La iniciativa que se ha presentado en el Congreso local para modificar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), y con la que sus promotores pretenden “proteger la vida humana desde su concepción”, consiste en añadirle el siguiente párrafo: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, el individuo desde el momento en que sea concebido estará bajo la protección de la ley”. Se trata de apenas 26 palabras que, de aprobarse la adición, representarían para Aguascalientes una gravísima regresión jurídica, social y política que, sin ofrecer una respuesta racional al asunto que atañe, sólo sería útil para atenuar aquello que Martha Nussbaum llama las “ansiedades misóginas” de sus promotores.
La iniciativa de adición presentada por los diputados locales, así como muchos de las proclamas que han difundido en su apoyo, están sostenidas, más que en argumentos convincentes y del todo razonables, en tres falacias.
1.
“Según la ley, el acto [del aborto] no se considera homicidio,
porque aún no se puede decidir que haya una alma viva en
un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha
formado la carne y no ésta dotado de sentidos”.
San Agustín
La primera falacia es que el producto de la concepción es un individuo, falacia que confunde deliberadamente o no, lo que es ser una persona con la potencialidad de llegar a convertirse en una persona. Los diputados proponentes de la adición no han logrado dar sentido unívoco y, razonable y claro a los conceptos de persona e individuo que utilizan. Ello es preocupante ya que la iniciativa centra su propuesta en las nociones de persona e individuo suponiendo, en el mejor de los casos, que sólo son dos simples formas de nombrar lo mismo o, en el peor, de que no hay que molestarse en distinguir entre una y otro concepto.
Pero en el párrafo de marras a la persona se le reconoce un estatus civil por el cual es sujeto de derechos -entre ellos el que se respete su vida, lo que resulta consistente con la actual legislación y con el espíritu de laicidad de la república de la que formamos parte- pero la referencia al individuo es más incierta ya que parecería aludir más a una descripción de lo que, según creen, resulta de manera inmediata del acto de concebir.
Sin embargo, la realidad, según nos muestra la ciencia, en especial la embriología, parece ser distinta: el resultado de la concepción no es una persona o un individuo, sino un embrión, un embrión que tiene el potencial de convertirse en un ser humano, en una persona. De acuerdo al neurólogo molecular Ricardo Tapia, que sintetiza el estado del arte en esta materia, ese potencial se alcanza una vez que se desarrolla el sistema nervioso central y la corteza cerebral, lo que no ocurre sino hasta el tercer trimestre del embarazo. El desarrollo de este sistema nervioso central y de la corteza cerebral es crítico para el desarrollo de la persona ya que ahí se concentra entre el 1 por ciento y 2 por ciento de la información genética que nos distingue de otras especies de primates con los que, por lo demás, compartimos buena parte de la información genética. Por ello, escribe Tapia, “no hay duda de que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico ni mucho menos una persona”. O, en términos del patólogo González Crussí, “Ningún argumento tendencioso va a convencerme de que la bellota es un roble. Una semilla no es un árbol, un embrión no es un ser humano”.
Así, que, por efecto mismo de la concepción, no hay ni individuo ni persona que tenga ni reclame protección ninguna de la ley. Sin embargo, de acuerdo a la propuesta de los legisladores resulta que los derechos que le asisten a las personas –entre ellos el del respeto a su vida- gracias a una serie de atributos que son reconocidos tanto por la ley como por la ciencia debe convertirse -por un acto de retórica, o de fe, como se quiera- en prerrogativas de protección jurídica a una entidad cuya existencia jurídica es inexistente y cuyo estatus la ciencia médica no reconoce.
En otras palabras lo que se presenta como una defensa de la vida se revela más bien como la inserción, en el cuerpo legislativo, de una noción del todo imprecisa pero, a la vez, con una clara inflexión doctrinaria que termina revelando su apego a creencias más que a los hechos y su deliberada desatención a las aportaciones que la ciencia nos ofrece para entender los temas que estamos dirimiendo en base a los hechos y apreciaciones objetivas de éstos, esto es ubicándonos lo más lejano posible de falacias.
“Las leyes contemporáneas de las democracias avanzadas
no pretenden zanjar todas las disputas morales, sino impedir
que lo que unos consideran pecado deban convertirse en delitos para todos”.
Fernando Savater
La segunda falacia es que la adición al artículo 2 no afectará los derechos y libertad de las mujeres ni la prestación, libre y gratuita, de los servicios de salud reproductiva en la entidad ya que la adición no altera las leyes secundarias –mismas que permiten en ciertas condiciones el aborto voluntario y las políticas públicas de salud y educación- toda vez que, según declaran los diputados panistas Nieto Estebanez y Reyes Velázquez (el mismo quien, como alcalde, pretendió censurar y prohibir una exposición fotográfica) sólo busca establecer el “derecho a la vida desde el momento de la concepción”.
