Algo debe estar mal entre nosotros cuando muchos se complacen ante la mera posibilidad de que el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, pase cuando menos unos días en la cárcel o se vea obligado a comparecer ante el Ministerio Público. Y creo que algo debe estar mal porque la satisfacción ante este eventual hecho parece surgir menos de una sana expectativa de que en la entidad se fortalezca el Estado de Derecho, que de que así, haciendo que el ex gobernador comparezca ante las autoridades judiciales, se obtiene una suerte de desagravio ciudadano que de algún modo compense las mil y un decepciones y frustraciones que dejó un gobierno en el que muchos ciudadanos quisieron ver la versión más clara de la cleptomanía, mediocridad y frivolidad.
Pero los desagravios, como las venganzas -por más necesarias que parezcan unas y otras- son malas sustitutas de la justicia y la legalidad, además de que tienden a hacernos olvidar, por un lado, cuánto de esa corrupción se explica en parte por nuestra tolerancia y desafectación cívica, como, por el otro lado, el hecho de que las posibilidades reales de acotar los márgenes de la impunidad e ilegalidad, descansan más en el ejercicio de una ciudadanía activa que en el contar con chivos expiatorios por más que encantadores que éstos nos parezcan.
En todo caso lo primero que llama la atención es lo insólito, para Aguascalientes, de que pueda existir –o exista- una orden de aprehensión contra alguien que ocupó la titularidad del poder Ejecutivo en el Estado. Haya sido por complicidad, por esperar un trato similar seis años después, por cálculo político, por irresponsabilidad, o por la mera fuerza de la inercia, el caso es que la tradición estableció un relevo de poderes burocráticamente inocuo donde el gobernador entrante hace caso omiso, al menos públicamente, de las faltas administrativas o financieras -menores o mayores, descaradas o discretas- de su antecesor. Esta tradición, tan propia de los años de la hegemonía priísta, fue asimilada sin problemas de ningún tipo por los llamados gobiernos de la alternancia, los gobiernos panistas. Así, los cambios de gobierno han ocurrido sin incidentes que inquietaran a los salientes o incomodaran a los entrantes y, desde luego, sin el menor asomo de que, si acaso aparecía algo que lo ameritara, se pusiera en marcha algún tipo de investigación jurídica contra, como dicen los clásicos, “quienes resultasen responsables”: la impunidad como garantía de un relevo de poderes sin fracturas.
La continuidad de esta tradición es lo que parecería estar puesta en duda. ¿Pero, realmente, es así? Si la respuesta fuese inequívocamente afirmativa, ello bastaría para mantener un moderado optimismo en cuanto a que se empezaran a poner atajos serios a la impunidad. Pero el panorama, en realidad, no parece tan claro. En principio por las desconcertantes declaraciones que el Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado realizó el pasado jueves 23 de mayo a la prensa local a quien dijo que no se había ejecutado la orden de aprehensión “porque, tratándose de una figura política, no se ha querido forzar ninguna situación y mucho menos generar un escándalo”, a lo que añadió que aunque “hace más de 10 días fue obsequiada la orden de aprehensión, si no se ha cumplimentado es porque –dada la naturaleza del personaje- se está esperando que él tenga una respuesta, que comparezca voluntariamente (y amparado) ante la jueza.” (El Hidrocálido, 24, mayo, 2013, pág. A-12).
No soy, desde luego, abogado, por lo que escapa enteramente a mi comprensión tanto el soporte jurídico de esta deliberada dilación para cumplir un mandato judicial cuando no existían, aparentemente, impedimentos legales ni operativos para llevarla a cabo, así como las razones legales que puedan razonablemente explicar el que se conceda un periodo de gracia para que el acusado obtenga un amparo u opte, contra todo pronóstico, por comparecer voluntariamente.
El trato dado al personaje imputado parece, entonces, un trato de excepción que, por definición, vulnera uno de los principios fundacionales del Estado de de Derecho -el principio de igualdad ante la ley- que, se dice, se pretende defender. Y, claro, las preguntas son inevitables: ¿el que el imputado sea figura política, amerita excepciones? Si es así, ¿ello significa que, ante la ley, hay una distinción entre figuras políticas y ciudadanos comunes? Por lo demás, ¿qué situaciones son las que no se quiere forzar, cuál es el escándalo que se teme provocar, como para no cumplir la ley? ¿El escándalo no sería, más bien, el que no se ejecute la orden de aprehensión a tiempo o que se negocie el cumplimiento de la ley?
Ignoro las respuestas a estas preguntas y, ciertamente, no veo provecho alguno en crear chivos expiatorios o encarcelar sin más al ex mandatario. El riesgo que advierto es que de no procesarse correctamente este caso, es decir sin hacer tratos de excepción y respetando en todo momento la presunción de inocencia del inculpado, se banalice lo que puede ser una iniciativa contra la impunidad y que, en consecuencia, un paso a favor de la edificación de un Estado de Derecho se diluya en un anecdotario frívolo y morboso: con ello la impunidad se asentaría, finalmente, en el paisaje de nuestra aún incipiente democracia.
Esto, creo, no es un asunto menor. Y, de nuevo, a la ciudadanía le corresponde no una sino varias tareas. Ya Tocqueville lo había advertido: sólo la acción colectiva, la ciudadanía organizada, puede abrir el camino para el buen gobierno. Y, en su ensayo La cuestión moral, José Ortega y Gasset fue igualmente claro al escribir que las leyes, por sí mismas, no mejorarán la vida nacional si no crece, al mismo tiempo, el peso moral de la sociedad y, añadió, “…sólo hay riqueza en los países donde tres cuartas partes de los ciudadanos cumplen su obligación.” Así, lo que los ciudadanos deben exigir en una democracia es, al menos, que dentro de esas tres cuartas partes, se encuentren sus figuras políticas, por más extravagante u ordinaria que sea su naturaleza.
