Con el propósito de conocer el impacto de la reforma al Poder Judicial, compartimos la segunda parte de la conversación que sostuvimos con Juan Rojas García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes. Juan Rojas García es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una experiencia profesional de más de 35 años en temas de impartición de justicia. En esta charla, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes compartió algunos de los impactos que tendrá la reforma al Poder Judicial, así como lo que hace falta para lograr que en nuestro país logremos que la impartición sea pronta y expedita.
El magistrado Juan Rojas García subrayó la importancia de entender el sistema de justicia como un conjunto integrado, donde los poderes locales y federales no operan de manera aislada: “No son pequeñas islas, no son parcelas, es un sistema”, afirmó, al tiempo que destacó la interconexión entre ambos niveles para garantizar que las resoluciones se ajusten a la Constitución. Dentro de este sistema, una de las figuras jurídicas clave es el amparo, que es una herramienta esencial para corregir errores en las resoluciones locales: “Este recurso, profundamente arraigado en el sistema judicial mexicano”, reconoce Rojas García, “permite que los magistrados federales revisen las decisiones locales, no para dictar una nueva sentencia, sino para señalar los defectos y asegurar que las sentencias sean coherentes con la Constitución”.
Para comprender de mejor manera el sistema de justicia de nuestro país, es necesario entender en qué consiste la primera y la segunda instancia. La primera instancia es el juicio propiamente que se plantea ante el juez a nivel local, por ejemplo, el juicio que sucedería en Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, etc. Este juicio se presenta ante el juez para que, a su vez, reciba la contestación, las pruebas, y dicte su sentencia. Esta es la primera instancia. Posteriormente, si hay una inconformidad, el juicio pasa a los magistrados, es decir, la segunda instancia, que es la segunda etapa donde se revisará la legalidad de lo que hace el juez.
“En ocasiones, las personas, sobre todo cuando el juicio no sale a su favor, creen que los jueces se vendieron, incluso sucede con los magistrados”, explica el magistrado Juan Rojas García, “para evitar estos supuestos, todavía existe la posibilidad de llevar los casos ante autoridades del Poder Judicial Federal. Así, se mantiene la imparcialidad, pues los casos son revisados por especialistas que muchas veces ni siquiera son personas originarias del estado en el que tuvo lugar un asunto en particular. De hecho, una vez que el Poder Judicial Federal tiene conocimiento de un caso, también tiene la facultad de que ese asunto por su importancia y su trascendencia, incluso sea conocimiento directo de la Suprema Corte de Justicia y marque un criterio, no solo para Aguascalientes, sino para todo el país. Es lo hermoso de nuestro sistema de justicia; por eso estamos conectados las y los magistrados locales, federales, así como las personas juzgadoras y la Corte. Por ejemplo, ha habido asuntos en Aguascalientes que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, y ahí se ha normado el criterio, no solo para nuestro estado, sino para toda la nación”.
‘Te puede interesar Instalarán paneles solares en los pozos de agua’
Es fundamental el trabajo que realizan los juzgadores federales, continúa el magistrado, así como la capacidad técnica que tienen para conocer y revisar el trabajo que hacen los magistrados. Cabe precisar que el trabajo inicia con el proyecto que genera el abogado en su despacho, que ya es un trabajo técnico, especializado; en seguida, pasa con el juez, quien tiene que estar a la altura del proyecto técnico. Lo mismo ocurre con los magistrados. Para revisar el trabajo de estos servidores públicos, los magistrados federales también deben tener un conocimiento todavía mucho más especializado. Porque, ellos no vuelven a dictar sentencia, sino que revisan y señalan los defectos o errores que pudo ocurrir en una resolución.
En un contexto de reformas judiciales, el magistrado expresó sus preocupaciones sobre las transformaciones que se están gestando y señaló que, si bien las reformas son necesarias, deben abordarse con cautela para garantizar que se mantenga la imparcialidad en la toma de decisiones: “Podremos contar con las mejores infraestructuras; las personas juzgadoras podrán ser las más capacitadas, tener un conocimiento profundo sobre la materia, pero si el juez no es imparcial, el producto que se va a obtener no será justicia: llámenle ustedes como le quieran llamar, pero eso que va a salir de esos procesos jurisdiccionales no será justicia, incluso podría ser administración, pero no será justicia, ¿por qué? Porque la justicia se sustenta en la imparcialidad de quien va a tomar la decisión, de la objetividad con lo que va a hacer. Si yo entro a un juzgado y luego resulta que el juez tiene intereses particulares, es obvio que mi proceso jurídico carecerá de imparcialidad. Ese es el problema que yo le veo al tema de la reforma”, enfatizó el magistrado.
