- Recientemente, la agencia calificadora Moody’s asignó una perspectiva negativa al perfil crediticio de nuestro país, bajo el argumento del debilitamiento en la formulación de políticas y en un entorno institucional que podría poner en riesgo los resultados fiscales y económicos
- La reforma energética y judicial podría frenar la inversión en el país, afectando proyectos clave como los parques fotovoltaicos en Aguascalientes
- Para sostener los programas sociales, el Gobierno Federal necesita un crecimiento económico constante de al menos el 4 o 4.5 por ciento del PIB y una base amplia de contribuyentes, pero el crecimiento estimado es de solo 1.4 por ciento este año y 1.2 el próximo.
- En este momento, la única forma de sostener los programas sociales del Gobierno Federal es a través del endeudamiento
Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, compartió su visión sobre los desafíos económicos que enfrenta México y destacó cómo las políticas fiscales, las calificaciones crediticias y la evolución de sectores clave como la energía y las telecomunicaciones afectan tanto al panorama nacional como a la economía de Aguascalientes.
El trabajo del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial
El Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, que trabaja de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se enfoca en investigar temas clave que impactan al sector privado. En palabras de Aldape Barrios, el centro realiza un análisis profundo de políticas públicas, leyes fiscales y programas gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal. Su objetivo es entender cómo estos elementos afectan a las empresas y, por ende, a la economía nacional y local.
Uno de los temas que se discutió fue la reciente calificación negativa de la perspectiva de México por parte de la calificadora Moody’s. Para Aldape, estas calificaciones son fundamentales para los inversionistas, ya que proporcionan un panorama sobre el riesgo de los bonos gubernamentales y las perspectivas económicas del país: “Cuando las calificadoras bajan la calificación de un país, lo hacen para advertir a los inversionistas sobre posibles riesgos de insolvencia”, comentó. Este tipo de advertencia genera una mayor demanda de tasas de interés más altas para compensar el riesgo, lo cual, en consecuencia, aumenta el costo de la deuda pública.
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El impacto de esta disminución de la calificación no solo afecta al gobierno federal, sino que también repercute a los estados. Aguascalientes, por ejemplo, ve reflejada esta calificación en su propia deuda. Como aclaró Aldape, ningún estado puede tener una mejor calificación que la calificación nacional: “Si la calificación de México baja, todos los estados verán afectada su propia calificación. Las calificadoras tienen la obligación de decirle a los clientes cuál es el riesgo que tiene una emisora de deuda de tener una insolvencia. Alguien que tiene recursos y que compra deuda, por ejemplo, de un país, tiene que saber a qué se está metiendo. Los inversionistas que, digamos, están en la India y que compran bonos mexicanos no necesariamente saben con certeza cuál es la situación de nuestro país, sus fortalezas o sus debilidades. Las calificadoras realizan ese trabajo: analizan el entorno de un país, sacan sus conclusiones y generan una calificación de tal forma que los inversionistas puedan saber si la inversión es de alto riesgo. De tal manera, que si es de alto riesgo, entonces van a pedir un premio mayor, esto es, una tasa de interés más cara”.
En seguida, Aldape advirtió las consecuencias de que, al momento de entregar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos federal, al gobierno no le alcance para cubrir todas las demandas y exigencias a partir de la recaudación de impuestos: “Ya sucedió el año pasado y, seguramente, este año va a ser igual. Hay cerca de dos billones de pesos que hay que salir a pedirlos al mercado, porque la recaudación resulta insuficiente. Entonces, cuando nuestro país salga al mercado a solicitar deuda al mercado internacional, habrá exigencias de premios mayores que los que existirían si la calificación en Moody’s, por ejemplo, fuera mejor”.
El impacto de estas calificaciones y políticas fiscales es evidente cuando se observa el déficit presupuestario del país. Según el director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, el gobierno mexicano enfrenta una constante dificultad para equilibrar los ingresos y el gasto. El gobierno federal podría necesitar recurrir a los mercados internacionales de deuda para cubrir ese déficit de casi dos billones de pesos. “Este tipo de déficit puede generar un costo elevado al país, ya que la deuda se encarece”, añadió.
Las reformas constitucionales y su impacto en la economía
Otro tema crucial para el futuro económico del país es el estado de las reformas en sectores clave, como el energético y el judicial. Aldape destacó que la reforma al Poder Judicial también incide en la confianza de los inversionistas: “La reforma judicial puede ser un indicador de la confianza de los inversionistas, porque no sabes qué va a suceder con los contratos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana dejan de cumplirse los contratos? ¿Con quién voy a acudir? ¿Qué experiencia va a tener esa persona juzgadora o magistrado? En este momento, hay un cierto número de días que tarda un juzgador en dar su sentencia, y hay cambios, ese plazo se va a ampliar. Todo esto va a impactar en los costos como país. Entonces, las inversiones se van a frenar, o bien, se pondrán en espera antes de ver comprometido su dinero”, afirmó.
El panorama energético es igualmente preocupante. El director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial señaló que la falta de una legislación clara sobre energía ha generado incertidumbre, especialmente en el sector de las energías renovables. Aguascalientes, un estado que podría beneficiarse de la inversión en parques fotovoltaicos, ve cómo proyectos clave se ven frenados por la falta de infraestructura y la incertidumbre jurídica: “México necesita una ley energética que garantice la inversión privada en sectores como la energía renovable”, comentó Aldape.
