El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, asociación civil que preside el abogado José Antonio Ortega (co-fundador de México Unido Contra la Delincuencia) difundió en febrero el estudio La violencia en los municipios de México, señala la organización que una investigación de este tipo era necesaria “ante la situación de violencia que padece México y ante las políticas del nuevo gobierno federal, del Presidente Enrique Peña Nieto. Como es sabido, la presente administración aplica una estrategia de prevención del delito que se concentra particularmente en los municipios más afectados por la violencia”.
Se indica que el estudio “busca establecer un panorama comparativo sobre la violencia en los municipios, que en su mayoría son predominantemente urbanos, de más de 100 mil habitantes”, tomando en cuenta la incidencia de seis delitos violentos (homicidio, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión). Se incluyen datos de los 212 municipios de México que tienen 100 mil o más habitantes, ya que en esos municipios viven aproximadamente dos terceras partes de los habitantes del país. Agrega la presentación, que se seleccionó ese número de municipios porque, “en la mayoría de éstos es donde el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha concentrado su atención, particularmente para aplicar el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.
Entre las múltiples tablas e índices que muestra la investigación, Tlalnepantla de Baez, en el Estado de México, aparece al menos en nueve ocasiones: ocupando el lugar 103 en materia de incidencia de homicidio doloso; el 113 en incidencia de secuestro; el sitio 82 en incidencia de violación; el 31 en incidencia de lesiones dolosas; y el número siete en lo que se refiere a incidencia de robo con violencia. En la tabla general de índice de violencia en el nivel municipal, con una suma de 39.36, Tlalnepantla ocupa el lugar 26.
No se puede pasar por alto, aparte de los datos duros que presenta La violencia en los municipios de México, la especie de conclusión con que cierra el estudio, ya que hace referencia a los municipios que presentan las tasas de homicidio más elevadas y cruza el dato con una tasa de castigo de ese delito, después de señalar que sólo el 4.81 por ciento en promedio de los asesinatos merecieron castigo, y establece que la mayoría de las personas “no delinque porque las constriñe su conciencia moral, pero ésta es débil o nula en el caso de los delincuentes, sobre todo de los habituales. Lo único que puede detenerlos es el uso de la fuerza legítima, primordialmente del Estado”.
La asociación de José Antonio Ortega asegura que el Estado previene nuevos crímenes cuando persigue y castiga a los delincuentes, “pues inhabilita a los que captura y disuade a otros que no ha capturado o a personas que abrigaban la idea de delinquir. Detener homicidas evita que éstos sigan matando, salva vidas”. Y lo que no se puede hacer a un lado es la crítica directa a las políticas de prevención: “Repartir lentes entre personas de escasos recursos, alargar la duración de la jornada escolar o distribuir becas entre personas que algún burócrata supone que de no recibirlas podrían convertirse en delincuentes, no salva vidas, no previene secuestros, ni violaciones, no hace disminuir las lesiones, los robos con violencia o las extorsiones”.
El párrafo final es definitorio: “Porfiar en políticas que no previenen la violencia ni el delito en general y negarse a abatir la impunidad, redundará en más muertes, más ataques contra la libertad y la integridad corporal y patrimonial, que podrían haberse evitado”.
El día de ayer, el Cabildo de Aguascalientes dio su visto bueno a la llegada de Pablo José Godínez Hernández a la Secretaría de Seguridad Pública municipal. El general brigadier procede de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tlanepantla de Baz, estado de México, de ahí las referencias que ofrecimos en los primeros párrafos. Según una nota de Milenio, fechada el 24 de agosto de 2011, Godínez Hernández llegó a esa dependencia en sustitución de Fermín Monje Monge, quien se iba, dijeron perredistas locales, producto de las denuncias ciudadanas por corrupción y altos índices delictivos.
En la rifa del tigre en que se convirtió la sustitución de Jesús Ortiz Jiménez, el general Godínez Hernández, obtuvo todos los votos del Cabildo, que lo eligió de la terna que componía junto con Jorge Ignacio Luiz García y Mayolo Santiago Alaníz. Estos son los números que trae a cuestas el nuevo secretario de Seguridad Pública del que Lorena Martínez espera logre empatar procedimientos con Rolando Eugenio Hidalgo Eddy. Suerte.
Los acuerdos planchados. Ya casi nada más para cumplir con el protocolo legal, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral sesionará hoy de manera nocturna, a las 20:00 horas resolverá las solicitudes de registro de candidatos presentadas por los partidos políticos. Entramos a la antesala de las campañas en las que, aunque no lo parezca, no están debidamente consensuadas y establecidas las reglas del juego, especialmente aquéllas que se respetan, como son básicamente las que establece un plural y multidisciplinario compromiso social de largo alcance, que aliente a la sociedad y no la haga caer en desánimo, como ocurre en estos momentos con el “torpedeo” sin ton ni son…
La del estribo. En este escenario, entraron a la hiperactividad mediática Óscar Estrada Escobedo y Jorge Martín López, fantástico dúo dinámico que al frente del PRD y el PAN, respectivamente, coordinaron agendas para exigir que las autoridades de los tres niveles de gobierno saquen las manos del proceso… Martín López acusa al dirigente del Revolucionario Institucional, Guadalupe Ortega Valdivia de no acudir a las reuniones de los partidos políticos para hablar acerca del pacto de civilidad, o como quien dice, como el mazo dando y a Dios rogando.
