Es un hecho innegable que nuestro país necesita de reformas a fondo desde hace décadas, requiere reformas estructurales de contenido social, no de corte neoliberal como las que se han propuesto desde fines del gobierno de Felipe Calderón cuya “ópera prima”, la Reforma Laboral, de carácter profundamente neoliberal, fue una suerte de pasaporte para marchar de Los Pinos a Harvard.
El inminente regreso del antiguo régimen con Peña Nieto en la presidencia ha dado continuidad con gran celeridad al paquete de reformas estructurales perfiladas a aplicarse en su primer año de gobierno: reformas a la Constitución General de la República abiertamente neoliberales y antipopulares
La crisis magisterial y de la educación es un proceso paralelo precisamente a una reforma estructural de acusada tendencia neoliberal y globalizadora dictada desde que se firmó (tácitamente) el Consenso de Washington en la década de los noventa: la Reforma Educativa que trae aparejado un discurso que eleva la calidad educativa a derecho humano con rango constitucional, y que de modo notorio da prioridad a la evaluación de los docentes por encima de los diversos aspectos académicos y pedagógicos que es preciso transformar si lo que se busca es una real educación de calidad.
México no es el único país con un sindicato de maestros poderoso (el SNTE alineado a la reforma Educativa), pero es uno de los pocos en que el sindicato docente tiene su propio partido político, con varios diputados federales y senadores propios, además de contar como aliados a más de una docena de legisladores, algunos gobernadores y varios funcionarios gubernamentales de diversos partidos.
La Ley General del servicio Profesional Docente, ordenamiento secundario, establece un régimen de excepción para el trabajador del sector educativo dado que no contempla una evaluación formativa para fortalecer su carrera magisterial, sino que es de carácter punitivo; es además, una propuesta que favorece la permanencia del control de plazas en una lógica clientelar que sostiene “la química” histórica entre gobernantes y líderes del SNTE, en donde su actual dirigente, Juan Díaz De la Torre, es sólo un instrumento que apoya a la Reforma Educativa sin riesgo alguno de desobediencia.
Lo que persigue la insurgente CNTE es que se atiendan sus demandas, para lo cual se ha visto orillada a ejercer acciones contundentes como la toma de casetas de cobro en carreteras; la obstrucción de ejes viales y del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” en la ciudad de de México, que han paralizado a millones de vehículos automotores.
Después de que una Comisión de maestros fue recibida en Bucareli se concretaron cinco puntos de sus demandas locales: devolución de cuotas sindicales, entrega de recursos por parte del SNTE para infraestructura del gremio disidente, creación de la comisión de la verdad, respeto al derecho de los trabajadores y “legalización” de su plan alternativo de educación, sin embargo, ante la falta de respuestas claras a sus exigencias, los movimientos colectivos de protesta seguirán en las próximas semanas y con ello no claudicarán en su lucha por ver resueltas sus demandas, aunque ello signifique seguir desquiciando a los millones de habitantes que concurren en la capital del país.
Esto es, sin duda, el inicio de otras numerosas mega-manifestaciones producto de las iniciativas de reforma enviadas por el Ejecutivo Federal a los legisladores y que están por aprobarse en el pleno del Congreso de la Unión como la Reforma Hacendaria y la más espinosa de todas: la Reforma Energética que afectará negativamente al país entero.
Ojalá que se imponga la razón, el diálogo abierto y la búsqueda de espacios de entendimiento que aminoren los conflictos derivados del paquete de reformas estructurales de sesgo neoliberal, antipopular y globalizador que el gobierno federal sigue empecinado en sacar adelante.
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