El impacto de los programas sociales en la economía
La política fiscal del gobierno mexicano también es un tema central en la discusión. Aldape observó que el gobierno federal ha priorizado los programas sociales, pero sin un crecimiento económico que los respalde. En este sentido, señaló: “Nuestro país cuenta con numerosos programas sociales que, aunque bien intencionados, no son sostenibles económicamente. Cada vez surgen nuevas iniciativas, como las pensiones para mujeres de 60 a 64 años o los apoyos a los niños en primaria y secundaria. Un ejemplo de esto es la pensión del bienestar, en la que, si una persona recibe 8,000 pesos, el gobierno le otorga otros 8,000 para llegar a 16,000; sin embargo, para financiar estos programas, sería necesario un crecimiento económico constante de al menos el 4 o 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto y una base amplia de contribuyentes. Pero con un crecimiento estimado de solo 1.4 por ciento este año y 1.2 el próximo, la pregunta es: ¿de dónde saldrán los recursos? La respuesta es el endeudamiento, ya que, ante la falta de fondos suficientes, el gobierno se ve obligado a salir al mercado para obtener el dinero necesario. Esta deuda terminará siendo más costosa, y al final, será convertida en impuestos, ya que los gobiernos no tienen más opción que recurrir a los impuestos o derechos como fuentes de ingresos para pagar sus obligaciones”.
En consecuencia, continuó Aldape, México enfrentará serias dificultades para generar los ingresos necesarios para sostener estos programas: “La única forma de financiar todo esto será a través de la deuda, lo que incrementará los impuestos y los costos de la deuda pública”, reafirmó.
Una deuda creciente
México enfrenta una situación económica compleja, marcada por una deuda creciente, la incertidumbre sobre su política energética y la desaparición de organismos clave que afectan la transparencia y la competencia en el país. Al respecto, Alberto Aldape Barrios explicó que, a pesar de que México sigue estando endeudado, la situación no es comparable con países como Japón, que, aunque con niveles de deuda mucho mayores, cuentan con activos y un desarrollo económico robusto. En el caso de México, destacó que la deuda se agrava por la falta de diversificación de la economía. Nuestro país ha concentrado su crecimiento en sectores como el automotriz y las autopartes, pero no ha logrado impulsar áreas claves como la energía. La falta de una ley energética adecuada para garantizar las inversiones privadas ha generado un freno en sectores prometedores como las energías renovables. Aldape citó el ejemplo de Aguascalientes, un estado con un gran potencial para el desarrollo de parques fotovoltaicos, pero que se ve limitado por la falta de infraestructura adecuada y la incertidumbre legislativa.
“Aguascalientes es un lugar ideal para instalar parques fotovoltaicos, pero es un escenario que no va a ocurrir”, afirmó Alberto Aldape, “en primer lugar, porque no hay subestaciones suficientes. Además, la ley está bloqueando todas las inversiones en materia de parques fotovoltaicos. A ello, hay que agregar que no sabemos cómo va a quedar la solicitud de permisos, pues ya no sabemos si la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se va a sumar la Secretaría de Energía o cuál va a ser su situación. Todos estos aspectos retrasan las inversiones”. Asimismo, continuó Aldape, se habla de new shore, pero no hay energía; en consecuencia, estas dinámicas económicas no van a llegar a nuestro país, sino que se van a ir a Texas, a Honduras, Guatemala, Costa Rica o a Brasil. En ese sentido, Aldape precisó: “Brasil ha sido el ganador más importante. A El Salvador ahorita le falta infraestructura, pero, por ejemplo, Honduras, con las salidas que tiene hacia el Atlántico, tiene mayor desarrollo de infraestructura que El Salvador. Entonces, Honduras, Guatemala y Costa Rica tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tienen suficiente energía, tienen mano de obra barata.”
La desaparición de organismos autónomos
Otro tema central es la desaparición de los organismos regulatorios como la CRE, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la Comisión de Hidrocarburos, que, según Aldape, afecta la transparencia y la competencia en el país: “Desaparecer estos órganos de un día para otro, como ocurrió recientemente, puede tener efectos negativos en la revisión del T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá), pues dificultará las negociaciones e, incluso, en los análisis o prospectivas más pesimistas, podría conducir a la desaparición del tratado”.
Además, Aldape se refirió a las perspectivas económicas para los próximos años y señaló que el panorama es poco alentador. Durante los últimos seis años, explicó, las inversiones en México han ido en declive, sin generar los resultados esperados: “Lo único que se ha logrado destacar es el tren interoceánico, pero no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para aprovecharlo”, afirmó. La situación se complica aún más con el bajo crecimiento del PIB, proyectado para este año en apenas 1.2%, frente a una población que crece a un ritmo del 1.8%. Este escenario, según Albero Aldape, podría generar déficits y dificultades adicionales para el gobierno en términos fiscales.
¿El T-MEC en riesgo?
Con la llegada de un nuevo presidente en Estados Unidos y un contexto global de enfriamiento económico, Aldape advirtió que México deberá ajustar sus políticas económicas para mantener un crecimiento positivo. Sin un cambio en su estrategia, el país podría enfrentar un entorno económico aún más difícil en los próximos años.
En cuanto al futuro inmediato de México, Aldape predice que el país enfrentará un panorama económico difícil. En su opinión, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo comienza con un panorama internacional complicado, especialmente con el enfriamiento de los mercados y la incertidumbre sobre las políticas de Donald Trump, que regresa como presidente de los Estados Unidos de América: “Si México no ajusta sus políticas económicas, el crecimiento será insuficiente para cubrir las necesidades del país y de su población”, concluyó.
