Leonel Fernández Novelo
Contar con mediciones del delito desagregadas, que sean válidas, confiables y que cuenten con metodologías claras es fundamental, tanto para el diseño de políticas públicas como para que los ciudadanos puedan tomar decisiones importantes en sus rutinas diarias. En México, vemos con desaliento que esto no es así.
Sin un sistema de estadísticas delictivas con metodología confiable y replicable será difícil identificar cuál es la problemática, cuáles son las acciones que han funcionado y cuáles no. Ejemplo de ello son los siguientes dos casos: los informes mensuales de datos preliminares en materia de seguridad que ha publicado la Secretaría de Gobernación desde febrero de 2013 y el inexplicable descenso de los homicidios en el Estado de México.
En el primer caso, la información presentada, en lugar de aclarar el panorama del estado delictivo, ha causado más confusión. Lo más preocupante es que, de acuerdo con la solicitud de información realizada por Lilian Chapa de México Evalúa, lo único que sabemos de esa fuente, es que se utiliza la misma metodología de la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” creada por la administración pasada y que fue discontinuada precisamente por no contar con metodología válida ni información confiable.
En el caso del Estado de México, la falta de certeza en el origen de la información ha propiciado que la inusual caída de los homicidios levante sospechas y ponga en duda la disminución de la tasa de homicidios a nivel nacional. Esto no significa que los datos estén mal, sin embargo, con la información disponible no es posible saber si el descenso se debe a errores administrativos o burocráticos o si en verdad este delito disminuyó. Si ése es el caso, no podemos saber cuáles fueron las políticas exitosas que propiciaron el descenso y por lo tanto, no podremos replicarlas.
Para corregir lo anterior, es necesario que exista un sistema de estadísticas confiable, con metodología única, al que todas las autoridades de seguridad del país den seguimiento y que esté coordinado por la autoridad federal. Además, es importante que dicho sistema cuente con un mecanismo de incentivos y sanciones para fomentar la claridad en la información, penalice la falta de transparencia y corrija los errores metodológicos. Algunas de estas funciones son cubiertas por el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aunque su labor ha sido importantísima para agregar bases de datos con la información de las procuradurías y sentar las bases de un sistema nacional de información de seguridad pública, México aún no cuenta con las herramientas legales para incidir en los otros niveles de gobierno ya que por desgracia, esto sigue sin ser prioridad en aquéllos.
Es por ello que ante la omisión gubernamental, la sociedad civil organizada, a través de los observatorios ciudadanos, comienza a desempeñar un rol fundamental para la validación de la información. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y México Evalúa han dado un gran primer paso en la materia. Desde el año 2012, se han dado a la tarea de diseñar un modelo de observatorios ciudadanos para crear la Red Nacional de Observatorios Locales Ciudadanos del Delito. Los observatorios locales son organizaciones de la sociedad civil, que buscan dar seguimiento a la incidencia delictiva de sus ciudades y trabajar en conjunto con los gobiernos de los tres niveles para diseñar diagnósticos específicos que sirvan de base para proponer políticas públicas acordes a las necesidades y el contexto local.
Para ser miembros de la red, los observatorios pasan por un proceso de capacitación y certificación diseñado por México Evalúa en donde se asegura que operan con la metodología diseñada por la institución. Al finalizar el proceso, ambas instituciones certifican que el observatorio cuenta con las capacidades para producir información válida y confiable y que sus procesos de interlocución se apegan a los principios éticos y de colaboración planteados en el modelo.
Hasta ahora la red cuenta con dos observatorios ciudadanos certificados (el Consejo Cívico de las Instituciones La Laguna y el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila Sureste), y está en proceso de certificar tres más.
Todavía falta mucho por hacer, el primer paso se dio y el interés que han mostrado organizaciones de muchas partes del país nos permite tener la confianza de que esta red contribuirá a mejorar la seguridad desde el nivel local. Este tipo de esfuerzos son fundamentales para solventar las deficiencias en la calidad de la información delictiva del país, insumo primario para realizar los diagnósticos y las políticas públicas para combatir el fenómeno. Además, la sociedad civil es pieza clave para lograr que, a través del Centro Nacional de Información, se identifiquen los principales problemas en la generación de información y se creen las herramientas para fortalecer el sistema de información en todos los niveles de gobierno.
