En el ambiente sociopolítico del mundo se vive un afán de liberación de las opresiones tomando las calles y la justicia –o venganza- por propia mano. Los acontecimientos en Egipto hace unas semanas y en Libia, apenas hace unos días, reflejan el sentimiento de que, estando las cosas mal, no hay mejor solución que agarrar al toro por los cuernos.
La semana pasada un hombre arrolló con su automóvil a un par de sujetos que minutos antes habían golpeado a su hija y despojado de su dinero que había retirado de un cajero automático. Saliendo del cajero fue interceptado por dos hombres a bordo de una motoneta, quienes dispararon al aire y golpearon a la menor de 15 años para obligarlo a entregar el dinero. Apenas se habían dado a la fuga, el agraviado subió a su automóvil, los persiguió y al darles alcance los arrolló, dejando muerto a un asaltante y lesionado al otro. Detenido el responsable del atropellamiento, pudo salir libre en menos de 48 horas tras alegar defensa propia.
Hace ya varios meses, cerca de Ciudad Victoria, Don Alejandro Garza Tamez, de 77 años, habiendo sido amenazado por la delincuencia organizada, decidió defender por sí mismo su patrimonio. Su acto de valentía, al recibir a tiros a los maleantes que amenazaban con quitarle su rancho, lamentablemente le costó la vida, pero al mismo tiempo reflejó el nivel de hartazgo de una población para la que la seguridad sólo ha quedado en el discurso oficial.
Resulta muy preocupante que el nivel de aprobación de la población civil a actos como estos sea cada vez mayor. Estando así las cosas, justificar actos de violencia en legítima defensa propia, en cualquier momento podría justificar acciones similares frente a la falta de efectividad gubernamental para defender los derechos fundamentales de la población.
Hay quienes afirman que los grupos criminales existen por la falta de cumplimiento de las obligaciones de nuestros gobernantes y falta de participación de la sociedad en su conjunto. La falta de oportunidades de trabajo e ingresos dignos, se debe también a lo mismo.
Los cables que WikiLeaks entregó recientemente a La Jornada, según reporta John M. Ackerman en su columna del 28 de febrero en ese diario, reflejan un pacto secreto entre Felipe Calderón y el gobierno de los Estados Unidos. El entonces cuestionado presidente electo, dice, se comprometió en 2006 a abdicar de “su responsabilidad de defender los connacionales del otro lado de la frontera, mientras que EU se comprometía a apoyar de manera personal al presidente mexicano en su cruzada contra las instituciones democráticas y las fuerzas políticas de oposición en el país.”
Por otro lado, varias notas informativas ofrecidas por políticos levantaron serias inquietudes entre la población respecto a su falta de cumplimiento y capacidad para enfrentar adecuadamente sus responsabilidades. Cabe destacar lo dicho por el gobernador de Nuevo León, quien ante la incapacidad gubernamental de combatir la delincuencia invitó a los ciudadanos a “despertar el soldado que todos llevamos dentro.” Y no menos preocupante es escuchar a un Secretario de Hacienda que no sabe distinguir entre la realidad y sus discursos triunfalistas, cuando afirma que con 6 mil pesos cualquier familia vive muy bien.
La población percibe que son cada vez más incapaces e inoperantes los que toman el gobierno, mientras más cárteles -legales e ilegales- se apoderan de México. Todos bajo la lógica de un sistema global que prioriza acumular dinero a toda costa, sólo generan violencia, miseria, abuso y crimen. Entonces, vale preguntarse con qué alternativa cuenta la sociedad civil, si no es la de tomar acciones por su propia cuenta.
Siendo ésta la alternativa, es muy importante subrayar que en vez de tomar la ley por propia mano, existe la opción por la vía de los consensos, acuerdos comunitarios y nuevas estructuras de participación ciudadana.
Hace años –cuando comenzó el país a transitar hacia la democracia- se puso de moda la creación de consejos de participación ciudadana. Estando la cultura democrática en pañales, se crearon diversas estructuras de carácter consultivo que, de momento, paliaron las ansias de participación, pero sirvieron en realidad para avalar decisiones de políticos, aún contrarias a las sugerencias de los ciudadanos consultados.
Si bien la solución requiere de la participación ciudadana, ésta no puede ser ya simplemente consultiva o de puro ornato. Debe ejercerse con carácter vinculante y obligatorio para quienes ostentan la autoridad en carácter de representantes. Debe ser para obligarles a mandar obedeciendo y con la fuerza de revocación de mandato para quienes no cumplen.
Es preciso que los ciudadanos tomen acción decidida, que agarren al toro por los cuernos. Pero deberá adecuarse el marco jurídico y promover la cultura de la ciudadanía plena para contar con estructuras sociales nuevas donde se de cauce a la participación.
