El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha decidido subir el nivel de su política migratoria. Como si no bastaran los muros, los operativos fronterizos y la retórica beligerante, ahora llega un nuevo capítulo: restricciones de visas a ciudadanos de más de 40 países y sanciones para funcionarios gubernamentales de naciones que, según Washington, “no cooperan lo suficiente” en la contención del flujo migratorio.
Según documentos internos obtenidos por Reuters y otros medios, la medida dividirá a los países en tres categorías:
Suspensión total de visas: Afganistán, Irán, Siria, Cuba, Corea del Norte, Yemen, Somalia, Libia, Venezuela y Eritrea. Los ciudadanos de estos países no podrán obtener ningún tipo de visa para ingresar a EE.UU.
Restricción parcial de visas: Haití, Laos, Myanmar, Sudán del Sur y Chad. Se limitará la emisión de visas de turismo, estudio e inmigración, aunque con algunas excepciones.
Restricciones condicionales: Bielorrusia, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Sudán, Nigeria, República Centroafricana, Burkina Faso, Malí, Níger, República Democrática del Congo, Mozambique, Zimbabue, Angola, Guinea, Guinea-Bisáu, Camerún, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Comoras, Tanzania, Nepal y Bangladés. Estos países tienen 60 días para mejorar sus procesos de control migratorio antes de que se apliquen restricciones más severas.
El argumento oficial, como siempre, es la seguridad nacional. La administración Trump insiste en que EE.UU. no puede permitir la entrada de ciudadanos de países cuyos sistemas de verificación sean “insuficientes o poco confiables”. Pero más allá del discurso, la medida tiene un evidente tinte político, diseñada para reforzar la imagen de Trump como el gran guardián de las fronteras estadounidenses.
Visas a funcionarios: la presión diplomática al estilo Trump
No solo los ciudadanos comunes están en la mira, sino también los funcionarios gubernamentales de ciertos países. En un intento por apretar más las tuercas, EE.UU. ha impuesto restricciones de visas a oficiales de inmigración, aduanas y otros organismos gubernamentales de países que, según Washington, facilitan el tránsito de migrantes hacia suelo estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, lo dejó claro: “Estados Unidos no retrocederá cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional”. En otras palabras, si un país no impide que migrantes salgan de su territorio rumbo a EE.UU., sus funcionarios pueden olvidarse de entrar a Disneylandia o asistir a reuniones en Washington.
El castigo incluye a autoridades aeroportuarias, agentes migratorios y funcionarios aduaneros, e incluso podría extenderse a sus familiares. La lógica es simple: castigar no solo a los migrantes, sino también a quienes, desde sus propios gobiernos, no se alinean con la política migratoria de EE.UU.
Menos visas, más deportaciones y la retórica del miedo
Como si restringir el ingreso no fuera suficiente, la administración Trump también ha intensificado las deportaciones de migrantes, particularmente aquellos con supuestos vínculos con organizaciones criminales. Entre los objetivos principales están miembros del Tren de Aragua (Venezuela), MS-13 (El Salvador) y 18th Street (México y EE.UU.).
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ahora pone en la mira a ciudadanos extranjeros involucrados en protestas universitarias. Un estudiante de la Universidad de Columbia fue detenido en Nueva Jersey por permanecer en EE.UU. con una visa vencida, mientras que otra estudiante de origen indio decidió salir del país tras ser acusada de apoyar a Hamas.
Y en el medio de todo esto, Trump celebra la disminución de cruces fronterizos ilegales, atribuyéndolo a sus políticas de mano dura. En su discurso ante el Congreso, se jactó de que “los cruces ilegales de la frontera el mes pasado fueron, con mucho, los más bajos jamás registrados”, aunque omitiendo convenientemente que los flujos migratorios son cíclicos y no necesariamente resultado de sus políticas.
Por si fuera poco, Trump solicitó fondos al Congreso para la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU.. Asegura que eliminará las “amenazas” y protegerá la patria, aunque sin aclarar cómo deportará a millones de personas sin colapsar el sistema judicial y migratorio.
¿Estrategia efectiva o puro teatro político?
A primera vista, estas medidas parecen diseñadas para reforzar la seguridad nacional. Pero cuando se miran más de cerca, es evidente que hay un componente político innegable. Trump, en plena campaña de reelección, sabe que su retórica antiinmigrante es una herramienta poderosa para movilizar a su base.
Las restricciones de visas, las deportaciones masivas y la diplomacia de castigo no son más que piezas de una estrategia más amplia que busca vender la imagen de un EE.UU. impenetrable. Sin embargo, lo que queda por verse es si estas políticas realmente funcionarán o si simplemente generarán más tensiones diplomáticas
