Cosas Veredes
Ciudadanos, seguridad pública y prevención del delito
Las últimas décadas, los habitantes del país de casi todas las regiones, estados y municipios, hemos tenido que acostumbrarnos a vivir con los riesgos, precauciones y preocupaciones derivadas de la creciente inseguridad pública. Con frecuencia las autoridades contribuyen a la preocupación cuando nos hacen recomendaciones que en el fondo significan que las instituciones encargadas de darnos seguridad no pueden prevenir, y por lo tanto debemos de cuidarnos tanto en las calles, en las viviendas, en los bancos, cajeros, en las redes sociales, y hasta en las escuelas.
Tal vez, como parte de una pretendida empatía gubernamental con la población, en varios niveles, las dependencias encargadas de la seguridad pública asumieron forzosamente la denominación de “seguridad ciudadana”. Cosa inexacta pues no se trata de dar seguridad a los “ciudadanos”, sino a toda la población, y además los ciudadanos en realidad estamos al margen de la operación de las corporaciones y solo colaboramos como víctimas de los delincuentes y de las deficiencias atroces del ministerio público, al que tenemos que acudir “por no dejar”, o porque debemos presentar la correspondiente denuncia para acreditar nuestro papel de víctimas.
Y así pasan los meses y años, con discusiones de las cifras de incidencia que van y vienen, con la impunidad que se ha normalizado, con temores que se agudizan, y con autoridades federales y estatales que hacen esencialmente lo mismo con ligeras variantes y escasos resultados: aumento de las penalidades, acotamiento de la presunción de inocencia y “golpes” policiales mediáticos
Como la mayor preocupación ha sido el crecimiento del crimen organizado, por ahí se ha dado la mayor atención: más elementos a las corporaciones policiacas, mayor presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, mayor capacidad de fuego y ahora se dice mayor coordinación en labores de inteligencia policiaca. Muchos expertos reclaman y otros auguran cambios en estrategias, con más inteligencia, combate a la complicidad entre autoridades y delincuencia organizada, y bloqueo a las redes financieras de las organizaciones criminales. Habrá que ver cómo se avanza en ese campo.
Sin embargo, a pesar de que el apellido “ciudadano” ya aparece en la secretaría del gobierno federal encargada del tema, y en muchos municipios, lo cierto es que en materia de seguridad los más abandonados somos los ciudadanos y la población en general. Seguramente nadie duda de la noble idea de combatir la inseguridad atendiendo las causas del delito, sabiendo que la pobreza y marginación pueden estimular la conducta delictiva, aunque para muchos especialistas la causa principal es la descomposición y exclusión social
Ante la delincuencia común, el robo a viviendas, a transeúntes, a vehículos y autopartes, las lesiones, los homicidios, etc., las estrategias que hemos visto en los estados y municipios son prácticamente las ya conocidas y rutinarias: fuerzas de reacción, grupos especializados, patrullaje de caminos y zonas urbanas, etc. Todo eso con elementos policiacos insuficientes, y magros resultados.
Nuestro país y nuestras poblaciones ya no son los de antes, tampoco los problemas, y por ello se requieren enfoques nuevos.
Para un país tan grande y complejo como el nuestro, con tantas desigualdades, lo mejor será que desde el gobierno federal se orienten y apoyen las nuevas políticas de seguridad pública apoyándose en las corporaciones estatales, y en las casi 2,500 policías municipales, corrigiendo lo más posible los desniveles y homologando métodos.
Mientras tanto, se hace necesario qué desde los municipios, que por mandato constitucional deben garantizar la convivencia social, así como los estados, se orienten nuevas políticas de seguridad pública, con enfoques novedosos y avanzados, tomando a los ciudadanos y personas como centro y objetivo.
Sistemáticamente se habla de multiplicar los elementos policiacos hasta alcanzar la proporción recomendada por los organismos especializados, también de atender las causas de las conductas delictivas, de reestablecer el tejido social, de implementar la prevención social del delito, y hasta ahora han quedado en buenas intenciones y algunos episodios venturosos.
Lo que es un hecho, es que la capacidad de fuerza policiaca, si bien es necesaria para contener al crimen organizado, no es eficiente para controlar y abatir la delincuencia común que también se ha multiplicado afectando a la población de manera cotidiana.
Un problema social generalizado como lo es la delincuencia común, también requiere una respuesta social organizada y coordinada por las autoridades. Nuestras antiguas comunidades podían tener una seguridad satisfactoria con un gendarme vigilando calles y lugares públicos. Nuestras comunidades, algunas más grandes y complejas ya requieren algo más; seguramente al policía cercano, pero que cuente con la confianza de los vecinos y de la gente, que no sea simple “policía de proximidad de membrete”, representante cuestionable de la autoridad, sino agente y vínculo entre comunidad y autoridad, para que con vecinos y ciudadanos localicen las causas y condiciones, desde las más sencillas hasta las más complejas, que puedan ocasionar conductas delictivas, y se tomen medidas para la prevención efectiva.
Para problemas serios, soluciones de fondo.
Lograr que la gente, la población, los ciudadanos, con los agentes de seguridad, coordinen la convivencia y construyan nueva relación con la autoridad, si será realmente un enfoque ciudadano al problema, será un atisbo de una nueva gobernanza, y nos podrá orientar en la dirección de buscar la “seguridad humana”, ese concepto que se acuñó hace ya tres décadas y que consiste en crear verdaderas condiciones de bienestar a nuestras comunidades.
