Uno de nuestros más grandes problemas a nivel país, además de los asesinados, son los desaparecidos, se calcula oficialmente que hay unos cien mil mexicanos que no sabemos dónde están. Las asociaciones civiles no confían en esta cifra y hay quienes señalan que podrían rondar cerca de los ciento cincuenta mil. Ambas cifras son frías e inconcebibles en un estado que se precia de ser democrático. La otra cara de la moneda, o un problema asociado, es la enorme cantidad de cadáveres que pueblan las morgues de las fiscalías, de personas que no se sabe quiénes son, que nadie los ha reclamado, que pueblan un mundo de cadáveres sin nombre, sin apellidos, sin deudos que los lloren. Justamente estos días pude ser testigo de cómo nos preparamos para ello, a través de un panteón forense que próximamente construirá la Fiscalía estatal.
Primero hay que señalar que dentro de mis funciones como asesor de la regidora Citlalli Rodríguez, es ser su suplente en lo que se denomina Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, cuya principal función es proponer el destino de la propiedad inmobiliaria del municipio, para que posteriormente, con base en esta propuesta, el cabildo tome la decisión; en este sentido, municipio tiene un gran patrimonio inmobiliario, puesto que, por ley, los fraccionadores deben donar un porcentaje del área fraccionada, esto posteriormente terminará como escuelas, iglesias, parques u otro tipo de infraestructura municipal.
Siendo así, en una sesión tratamos una petición de la Fiscalía del Estado para la creación de un panteón, derivado de la crisis forense, este se ubicará dentro de un panteón municipal y busca, por lo que entiendo, contar con un espacio justo para depositar los cuerpos de personas que no están identificados y que por la nueva normatividad en materia de desaparecidos, no pueden ser cremadas o sepultadas como se estilaba antes, en la fosa común. La solicitud, se entiende, no es solo para el presente, sino en preparación del futuro, los nuevos cuerpos que aparezcan en los próximos años.
Señala el sitio adondevanlosdesaparecidos.org “Reconocida en 2019 por el gobierno, la crisis de derechos humanos y la emergencia forense que significan decenas de miles de cuerpos sin identificar, no hacen más que empeorar a cinco años de la expedición de la Ley General en Materia de Desapariciones (LGD),” y añade que hay más de 52000 cuerpos sin identificar en el país. Este dato es macabramente surrealista, quiere decir que hay un tanto igual de familias que no se han interesado o no han podido, encontrar a sus muertos para darles cristiana sepultura, al menos darles un destino final, según sus creencias.
Prepararnos para recibir más muertos es algo doloroso, absurdo y que mueve a reflexionar sobre este país, porque si bien la crisis es principal culpa y responsabilidad del gobierno (todos los poderes en los tres ámbitos federal, estatal y municipal) también tiene un dejo de culpa en la sociedad civil, la población, que de alguna forma hemos tolerado, aceptado o incentivado las causas que nos llevan a tener tremenda crisis y que creo es muy evidente tienen que ver con el tráfico y consumo de drogas ilícitas.
