciones fundamentadas, y así lo dicen a los ciudadanos. Sin embargo, tales estrategias nos están volviendo a los tiempos en que el gobierno va por un lado, y la sociedad por otro.
Finalmente, los procedimientos aplicados para las reformas, manifiestan también el cambio de dinámica política. La educativa dejó entrampada la relación entre maestros y gobiernos; la energética parece que no logrará el consenso social; la hacendaria ha planteado un diferendo social y económico; y la política, por señalar sólo algunas, se quedará a la mitad de lo necesario.
Nuestro problema es la falta de capacidad política del grupo gobernante; sin tomar en cuenta los continuos “lapsus” del presidente de la república, el fondo que se aprecia es una visión política corta -a pesar de que hablan de las próximas décadas-, que está influyendo en la crispación cada vez mayor de la sociedad.
Lo delicado del panorama es que estamos en el primer año de gobierno de la administración federal, y la insatisfacción social es ya patente; las herramientas políticas que muestran no pasan de los llamados a aplicar las leyes y, en Aguascalientes, la instalación de la planta II de Nissan parece haber cerrado las expectativas de mejoramiento. Esperamos una mejor reflexión política de nuestros gobernantes, para que la sociedad pueda recibir mejores respuestas de gobierno.