El primer problema aquí es que, una vez aprobada la adición en la CPE, las leyes secundarias necesariamente deberán adecuarse: estas leyes, lejos de contravenir lo fijado por la Constitución, se legislan, precisamente, para hacer cumplir lo que la CPE dice.
El segundo problema es que esta propuesta nos dice que, en materia de derechos, y entre ellos los reproductivos, es posible y deseable, diluir la distinción entre las esferas privadas y públicas y, por extensión, entre la iglesia y el Estado. De ahí que a los promotores de la iniciativa no les parezca improcedente tratar de guiar, bajo sus muy peculiares criterios de moralidad, la elaboración de las leyes que rigen la vida civil de una comunidad. De ahí también que el ánimo de la iniciativa, que, por lo demás, no es nueva ni se genera de manera aislada o espontánea, forme parte, en realidad, de una persistente ofensiva contra la sociedad secular y el Estado laico que, al menos desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado, la iglesia católica y sectores sociales y políticos cercanos a ella han emprendido con singular entusiasmo e indudable éxito en algunas regiones del país.
Se trata de una ofensiva con la cual la iglesia católica está procurando restaurar parte de sus fuentes de poder. Al parecer al Vaticano y sus franquicias nacionales y locales le son intolerables los umbrales que han adquirido la secularización del país y la consiguiente erosión de su capacidad para interpelar a la conciencia de los ciudadanos –creyentes o no- de una república federal definida como laica.
En esta ambiciosa tarea que se ha impuesto la iglesia, uno de los puntos centrales, y ante la evidente imposibilidad de detener el paso del tiempo, es precisamente reintroducir, en uso de su aún considerable ascendencia dentro de los círculos de poder económico y político, normas afines a su percepción religiosa en la conformación de los códigos legislativos que rigen la vida civil y pública de las entidades federativas del país. Ello implica, entre otras cosas, codificar lo que la iglesia entiende como pecados en delitos y crímenes, hacer de las leyes una extensión del catecismo y ver al Estado como un brazo justiciero de la iglesia. En breve, la iglesia está respondiendo a los desafíos de la secularización del país atentando contra la laicidad que deben tener tanto nuestros ordenamientos jurídicos como el mismo Estado.
Ante ello, resulta imperativo no sólo defender la laicidad del Estado y la legislación –lo que, por cierto, incluye la defensa de la libertad de conciencia y, por ende, la libertad religiosa y la pluralidad de creencias pero que, a su vez, establece la neutralidad del Estado en asuntos religiosos- sino también defender y afirmar la validez y legitimidad tanto de ciertos valores intrínsecos a la secularización -entre éstos: la separación entre el Estado y las iglesias, la distinción entre lo público y lo privado, la plena libertad de conciencia y la equidad de género- como la diversidad de opciones de vida y pensamiento que se desarrollan al amparo de estos valores.
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3.
“El aborto ya está despenalizado por la sociedad”.
Carlos Monsiváis
La tercera falacia esgrimida una y otra vez por la iglesia católica a favor de sus posturas y propuestas es que, dado que la población mexicana se declara mayoritariamente católica, no hay inconveniente en derivar de ahí que esta misma población acepta, tanto en sus convicciones como en sus hábitos o prácticas, las concepciones que oficialmente presenta la iglesia en cuanto a la libertad sexual en general y la libertad reproductiva en particular.
Con ello, y no sin introducir cierto populismo eclesiástico, la iglesia se siente justificada para tratar de imponer en el país una suerte de tiranía de las mayorías que, sin embargo, como veremos, están lejos de ser tan mayoritaria como se arenga. En efecto, una mínima revisión de la información que proporcionan encuestas especializadas en estos aspectos y realizadas en los últimos años revelan una realidad muy distinta: la mayoría de los mexicanos y las mexicanas –incluyendo los católicos- no sólo sostiene ideas o convicciones en asuntos sexuales y de salud reproductiva que son distintas a las predicadas por los administradores oficiales de la fe, sino que, consecuentemente, están también siguiendo pautas de salud reproductiva muy lejanas a las deseadas por los sacerdotes. Sin ello, por lo demás, no se podría entender ni la transición demográfica que ha atravesado el país en los últimos 30 o 40 años, ni tampoco la histeria mal disimulada de no pocos obispos y arzobispos. Veamos algunos datos.