De igual manera, Juan Rojas García se refirió al impacto del paro que afectó a algunos juzgados, en el sentido de que interrumpió temporalmente la revisión de casos por parte del Poder Judicial Federal. Esta situación, señaló el magistrado, genera un impacto considerable, ya que hasta que no se validen las sentencias locales, no se pueden ejecutar las resoluciones: “Los paros, en cierto modo, afectaron la funcionalidad de los poderes judiciales locales. Vamos por partes: a nivel local, continuamos con nuestro trabajo, porque seguimos dictando las sentencias, admitiendo y resolviendo recursos, pero hasta ahí llegamos, ¿por qué? Porque precisamente falta esa segunda en la que el Poder Judicial Federal revisa los casos: es esta etapa la que está suspendida y afectada por el paro. Sé que no todos los asuntos quedaron en pausa, porque hay casos urgentes que las y los compañeros a nivel federal sí están trabajando, como, por ejemplo, la detención de una persona; no obstante, existen otros asuntos, por ejemplo, en materia contractual, que de momento se encuentran suspendidos. Aunque ya se dictó la sentencia, el caso aún no se ha agotado, es decir, no se ha respetado el derecho que tienen las personas, en el sentido de que la decisión de las y los magistrados locales sea revisada a nivel federal. Por supuesto, este escenario impacta, porque hasta que yo tenga la sentencia, a la que nosotros le llamamos sentencia firme, esto es, que ya fue revisada y validada, hasta entonces vamos a empezar la siguiente etapa: ejecutar lo que se decidió, hacer realidad la sentencia. Al final del día, el paro termina por afectar los asuntos de todas las materias jurídicas”.
A propósito de la propuesta de democratizar el Poder Judicial, al permitir que los jueces sean elegidos mediante el voto popular, el magistrado Juan Rojas García expresó sus dudas al respecto, pues la legitimidad de un juez debería radicar en sus méritos y en la solidez de sus sentencias, no en su popularidad: “Si el juez tiene un interés particular, difícilmente podrá garantizar la imparcialidad”, reflexionó.
Este tema genera un intenso debate, ya que la reforma plantea un cambio significativo en la forma en que se seleccionan a los jueces. El magistrado concluyó que, si bien está de acuerdo con los cambios, no cree que el voto popular sea el mejor mecanismo para garantizar un sistema de justicia imparcial.
En lo que concierne a que en nuestro país haya una justicia pronta y expedita, el magistrado afirmó este es precisamente uno de los desafíos pendientes, porque todavía existen muchos factores que obstaculizan este objetivo: “La primera falla es que no ha habido un diagnóstico serio de todos los factores que inciden en el retraso de la justicia. Normalmente, escuchamos que el presidente del tribunal afirma que los juzgados están llenos de trabajo, que los usuarios están sobresaturados, que requerimos más infraestructura; sin embargo, no es el único factor que incide en la tardanza de los procesos. Inciden también otros factores”.
En seguida, Juan Rojas García reconoció que en México las personas no estamos acostumbradas, como sociedad, a resolver nuestros conflictos de una manera distinta al juicio. En suma, hay un abuso del proceso y todos nos queremos ir al juicio, porque, aunque me deban 50 o 100 pesos, amenazamos con vernos en el juzgado. Lo anterior exige un cambio de cultura enorme: “No hemos dado el brinco como sociedad para decir: no todo tiene que llegar a un juzgado. Sabemos que hay otras alternativas que si bien apenas empiezan y nos hemos esforzado mucho en difundirlas, no se les hace mucho caso. Incluso hay desconocimiento entre las y los propios abogados, porque asumen que al optar por esas soluciones, las personas a quienes defienden van a pensar que son malos abogados. Es cuando escuchas comentarios como: ‘Yo quiero ser un buen abogado y lucirme en el juicio, en la audiencia, para que vean los buenos escritos presento y escuchen mi oratoria excelsa’. Entonces nos olvidamos de que hay otras formas de resolver el conflicto, mecanismos que además pudieran ser más asequibles e incluso menos costosos, como la mediación, la conciliación y la facilitación”, afirma el magistrado.
Aunado a lo anterior, es necesario que este cambio de cultura implique un cambio también en no recurrir a los procesos si sabemos de antemano que no tenemos la razón. En este sentido, el magistrado Juan Rojas García es contundente: “Nos hace falta en los juzgados una virtud fundamental para alcanzar una justicia pronta y expedita: actuar de buena fe, porque luego se abusa de los recursos. Y, es cierto, tenemos el derecho y lo hacemos valer, pero a veces en un asunto hay demasiados amparos, apelaciones y revocaciones, que provocan que los procesos se alarguen. Desafortunadamente, y lo digo mucho en la materia familiar, el deseo no es que se haga justicia, sino cobrar venganza de lo que pasa; a veces los procesos se persiguen más por una revancha que por la búsqueda de justicia: se pelean a las hijas e hijos como si fueran un botín, hay peleas acérrimas y en esta pugna, se pasa por alto que es un proceso en el que todas y todos sufren”.
Finalmente, el magistrado reconoció la importancia de transitar hacia una justicia digital para lograr una justicia pronta y expedita: “Si seguimos repitiendo los modelos anteriores, si nuestra legislación no está actualizada, si no actuamos de buena fe, entonces vamos en la ruta equivocada”, concluyó.
