Sin duda existen muchos cambios por hacer en el sistema electoral mexicano en general y en el de Aguascalientes en particular. Más evidente es la necesidad inmediata de cambios constitucionales a la luz de la poca transparencia y opacidad de muchas administraciones locales salientes en todo el país y también en Aguascalientes, con gobiernos a todas luces deficientes, que han incurrido en abusos y desviaciones evidentes.
Me refiero en esta entrega a un par de ellos por su incidencia directa en la administración pública del país y del estado. Es una simple cuestión de cuentas: aun cuando fueron electos el pasado 7 de julio de 2013, los diputados electos deben esperar más de cuatro meses antes de asumir su mandato constitucional, y los alcaldes casi seis meses.
Éstos son periodos en los que en términos de la tradición de lo que se ha dado en llamar “la política” y “los políticos”, en los gobiernos a punto de terminar pasa poco y nada. Porque La Legislatura en funciones, pero también los alcaldes, van dejando de tener importancia real, mientras que los que llegan no pueden asumir formalmente, aunque queda muy claro desde ahora quiénes son.
Mientras los que se van, con sus honrosas excepciones, invierten su tiempo en tres cosas básicamente: ocultar sus irregularidades, especialmente si los relevan personas de otros partidos; hacen reformas y trámites que les permitan aterrizar en los negocios cuando dejen el gobierno; y apagan paulatinamente las acciones de su administración. También y desde luego, se ocupan en otros menesteres que poco tienen que ver con el servicio público para el cual protestaron constitucionalmente sus cargos de elección popular.
Mientras, para los cargos electos son meses complicados, pues no deben/pueden hacer declaraciones públicas. Tampoco pueden/deben hacer compromisos, al desconocer en su mayor parte el estado de la administración pública que recibirán, y en muchos casos las funciones a desempeñar, además de que tienen que torear a los pedigüeños, aduladores y “cargada” que desea incrustarse por sí o por interpósita persona en la administración entrante, cobrando los favores presuntos o reales de la campaña.
De modo que acortar los tiempos de transición entre una administración y otra tendría todo género de beneficios para los ciudadanos y para los gobiernos. Y aunque dicen que las comparaciones son de mal gusto, ilustran muy bien que esto es posible en la práctica: En Italia, por ejemplo, el último primer ministro tomó posesión del cargo tres días después de celebradas las elecciones, en Francia nueve días después, en Dinamarca o Portugal menos de 20 días, en Alemania menos de 30 días, o en Grecia menos de 24 horas.
Por el contrario, es cierto que otros países tardan hasta 16 o más meses en traspasar las administraciones, pero se debe a lo complicado que es negociar los espacios dada la naturaleza parlamentaria de los regímenes. Pero es evidente que éste no es el caso mexicano y mucho menos el de Aguascalientes, donde las constancias de mayoría se entregaron ya en su totalidad tres semanas despues de los comicios.
Luego entonces no hay necesidad de largos e interminables relevos que no contribuyen a la calidad democrática ni a la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos salientes. Además, cuando finalmente llegan, y a causa de la inexistencia real de un servicio público de carrera que funcione, los nuevos funcionarios se llevan una buena cantidad de meses en aprender su nuevo trabajo. Entonces, la realidad mexicana exige relevos rápidos y expeditos, servicio público de carrera en gobiernos estatales, ayuntamientos y legislaturas, así como el planteo serio de la reelección acotada, digamos a tres periodos, de alcaldes que resulten ser buenos administradores y servidores públicos. Por allí se puede empezar una reforma política de nivel en la siguiente Legislatura del Estado.
@efpasillas
