Recordó que en ese momento, López Obrador aseguró que el Ejecutivo no buscaría someter a otros poderes. Hizo hincapié en el Tribunal Federal Agrario, pues, dijo, esto afecta directamente al estado
Durante los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el magistrado Alejandro López Bravo habló, en términos generales, sobre la falta de apoyo a los juzgados federales y cómo esto repercute en la necesidad ciudadana, en términos de la justicia.
El magistrado comenzó su ponencia recordando palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su gestión donde señalaba que ninguna autoridad encargada de impartir justicia sería objeto de presiones, ni de peticiones ilegítimas cuando estuviera trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, además, de que habría un absoluto respeto con sus veredictos.
Recordó que en ese momento, López Obrador aseguró que el Ejecutivo no buscaría someter a otros poderes, a lo que el magistrado señaló: “estoy convencido que la persona que escribió este discurso tiene claro lo que es la división de poderes, la democracia y el respeto al Poder Judicial, sin embargo, creo que la persona que lo leyó torció completamente el camino y no comprendió lo que estaba diciendo, porque ahora nuestros compañeros trabajadores les ha llamado ‘paleros’ y eso es una total falta de respeto”.
Comentó que López Obrador no se da cuenta de la trascendencia de lo que está diciendo “y si lo sabe, creo que es un completo irrespetuoso para todos y cada uno de mis compañeros que son la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación”.
Dijo que gracias a la preparación que han tenido, quienes conforman o son parte de este Poder, se logró posicionar al Poder Judicial de la Federación como el órgano menos corrupto, donde aun cuando se les señale lo contrario, no existen pruebas que así lo demuestren.
El magistrado habló de todos y cada uno de los Tribunales que conforman el PJF, haciendo hincapié en el Tribunal Federal Agrario, pues, dijo, esto afecta directamente al estado, pues “me llamó la atención que recientemente quitaron la sede en Aguascalientes y esto es un despropósito, quitarle a los justiciables de nuestro estado el acceso a la justicia y llevarla a otro territorio, donde es muy difícil para una persona ir allá, pues pone en riesgo su vida”.
Agregó que en ocasiones los comuneros no tienen para pagar un abogado e ir hasta allá, “para que te digan que no se va a celebrar una audiencia, con todo lo que implica, como el gasto de dinero y el cómo decirle al ejidatario que baje del cerro porque tenemos que ir hasta Zacatecas a tramitar un juicio”.
Recalcó que también el comunero necesitaría llevar dinero para pagarles los gastos a sus testigos y muchas cosas más que hacen casi imposible la justicia para ellos “y creo que fue un error quitarle al estado de Aguascalientes la justicia y creo que debió de ser al revés, se debió de haber abierto otro Tribunal para que la justicia fluyera de manera eficiente”.