El desarrollo cultural tiene enemigos íntimos en Aguascalientes. Son todo cuanto lo daña en proporción directa a la intimidad de su convivencia: los anacronismos del ICA, las lagunas en la Ley de Cultura del Estado y lo inadecuado de las nociones de arte y cultura prevalecientes entre ciertos artistas, escritores, promotores y artesanos para responder a las exigencias del presente. El tercero puede ser muy peligroso porque se encuentra entre quienes alimentan el ciclo cultural con su trabajo productivo o de gestión y promoción. Recientemente hubo un caso muy claro de este desfasamiento.
El pasado 21 de junio, Guillermo Macías Díaz Infante publicó en Crisol Plural el artículo “La ignorancia del arte y el arte de la ignorancia” (http://crisolplural.com/2011/06/21/la-ignorancia-del-arte-y-el-arte-de-la-ignorancia/), dedicado a la suerte que ha corrido su propuesta de “Ley para el uso de instalaciones e infraestructura artísticas estatales y municipales por los artistas de Aguascalientes” en el comité organizador del Foro de Activismo Cultural que busca promoverla. Después de reconocer que el documento “es materia de muchas adiciones, reformas y ajustes”, al abogado le parece una pérdida de tiempo conocer otros puntos de vista. Ve en la búsqueda de una propuesta más amplia que la suya el desperdicio de una oportunidad para aprovechar “la disponibilidad de muchos diputados para favorecer a través de la función legislativa el desarrollo del arte y del artista”. Y en lugar de colaborar en el mejoramiento de su propuesta, compartiendo con los legos sus conocimientos en materia jurídica y manteniendo una actitud respetuosa y constructiva, hace público su desacuerdo, descalifica las propuestas de otros y termina atentando contra sus propias ideas, pues no ha vuelto a comunicarse con el comité.
El rechazo de Macías Díaz Infante a dialogar con el comité organizador evidencia su falta de espíritu democrático, contradice su afirmación de que es necesario reformar y ajustar su propuesta y pone en riesgo la seriedad del foro. También dice que hay muchos diputados dispuestos a legislar a favor de los artistas, pero no proporciona sus nombres; además, sus palabras son contundentemente desmentidas por la ridícula contribución de los legisladores al Plan Sexenal de Gobierno, que en materia de cultura no incluye las propuestas recibidas el 26 de marzo ni plantea políticas públicas que respondan a nuestras necesidades culturales y realmente incidan en la calidad de vida de los aguascalentenses.
Al parecer la prisa del articulista por ver su propuesta aprobada a cualquier costo obedece a propósitos personales, ajenos a los del gremio artístico; le estorba la discusión con quienes han planteado sus demandas basados en el conocimiento directo de los problemas que enfrenta el trabajo artístico local. Precisamente aquí es donde la inadecuación conceptual para referirse al arte y la cultura oculta esos propósitos personales, pues le permite referirse a la negociación de la propuesta de ley como “de una finura tal que sería toda una obra de arte”, e inmediatamente después describirlo como “un proyecto jurídico nada complicado”.
Hace falta ignorar la diversidad de factores que están en juego para sostener que el Legislativo y el Ejecutivo son las únicas voces cantantes en este proceso. Así ocurre cuando se concibe el arte como algo ajeno al mercado, que requiere del mecenazgo estatal a cambio de negar a los artistas, gestores y cualquier ciudadano el derecho a plantear demandas y decidir las reglas bajo la cuales queremos vivir, como si esto fuera exclusivo de los profesionales del derecho o de ciertas instancias gubernamentales. Este concepto de cultura artística ha prevalecido en nuestro país asociado a la idea de que la sociedad es incapaz de participar en discusiones y tomar decisiones sobre políticas culturales, lo que justificó el mecenazgo estatal y originó la cultura oficial posterior a la Revolución de 1910.
El presente es mucho más complejo. Los avances educativos, la diversificación social y la globalización de la economía y las comunicaciones han generado públicos y mercados antes impensables. La importancia de las industrias culturales en el país es reconocida cada vez por más estudiosos como Ernesto Piedras Frías, que en Economía y cultura en la Ciudad de México PNUD, 2010) [disponible en línea: http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/3_ECONOMIA_Y_CULTURA.pdf] concluye que ocupan el cuarto lugar en la economía, por debajo de la industria maquiladora, el petróleo y el turismo. En nuestro municipio, la producción bruta total de todas las actividades económicas del campo cultural representaba 1.3% del PIB estatal en 2003, porcentaje que creció hasta 3.1 % en cinco años, según los resultados de los censos económicos más recientes.
Sólo reconociendo la importancia de esta dimensión es posible medir y evaluar la realidad que se pretende transformar. Sólo el conocimiento objetivo del campo cultural permite diseñar las políticas adecuadas para darle a su desarrollo una dirección establecida por consenso y no por mera intuición, indispensable en el artista pero insuficiente para quien hace leyes y las aplica.
