Al difundir a la nación el paquete legislativo denominado “Reforma Hacendaria” (http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/index.html), el domingo pasado escuchamos en la voz del Presidente Enrique Peña Nieto, varias de las propuestas fiscales que propuso y defendió durante la campaña presidencial del año 2012 su contrincante Andrés Manuel López Obrador. Lo que, por el sigilo con que se preparó, varios pensamos que sería un duro golpe contra la economía popular, fue realmente una propuesta que rescata muchas de las demandas que en materia fiscal se han venido haciendo desde los sectores progresistas de México desde hace varios años. Varias dudas, sin embargo, quedan en el aire. Por un lado, sí pasará la reforma, dada la conformación del Congreso con representantes de los fuertes intereses económicos que resultarían afectados. Por el otro, si este campanazo político, que retoma propuestas de la izquierda, logrará distraer la atención de la reforma con mayores implicaciones, como lo es la energética.
El conjunto de propuestas con las que el Gobierno Federal pretende reformar la manera en que éste gasta y cobra impuestos, me hicieron recordar varios de los artículos que he compartido desde hace tiempo en esta columna. El 28 de septiembre de 2009, en el artículo “Carta a mi Diputado” critiqué la forma tan obtusa con que desde el Congreso y el Gobierno de entonces se negaban a ver que sí resultaba posible obtener más ingresos fiscales sin exprimir más a la población cautiva, pasando la factura a quienes sistemáticamente no pagan impuestos. Ahora resulta que en un solo conjunto de propuestas, no sólo pretenden cobrar impuestos sobre las utilidades generadas en operaciones bursátiles y eliminar la más socorrida de las estrategias para la elusión de impuestos, la consolidación fiscal, sino que además proponen nuevos mecanismos para dotar de dinero a la gente.
Es de llamar la atención que por primera vez en la historia fiscal mexicana se considera oficialmente la imperiosa necesidad de dotar a la población con una transferencia en efectivo, directamente de la autoridad hacendaria, en forma de renta básica para los mayores de 65 años y seguro de desempleo. Este solo hecho cambia radicalmente el concepto del apoyo gubernamental. Una vez que ha sido propuesto por el Presidente, resultará indispensable defender el concepto de base para que no quede como un nueva forma de congraciarse con la ciudadanía y mucho menos una estrategia de cooptación.
Es imprescindible que la sociedad y sus representantes en el Congreso conozcan la diferencia. Cuando la dotación de recursos gubernamentales a la gente se realiza a través de un programa de subsidio, es una estrategia de beneficencia discrecional y graciosa por parte del gobierno. Cuando se realice en forma de derecho universal se reconoce como un derecho público que no debería estar acotado por condiciones o situaciones particulares de los beneficiarios.
Otro aspecto que es de llamar la atención en la reforma hacendaria propuesto por la administración de Peña Nieto, es el manejo de un déficit fiscal programado a partir del año actual. Desde que el Consenso de Washington se impuso a la política monetaria y fiscal mexicana en la década de los años 80, el concepto “déficit fiscal” quedó satanizado en el vocabulario de los economistas gubernamentales. Fue esa la camisa de fuerza con que el Banco Mundial y el FMI obligaron a México a pagar el costo de la reestructura de la deuda externa. El resultado de esta sujeción a no gastar más de lo que ingresa el gobierno, ha sido una importante restricción al desarrollo económico de una parte importante de la población durante ya tres décadas. Fijar el límite al gasto público, en principio estaría bien si hubiese equidad en el gasto, transparencia en el cobro y honestidad en el manejo, pero además, ata de manos al gobierno al tener que enfrentar situaciones excepcionales o urgentes, como en su momento fue la crisis bancaria del 94 que ha tenido profundos efectos hasta ahora.
El reto que impone un mundo en crisis financiera generalizada es la que ha obligado a soltar esta amarra. Por ello, siendo deseable que así suceda, no es seguro que a estas alturas se tenga el efecto positivo esperado. El Presidente propuso que a partir de este año, durante los cuales el gobierno mantiene un superávit, será aceptable tener un déficit equivalente al 0.4% del PIB. Esto significa que, después de nueve meses de haber retenido el gasto público, en los cuatro últimos meses del año podría soltarse a los mercados una fuerte cantidad de dinero que más que beneficiar podría desbalancear la economía en materia monetaria y productiva.
Por haberse contraído progresivamente durante varios años una parte importante de la planta productiva nacional, cabe suponer que no estará preparada para responder rápidamente reactivando su producción y empleo. Por tanto, es de esperarse que esta derrama de último momento propuesta por el Presidente, tendrá como efecto combinado un empuje a la demanda interna –la gente, en general, tendrá más dinero para gastar- provocando inflación y una mayor compra de bienes y servicios importados.
Resultará interesante ver cómo el Gobierno de la República hará frente a las molestias que esta reforma generará a los grupos económicamente más poderosos del país. Es sabido que la concentración de la riqueza en el mismo grupo de empresas y familias durante estas tres décadas ha sido también resultado de la capacidad que tuvieron éstos para eludir el pago de impuestos. Una reforma tan orientada al interés popular, proveniente de un gobierno que se valió de los poderes monopólicos para llegar al poder, deja un amplio espacio de duda.
En suma, la propuesta de reforma hacendaria contiene lo que durante mucho tiempo se exigió al gobierno, pero ya que este regalo que se otorga a la población podría desequilibrar la economía en el corto plazo y enfrentar a los grupos fácticos de poder a nivel nacional, falta ver si no es un Caballo de Troya en la guerra mundial por el petróleo.
Twiter: @jlgutierrez
