México es un país rico donde la mayor parte de su población vive empobrecida. Así, en 2010 ocupó el decimotercer lugar en la lista de los países con mayor Producto Interno Bruto(PIB) del mundo, con 1 billón de dólares. Pero tiene razón el politólogo Leonardo Curzio cuando sostiene que hace falta otro tipo de actitudes no sólo en el sector público, sino también en el poderoso sector privado de este país. Y desde luego que también tiene razón el jurista Diego Valadés cuando sostiene que el estado social y de derecho mexicano están fracturados.
Porque ya es un lugar común, y no por ello deja de ser muy grave, constatar el hecho de que México es según todos los indicadores disponibles, -los más recientes de la OCDE y del Banco Mundial, pero hay disponibles del BID, la OIT o el PNUD, así como de otras agencias internacionales-, donde siempre resulta que es el país de Iberoamérica con la mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Es decir, el país de los 32 de habla española en América donde el ingreso está peor distribuido, donde hay muy pocos que ganan mucho (el señor Slim, por ejemplo, el más rico de todos los ricos del mundo), y muchos, la gran mayoría, que ganan entre poco y muy poco (53 millones de mexicanos en pobreza extrema). Y esta información pura y dura sin duda tiene que ver con una realidad económica y empresarial donde importan mucho más las ganancias, las utilidades y el mayor lucro posible, tal cual es la esencia del capitalismo en 2013; que las personas y trabajadores que las producen y las hacen posibles.
El problema es que no parece posible ni muy sensato construir un proyecto de nación y de país moderno sobre bases tan desiguales (la creciente violencia, la corrupción y la degradación ambiental que sufre el país son sólo tres ejemplos de que la nación no va en la dirección correcta). Porque a raíz de la profunda crisis sistémica del capitalismo mundial, hasta los discípulos más fieles del liberalismo a ultranza, nuestros vecinos gringos, acaban de evitar su llamado “abismo fiscal” recurriendo precisamente a esa simple fórmula de equidad tributaria: pagará más impuestos quien más dinero gane. Para que no se piense, como dirá algún asilvestrado empresario autóctono, que éstas son ideas comunistas y peligrosas para México.
¿Es posible tener entonces otras empresas y otro tipo de tejido empresarial, donde los trabajadores disfruten de mejor consideración por parte de los empresarios? Por supuesto que sí, pero partiendo de un estado fuerte y eficaz, capaz de impulsar políticas públicas nacionales y homogéneas de fortalecimiento del estado de derecho -de la justicia laboral en particular- del abatimiento sistemático de la corrupción y de la redistribución del ingreso y del gasto. El combate a la corrupción privada es otro asunto importante a tener en cuenta. Por ejemplo, recientemente tenemos los escándalos de Wal-Mart, sobornando autoridades y construyendo tiendas sobre zonas arqueológicas vedadas, pero podríamos hablar de la quiebra de Mexicana de Aviación a manos de sus indecentes propietarios privados que dejó a más de 4 mil empleados en la calle.
Por ello resulta plausible destacar ocho palabras del discurso pronunciado recientemente por el nuevo secretario de hacienda, el señor Videgaray, a quien al menos hay que concederle el beneficio de la duda: “quienes ganan más, tienen que pagar más impuestos”. Porque es una idea que no escuchamos de un político importante en este país durante los pasados 12 o 15 años, por lo menos.
Tal vez eso y el infame gasolinazo de 22 centavos por litro que nos endilgó el otro día el nuevo gobierno, diciendo que dicho aumento “no es inflacionario”, sea lo más “destacable” en materia económica del primer mes de gobierno del “nuevo” PRI.
Pero el asunto no radica sólo en pagar más impuestos. Éstos deben ser invertidos por el estado mexicano en desarrollar al país y a sus regiones. Justamente hace pocos días, la Organización Internacional del Trabajo recomendó públicamente al gobierno de México crear un seguro de desempleo universal para todos los trabajadores asalariados, por ejemplo, como ya existe en otros países iberoamericanos, como Chile y Brasil. Y como desde luego sucede en todos los países de Europa Occidental, en Japón, en Canadá y en el propio Estados Unidos. Éstas sí son las reformas laborales y de seguridad social que el país necesita, no las que se hicieron recientemente, y que según se conoció en días pasados, serán recurridas por más de 1 millón de trabajadores por la vía del amparo, según información hecha pública por el Consejo de la Judicatura Federal.
