José F. Tapia
Director de Estrategia y Desarrollo Institucional
Nuestros Planes Nacionales de Desarrollo (PND) se han integrado y comunicado de forma muy similar desde hace décadas. Promueven una idea de nación con poca finura en su tejido y una visión que ha servido muy poco para orientar de forma clara y estratégica el devenir nacional.
Esperábamos que el PND 2013-2018, presentado el lunes en tiempo y forma, fuera capaz de integrar un mapa de ruta consistente y claro, que definiría la manera en que el país afrontará sus retos inmediatos y de largo plazo. El documento es muy descriptivo en términos de lo que hoy existe, y no elabora a detalle los retos que emergen del propio análisis de dicha revisión general. Tampoco puntualiza acciones de política pública, una carencia mayúscula si se considera que el fin último es buscar una ruta para el desarrollo nacional.
Coincidimos que el cambio que se requiere es profundo, pero la forma de comunicarlo en el PND no fue exhaustiva.
Por ejemplo, el Plan de acción para fortalecer al Estado y garantizar la paz (I.2.) enuncia que se deben promover las condiciones para mejorar las condiciones de seguridad pública; garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente; garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Sin embargo, en este apartado como en otros el documento no traza con claridad los planes de acción para alcanzar estos loables objetivos, es incapaz de trascender más allá de los datos conocidos y lugares comunes sobre los problemas nacionales.
El PND se atreve a incorporar indicadores, para que pueda ser monitoreado y evaluado en su desempeño y resultados. México Evalúa ha sido consistente en su mensaje: la necesidad de medir y evaluar utilizando indicadores para saber qué funciona y qué no funciona. Pero reconocemos que los indicadores son más un mecanismo de alertas y no deben ser considerados como un fin en sí mismos. Los índices que propone el PND no sabemos si son los adecuados, pues desconocemos su fundamento en el marco de planeación. Algunos sin duda son consistentes. Es el caso del que aparece con el numeral VIII.4.2, relativo al crédito interno al sector privado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), es un indicador elaborado por el Banco Mundial que utiliza datos del Fondo Monetario Internacional. Pero a la vez se incluyen otros que no necesariamente son considerados indicadores líderes.
Los índices planteados son tan sólo lecturas que de forma aislada algo informan, pero no generarán un cambio de paradigma. Por ejemplo, en el tema laboral (estrategia transversal al plan) se plantea utilizar como indicador clave VIII.A.1 el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía basado en horas trabajadas, elaborado por el Inegi. Éste es un indicador que ha fluctuado en el rango de 100 puntos entre 2007 y 2012. ¿Qué nos dice? ¿Por qué es relevante y debe considerarse como parámetro a la discusión? ¿Por qué no mejor utilizar un índice como el que reporta la propia OCDE que habla sobre la contribución al PIB por hora trabajada (donde México se ubica en un sitio muy bajo de la tabla)? También podría considerarse el PIB generado por hora trabajada de la OIT donde es evidente que la productividad comparativa por trabajador en México no se encuentra entre las más altas del orbe. Éstos son indicadores relevantes. En este sentido hicieron falta indicadores enfocados a resultados concretos.
El ejecutivo tampoco fue audaz en términos de definir metas específicas que se buscarán alcanzar en los próximos cinco años. Si bien es cierto en el documento se conmina a que el país sea mejor, más incluyente y competitivo, se necesita establecer en términos concretos la ruta para alcanzar estos propósitos e identificar las métricas sobre las que pueda hacerse un corte de caja periódico del avance y retos para alcanzar las metas que se proponen. La prerrogativa de delinear las grandes definiciones recae ahora en quienes operarán las políticas públicas desde la Administración Pública Federal.
Aún faltan por desarrollar los planes sectoriales y es ahí donde se espera se definan y respondan a las interrogantes con metas y objetivos que deberán ser muy concretos y precisos para articular planes útiles y relevantes. Habrá que ver cómo los 41 programas sectoriales, especiales regionales e institucionales que se establecen de acuerdo con el Art. 22 de la Ley de Planeación integran sistemas de medición y evaluación de resultados precisos. Ojalá que estos planes establezcan con precisión los programas, acciones y métricas sobre las que se evaluarán el avance y éxito de su implementación. Las definiciones de política pública que contengan deben servir para poder hacer una evaluación de la eficiencia del gasto público y de los programas que financia.