En 2010 la empresa encuestadora Beltrán y Asociados realizó la Encuesta de Opinión Católica en México 2010, que tiene representatividad nacional, con el propósito de conocer y documentar “las tendencias de opinión católica en el debate sobre derechos sexuales y reproductivos, la laicidad, la tolerancia y el respeto a la pluralidad”. Los resultados son de gran pertinencia para el tema que estamos tratando. En el ámbito de la sexualidad y salud reproductiva, la encuesta indica que 72 por ciento de los católicos apoya el que los feligreses utilicen cualquier método anticonceptivo y 70 por ciento que utilicen el condón para prevenir el VIH y el SIDA. En cuanto al uso de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, la encuesta nos dice que 83 por ciento se manifestó de acuerdo en que ésta se proporcione a las mujeres víctimas de violación y 70 por ciento que se suministre a las mujeres que, habiendo mantenido relaciones sexuales sin protección, no quieran embarazarse.
En relación al aborto la encuesta señala que 57 por ciento de los fieles católicos apoyan que, amparado por la ley, el aborto se permita bajo determinadas circunstancias y 25 por ciento que se pueda llevar a cabo siempre que la mujer lo decida. En relación a las condicionantes para apoyar el aborto, 74 por ciento de los encuestados lo aceptaron cuando la vida de la madre está en riesgo, 70 por ciento cuando es la salud de la madre la que está en riesgo, 69 por ciento cuando la madre sea portadora de VHI o SIDA, 66 por ciento cuando el embarazo fue resultado de una violación y 62 por ciento cuando el feto presenta defectos físicos o mentales congénitos graves.
La encuesta revela también que los católicos mexicanos apoyan decididamente la secularización del Estado y que prefieren que se mantengan las distancias entre su iglesia y el Estado: 70 por ciento está en desacuerdo en que los sacerdotes puedan ocupar cargos de elección popular, 67 por ciento en contra de que la iglesia pueda opinar en asuntos públicos, 66 por ciento no aprueba que la iglesia sea dueña de medios de comunicación, 64 por ciento se manifiesta en desacuerdo de que la iglesia intervenga en las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y 59 por ciento en contra de que la iglesia imparta clases de religión en escuelas públicas.
Ante estas convicciones de los feligreses no sorprende –aunque a más de uno desconcierte e irrite- que 78 por ciento de los católicos consideren que las leyes que prohíben el aborto en cualquier circunstancia sí atentan (45 por ciento) o atentan en parte (33 por ciento) contra la libertad de las mujeres de decidir, por sí mismas y en ejercicio de sus derechos y autonomía, lo que es moralmente bueno o malo.
Después de todo, parece ser que los feligreses están más cerca del Jesús que proclama “Quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa” (San Mateo, 12, 7) que la jerarquía católica que muchas veces se muestra tan ávida de sacrificios. En todo caso, los resultados de esta encuesta, como la de otras, muestran cuán amplia es la brecha entre lo que realmente piensan y hacen los y las católicas del país y lo que la jerarquía católica proclama que éstos y éstas hacen y piensan. Con ello, creo, queda desacreditada y entredicho cualquier defensa que se quiera hacer de iniciativas de ley contra de la libertad sexual en general y la libertad reproductiva en particular apelando a la catolicidad de la población.
4.
No aprobar la iniciativa de los legisladores locales para ampliar el artículo 2 sería, por ahora, una de las mejores formas de proteger de manera directa e inmediata la libertad, los derechos y el bienestar. De hecho, creo que el debate en esta materia podría transitar sobre terrenos más productivos y pertinentes si se orientase hacia la búsqueda de mejores formas de garantizar el respeto irrestricto a la libertad y los derechos de las mujeres, hacia el diseño de políticas públicas que asegurar el gratuito y libre acceso de la población, en especial los adolescentes y jóvenes, a los servicios asociados a la salud reproductiva (entre ellos al acceso a la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia y la Pastilla RU-486, hacia la mejor manera de poner en práctica campañas permanente de información y educación en materia sexual y reproductiva (de nuevo, en especial entre los adolescentes y jóvenes) y, claro, las formas más adecuadas para despenalizar en absoluto la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo pronto debe decirse un no rotundo la misoginia legislativa.
Nota sobre las fuentes. La frase de San Agustín-que se encuentra en su On Exudus, 21.80- está citada y analizada en Jane Hurst, La Historia de las Ideas sobre el Aborto en la Iglesia Católica. Lo que no se ha contado, México, Católicas por el Derecho a Decidir, 1998; el dictamen de Monsiváis proviene de su ensayo De cómo un día amaneció Pro Vida con la novedad de vivir en una sociedad laica, debate feminista, septiembre de 1991, y el de Savater de su artículo Aborto y otras malformaciones, El País, 2 de abril de 2009. La cita de Ricardo Tapia proviene de su ensayo La formación de la persona durante el desarrollo intrauterino desde el punto de vista de la neurobiología (www.colibo,org.mx) y la de Francisco González Crussi de su libro Venir al mundo. Seis ensayos sobre las vicisitudes anteriores a la vida mundanal, México, Verdehalago, 2006. La Encuesta de Opinión Católica en México 2010, se puede consultar en la página de Internet de Católicas por el Derecho a Decidir.
