La reforma del Estado afecta todos los elementos que forman parte del sistema político del país. Hablar de la reforma del Estado significa actualizar el marco legal a las nuevas circunstancias.
Un elemento importante es concebir el papel que tiene el gobierno municipal en los nuevos escenarios democráticos. Para ello tenemos que tocar de manera inevitable el tema del federalismo.
El federalismo de acuerdo con Mauricio Merino es “crear una fórmula en la que se preserve la autoridad central de la nación pero admita la coexistencia y se repartan las competencias con las autoridades de los estados y municipios que la constituyen. Es conciliar la autonomía de las partes con la unidad a la que pertenecen, es la creación de nuevos equilibrios, tanto en niveles de gobierno como de éstos con la ciudadanía”.
Pero desde su constitución en 1824, ha prevalecido un excesivo centralismo que se ejerció desde el nivel de gobierno federal y que fue sustento del régimen presidencialista. El debate cuando se habla de federalismo es determinar las competencias del gobierno federal a los estados y de éstos a los municipios.
Por ello cuando se habla de federalismo se tienen que abordar necesariamente nuevas reglas de juego en donde la participación y la democracia tienen un papel preponderante. Por ello es necesario revisar las bases jurídicas que sustentan el Pacto Federal.
La actuación y relaciones que entablan los diferentes niveles de gobierno entre sí, el monto y la manera en que se distribuyen los recursos de la Federación a los estados y de los estados a los municipios, son temas que se tienen que revisar estableciendo nuevas reglas del juego.
Hay un desequilibrio entre la responsabilidad de conducir un municipio como el de Aguascalientes que es una capital-estado el nivel de sus responsabilidades es muy alto en relación a sus atribuciones.
El papel del gobierno municipal es principalmente de administración y no de gobierno. En el marco legal depende del Congreso Local, y presupuestalmente de la Federación y del Gobierno del Estado.
Por lo tanto el papel que desempeña se limita a la prestación de servicios que son altamente exigentes en relación a la cantidad de población que tiene que atender. El ayuntamiento está limitado a cuidar la convivencia de la ciudadanía, y aunque no es una responsabilidad menor, no hay correspondencia entre las responsabilidades que enfrenta, y los recursos a los que tiene acceso.
Un segundo elemento es la competencia electoral que tiene un marco legal desfasado. No es posible que en un proceso de competencia entre dos planillas de Ayuntamiento así se pierda por un voto, la planilla que gana, gana todo, y la planilla que pierde sólo tiene la posibilidad de incorporar a uno, y en el mejor de los casos a dos regidores de representación proporcional. Si en realidad el voto del ciudadano contara, estaría expresada en el cabildo la correlación de fuerza que el ciudadano eligió.
El tercer tema a revisar sería el proceso de asignación del presupuesto. Con el esquema actual se le otorgan mayores recursos a los municipios con mayor concentración poblacional; a los ayuntamientos que entregan mayor cantidad facturada de los presupuestos ejercidos; y a los que tienen mayor población en condición de pobreza y pobreza extrema.
No hay un solo incentivo a los gobiernos municipales que son más eficientes, que prestan mejores servicios o que elevan el nivel y la cobertura de sus servicios. Es tan injusto y absurdo el esquema de distribución presupuestal que prácticamente el gobierno municipal queda en manos de los gobiernos estatales y eso genera una dependencia regresiva que va en contra de la calidad democrática del municipio.
Así como los estados se quejan de la excesiva centralidad y discrecionalidad en la entrega de los recursos de la Federación a los estados, los gobiernos estatales reproducen a su vez este esquema, condenando a los gobiernos municipales a tener un desempeño lleno de obstáculos y desincentivos para lograr mejores gobiernos.
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