Garry Leech es un periodista independiente y autor de varios libros cuyo trabajo se arraiga en la lucha global por la justicia social. En su más reciente libro de denuncia Capitalism: A Structural Genocide (Capitalismo: un genocidio estructural, Zed Books Ltd., Londres 2012) arguye sobre la devastadora violencia estructural que experimentan las sociedades sujetas al dominio del capitalismo en toda su historia. Su investigación documentada se concentra particularmente en el daño sufrido por las mayorías sociales pauperizadas en las sociedades capitalistas. En esencia demuestra de forma pertinente y razonablemente convincente que dicha violencia estructural, más que una aberración o distorsión derivada de los imperativos del mercado, es resultado de la división en clases de la sociedad y de la entronización de la propiedad privada.
El trabajo de Leech es uno más en la cada vez más intensa proliferación de trabajos de denuncia sobre el atropello de libertades civiles y exacción de riqueza de las personas realizadas en nombre del capitalismo. Desde la crisis financiera de 2008, las protestas de indignados y movimientos de ocupación popular de los centros de decisión globales, han devenido en las más recientes denuncias hechas por Julian Assange y recientemente Edward Snowden, del abuso pseudo legal, e incluso con imposición del poderío político militar en nombre de la propiedad privada.
El sentir de la población mundial se generaliza ubicando la causa de la actual depredación económica, medioambiental y de valores, en el atropello de los derechos humanos derivados de la división de clases y la privatización de la riqueza socializando la pobreza.
La crisis ha despertado y animado movilizaciones de inconformidad en un mundo donde se multiplican más rápidamente las protestas y denuncias que las propuestas. Ha faltado recapitular sobre el acervo social, político e incluso legal que la humanidad ha desarrollado precisamente ante la violencia estructural que hoy se vive, donde los Estados han llegado a ser cooptados por intereses privados. Es por tal motivo que resulta de enorme relevancia que en este maremágnum de inconformidades surja la iniciativa de hacer viable en la práctica los lineamientos y principios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua y el medio ambiente. Vistos desde otro enfoque, los DESC pueden constituir herramientas jurídicas útiles para revertir realidades como la desnutrición, el desempleo o la precariedad laboral, los riesgos a la salud, el analfabetismo, la deserción escolar, la falta de acceso a la vivienda, al agua, a los medicamentos básicos, los desalojos o desplazamientos forzados, la marginación social, la pobreza y la desigualdad, entre otros fenómenos ampliamente extendidos que vulneran la dignidad humana.
El PIDESC proporciona el marco jurídico internacional más importante para el reconocimiento y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Fue adoptado por medio de la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor en México, aprobándose por el Senado de la República, el 23 de junio de 1981, y desde entonces, por el artículo 133 constitucional, es ley suprema de la Unión.
Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es el pilar de la protección de los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas. Éstos son, sin embargo elementos fundamentales hasta cierto punto olvidados por la inmediatez y profundidad de las vejaciones causadas por el capitalismo y violencia estructural cada vez más generalizada.
En la conmemoración de Viena+20 el movimiento global de derechos humanos realizó un balance sobre el cumplimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, concluyendo que los derechos humanos están en crisis. Reconoce que no sólo hay nuevos y múltiples desafíos que enfrentar tanto en países desarrollados como países en desarrollo, sino severos retrocesos en la realización de los derechos humanos de cientos de miles personas en diversos campos vinculados a los DESC.
Por ser un tratado internacional de derechos humanos, el PIDESC crea obligaciones internacionales legalmente vinculantes (de obligatorio cumplimiento) para los Estados que han aceptado sus estándares. Hoy 160 Estados son parte del PIDESC, por lo que puede considerarse que refleja el consenso mundial sobre los estándares universales de derechos humanos que se aplican al campo económico, social y cultural. Hay actualmente una importante movilización de la sociedad civil mexicana que pretende hacer legalmente viable el PIDESC en nuestro país.
El Protocolo Facultativo del PIDESC (PF-PIDESC), en vigor desde el pasado 5 de mayo, es un tratado adicional a este Pacto que establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité DESC de la ONU. Este mecanismo sólo podrá ser utilizado para presentar casos en los que se identifique como responsable a alguno de los Estados Partes del PIDESC que se hayan adherido a su Protocolo Facultativo. Es un mecanismo internacional de quejas para casos de violaciones a los derechos consagrados en dicho Pacto.
A 20 años de haberse llevado a cabo la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, Austria en junio de 1993, organizaciones civiles y sociales, redes, movimientos y defensoras y defensores de derechos humanos de México (http://ratificapfpidescmex.org/) se han unido para exigir al Estado mexicano mostrar congruencia con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos subrayados entonces y reconocidos actualmente en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, adhiriéndose sin más demora al Protocolo Facultativo del PIDESC. Dar este paso constituiría un importante avance para contrarrestar al capitalismo salvaje.
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