Claudia Sheinbaum no lleva ni un mes como presidenta, y la ola de violencia que enfrenta ya parece imparable. En sus primeras tres semanas de gobierno, más de 1,700 personas han sido asesinadas, muchas de ellas víctimas del crimen organizado. Es una estadística abrumadora que va más allá de los números: es un reflejo de un país donde la paz parece estar cada vez más lejos. ¿Hacia dónde nos lleva una estrategia de seguridad que apuesta, de nuevo, por la militarización?
Desde su primer día en el cargo, Sheinbaum se ha enfrentado a una serie de tragedias que cuestionan la eficacia y la ética de su estrategia de seguridad. Apenas asumió la presidencia, seis migrantes fueron asesinados por el ejército en la frontera. A los pocos días, en Nuevo Laredo, tres personas —incluida una niña de ocho años— murieron en un operativo de las fuerzas armadas.
La tragedia se repite en distintas ciudades y estados; los nombres cambian, pero la historia sigue siendo la misma: ciudadanas y ciudadanos atrapados en medio de un conflicto que no buscaron, bajo una estrategia que parece haberlos convertido en daños colaterales.
Una herencia de Obrador
Sheinbaum prometió crear más programas sociales para alejar a las y los jóvenes del crimen, pero su estrategia también contempla una política de seguridad heredada de su antecesor López Obrador, quien con sus “abrazos no balazos” dejó una histórica cifra de homicidios dolosos en todo el país.
Su administración entregó las calles a los militares, y Sheinbaum sigue apostando por un ejército con funciones de policía y una Guardia Nacional que, lejos de pacificar el país, parece estar replicando abusos y errores del pasado.
En Sinaloa los grupos criminales siguen enfrentándose; en Guerrero las cosas no cambian, el narco continúa trabajando cobrando vidas como la del alcalde de Chilpancingo. ¿Es esta la paz que promete la militarización?
A lo largo del país, los incidentes con saldo mortal han convertido la estrategia en un enemigo más para muchas y muchos ciudadanos, quienes ven con temor cómo los operativos se llevan a cabo sin respetar las normas y sin rendir cuentas. Lo que debía ser un recurso para la seguridad pública ha derivado en un esquema de violencia indiscriminada.
López Obrador tenía una particular habilidad para minimizar la gravedad de los incidentes violentos, calificando a los reportes de prensa como “sensacionalismo” o intentos por desprestigiarlo. Pero Sheinbaum no ha tenido el mismo éxito. Los incidentes violentos han sido tan constantes que simplemente no ha tenido ni el tiempo ni el carisma para restarles importancia.
El contraste de los discursos de la presidenta es evidente. Sheinbaum insiste en que su prioridad es la reforma judicial, defendiendo la idea de que las y los jueces deberían ser electos por voto popular.
Sin embargo, muchos ciudadanos sienten que, mientras la presidenta dedica horas de discurso a este tema, los problemas urgentes de violencia y seguridad quedan en segundo plano. Al hablar brevemente de los incidentes violentos, pero extenderse en elogios a la reforma, parece desconectada de la realidad que afecta a miles de mexicanxs.
Para los ojos críticos, la verdadera raíz del problema no está en las y los jueces corruptos. Hoy en día, más del 90% de los delitos en México ni siquiera llegan a un tribunal. Entonces, ¿de qué sirve elegir a las y los jueces si no hay un sistema que funcione para hacer llegar los casos hasta ellos?
Un ciclo de violencia: de los cárteles al gobierno
La violencia desatada por el crimen organizado sigue marcando la pauta. Hace apenas unos días en Guanajuato, se registró la exploción de un coche bomba e incendió una patrulla; en Guerrero, un grupo armado desafió al ejército en un enfrentamiento brutal que dejó 17 presuntos delincuentes muertos; en Chiapas, el padre Marcelo, defensor de los indígenas fue asesinado por sicarios.
El mensaje de los cárteles es claro: no tienen miedo de desafiar al Estado. Pero el gobierno responde con la misma moneda: operativos masivos, armas de alto calibre y una respuesta militar que parece más diseñada para intimidar que para proteger.
Al final, la pregunta no es sólo si esta estrategia funciona, sino si es el tipo de paz que queremos. En esta búsqueda por la seguridad, ¿es justo que los ciudadanos terminen viviendo con miedo de quienes se supone deben protegerlos? La militarización no ha llevado a México a la paz; al contrario, parece haber profundizado las heridas, dejando tras de sí una estela de abuso y desconfianza.
La presidencia de Sheinbaum apenas comienza, pero los desafíos son ya enormes. Si bien heredó una crisis de seguridad, también es responsable de encontrar una solución que respete la vida y los derechos de la y los mexicanos.
¿Qué sigue para México?
Hoy, la presidencia de Sheinbaum enfrenta un dilema: o se revisa a fondo la estrategia de seguridad o el país continuará en una espiral de violencia.
La militarización ha mostrado sus limitaciones y consecuencias catastróficas. Y mientras el gobierno invierte capital político en una reforma judicial de dudosa efectividad inmediata, la realidad que enfrenta la ciudadanía es la de una guerra no declarada en las calles, con un ejército que se ha convertido en juez, jurado y verdugo.
