- 19.5 % de los muertos tenía entre 21 y 30 años de edad
- El 93.8 % fue localizado con un “mensaje” presuntamente de la delincuencia
En la página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación”, se encuentra radicado un compilado de información que refiere los “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial en Aguascalientes 2006 – 2010”. Sobre el particular, estos son los datos más recientes.
Toda vez que lo relativo a 2006 sólo refleja el mes de diciembre, se anota que en tal año no hubo incidentes; no obstante, durante los 4 restantes al periodo en comento, el estado registró 128 ejecuciones.
32 de estos ilícitos tuvieron lugar en 2007; 29 en 2008; 27 en 2009 y 40 en 2010.
En tanto, el Gobierno Federal especifica que su información “es susceptible a cambios debido a la metodología de conformación de la base de datos”, también reporta un total de 24 “agresiones y enfrentamientos”. 5 durante 2007; 9 un año más tarde; 4 y 6 en 2009 y 2010, respectivamente.
Se hace notar que este último rubro alude a los “fallecimientos producto de ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, con o sin respuesta armada. También incluye los enfrentamientos entre grupos armados que no forman parte de autoridad alguna”.
Respecto a las personas ejecutadas, el informe aparece desglosado en las siguientes áreas.
Lugar de hallazgo, sexo, edad y mensaje (“define si la persona ejecutada tenía o no un mensaje de sus victimarios”).
En estos términos encontramos que el 71.1 por ciento fueron encontradas en la vía pública; el 14. 1 por ciento en propiedad privada; 3.9 por ciento en negocios y 10.9 en un espacio “sin determinar”.
Por presunta rivalidad delincuencial, de 128 personas muertas el 92. 2 por ciento pertenecían al sexo masculino; 7 por ciento eran mujeres, mientras el 0.8 por ciento aparece signado como “sin determinar”.
A su vez, el SESNSP expone que el 93.8 por ciento de éstas fue localizada con un mensaje.
La edad de las víctimas se encuentra vertida en la gráfica con mayor número de fracciones. La de 49.2 por ciento no ha sido determinada por la autoridad, mientras el 19. 5 por ciento, la segunda tajada más representativa, tenía entre 21 y 30 años.
16.4 por ciento entre 31 y 40. Asimismo, 7 por ciento tenía de 41 a 50; 3.9 por ciento de 19 a 20; 3.1 por ciento de 59 a 60 y 0.8 por ciento de 60 años o más.
No se localizó información que desvele el número de posibles víctimas civiles.
Por su parte, la página de la Procuraduría General de Justicia del Estado no muestra estadísticas sobre este centenar de homicidios.
El 12 de enero de 2011 Alejandro Poiré Romero, entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora secretario de Gobernación, realizó la Presentación de la Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada.
En el mencionado texto, compuesto por 9 páginas, afirma que:
“Bajo un principio democrático, hemos asumido que la seguridad pública y la seguridad nacional son asuntos que requieren discreción, no discrecionalidad, que implican reservas de información pero éstas deben tener no sólo sustento jurídico sino una justificación racional”.
Así, expuso que a nivel nacional “en 2010 se registraron un total de 15,273 homicidios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada; 3,334 en el primer trimestre; 4,107 en el segundo; 4,142 en el tercero y 3,690 en el cuarto. Es decir, después de 5 trimestres de crecimiento en este indicador, llevamos dos trimestres en los que se ha dejado de crecer y en el trimestre pasado cayó en un 10%”.
El mismo Poiré anotó que el 89 por ciento de los casos registrados en dicha base de datos son homicidios dolosos violentos cometidos, “presumiblemente”, por bandas criminales con objeto de “amedrentar a sus rivales o para disciplinar a sus socios”.
El fenómeno de violencia, según el funcionario, se explica debido a que los cárteles pasaron del trasiego a la producción y distribución de droga, y enseguida incursionaron en actividades como secuestro, extorción, trata de personas y piratería.
“Modificaron el modelo de negocio e hicieron más violentas sus prácticas de control de rutas y mercados”, aseguró el ahora Secretario de Gobernación.
