Señaló que en el caso de Aguascalientes nuestra entidad no está exenta de posibles casos de tortura, aunque dijo desconocer algún caso en específico
Al cuestionarle si en Aguascalientes se dan actos de tortura a detenidos, el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada señaló que es muy complicado demostrar que así sea, pues no es algo que se pueda comprobar en el instante.
“Nadie tortura a la luz pública, pues este tipo de delitos se sabe justo porque se basan en testimonios, que muchas veces suelen ser ciertos, pero otras veces son falsos, por eso no es posible tener la certeza de que la tortura se esté dando, porque no estás siendo testigo de lo que pasa realmente y sería muy aventurado aseverar que existe la tortura en condiciones específicas”.
Te puede interesar Exigen investigar presuntas situaciones de tortura en Aguascalientes
El legislador dijo desconocer si se han presentado denuncias sobre tortura y de igual forma dijo desconocer el caso de tortura que presuntamente sufrió una joven de nombre Samantha, quien actualmente se encuentra recluida en el CERESO femenil.
Sin embargo, aseveró que “lo cierto es que los estudios que se han hecho es que la tortura sigue siendo un instrumento no solo inmoral, sino ilegal para sacar declaraciones o integrar carpetas de investigación con cierta información, los expertos lo han dicho, sigue siendo ese un instrumento que de manera lamentable se sigue presentando en la procuración de justicia en nuestro país”.
Señaló que en el caso de Aguascalientes nuestra entidad no está exenta de posibles casos de tortura, aunque dijo desconocer algún caso en específico “y me parece que sería muy aventurado decirlo”.
En otro tema, Escobedo Tejada señaló que se estará reuniendo con la titular del Instituto de Vivienda a fin de exponer el fenómeno de las casas abandonadas, las cuales, en muchas de las ocasiones, son ocupadas por delincuentes.
Señaló que se revisará cómo está la situación jurídica de unas viviendas ubicadas en el fraccionamiento Villas del Vergel, en Pabellón de Arteaga y si es que son casas que ya están adjudicadas al propio Instituto de Vivienda, por alguna circunstancia jurídica, al tiempo de ver cómo se puede subsanar esta situación.
“Lo cierto es que al estar solas son sujetas de ser lugares para un posible delito, de centros de operaciones o son casas de seguridad”.
Sin embargo, reconoció que este proceso no es sencillo, pues requiere de tiempo y también de brindar oportunidad para los deudores, que son gente que ya no pudo pagar estas viviendas, por lo cual se inicia un proceso jurídico, señalando que no es tan sencillo porque también lleva la legítima defensa el propietario.