onde hay un bien cierto y un mal incierto, no se debe dejar el bien por temor al mal”. Fray Timoteo, Acto III, escena undécima, “La Mandrágora” (1512) de Nicolás Maquiavelo. A esta sentencia se le conoce como el principio de seguridad, que para un príncipe o gobernante debiera ser el fundamento de un buen gobierno.
En la actualidad, el concepto de “buen gobierno” se evalúa bajo el aspecto de incremento o decremento en las prácticas de corrupción, y así, tenemos reportes como el siguiente: – “México, estancado en sus niveles de corrupción: Transparencia Mexicana” (Comunicado de Prensa 15 de abril de 2008). Síntesis: – En 2007, se presentaron más de 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos; tan sólo los trámites y servicios medidos representaron un costo de 27 mil millones de pesos para los hogares mexicanos; las familias mexicanas destinaron el 8% de su ingreso al pago de mordidas en trámites y servicios públicos; – Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla y Morelos las entidades con la mayor incidencia de corrupción en servicios públicos. -Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, las entidades con la menor incidencia de corrupción en trámites y servicios públicos en el país. (Ciudad de México, 15 de abril de 2007.- Esta mañana, la organización no gubernamental Transparencia Mexicana publicó los resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007).
Veamos cómo se construye este índice y cómo se evalúa su escala: El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) es un instrumento que registra los pagos de “mordidas” declarados por los hogares mexicanos en 35 servicios públicos provistos por los tres niveles de gobierno y empresas particulares. El índice utiliza una escala de 0 a 100, a mayor puntaje, mayor frecuencia de corrupción. Transparencia Mexicana ha publicado el Índice de Corrupción y Buen Gobierno desde 2001, y de acuerdo con la serie histórica presentada, México sigue estancado en sus niveles de corrupción, pasando de 10.1 puntos en 2005 a 10.0 puntos en 2007, niveles equiparables a los de 2001, cuando el índice alcanzó una frecuencia de 10.6 puntos. Y Aguascalientes califica en 2º lugar con 4.7, enseguida de Colima con sólo 3.1, y arriba de Guanajuato con 5.1, sobre el 10 de la media nacional.
El objeto real de medición consiste en que: el INCBG registra el número de veces en que se pagó un soborno o “mordida” por cada 100 veces que se realizó un trámite o se obtuvo un servicio público. Por ello, si el índice aumenta ello significa que la incidencia de corrupción en un trámite o servicio se incrementó. Por el contrario, un índice menor refleja una frecuencia más baja de soborno en ese trámite o servicio.
La importancia de la detección de prácticas de corrupción, y dígase enfáticamente, mismas que son realizadas por los propios ciudadanos cara a cara frente a representantes del gobierno, tiene un costo monetario real que igualmente es medido: – el índice arroja también información relevante sobre el costo que tiene la corrupción para los mexicanos, demostrando que la corrupción es un impuesto regresivo que afecta los ingresos de los hogares mexicanos. Aludiendo al estudio citado, resulta que: en 2007, los mexicanos “invertimos” $27 mil millones de pesos en actos de corrupción, lo cual equivale, en promedio, al 8% del ingreso de las familias mexicanas, es decir, el mismo monto que se destina en promedio a necesidades de vivienda de los hogares (renta o crédito). Este impacto es aún mayor entre los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, para los cuales, el “impuesto de la corrupción” asciende hasta el 18% de su ingreso. Lo que permite concluir que la corrupción afecta en mayor medida a las familias más pobres.
Por otra parte, dado que esta encuesta se levanta en hogares del país, resulta que de aquellos encabezados por jóvenes (índice de 12.1), así como aquellos que tienen mayores niveles educativos (11.8, preparatoria y universitarios), siguen siendo los más propensos a participar en actos de corrupción. Mientras que los jefes de hogar, mayores de 50 años (7.9) y jefes de hogar con menores ingresos, de hasta un salario mínimo (8.9), son los que registran menor incidencia.
Esta rápida lectura del estado que guarda la corrupción en México, evidencia uno de los aspectos de lo que debiera ser un “buen gobierno”, es decir, sin prácticas corruptas; pero, es preciso entender que dicho concepto resulta limitado o restringente de la comprensión más amplia que adquiere el término “Gobierno”, en la filosofía política. En efecto, un buen gobierno es el que toma mejores decisiones por asegurar un bien cierto, sin dudar obtenerlo incluso ante el temor de un mal incierto. Averiguarlo es relativamente fácil: ¿Por qué, sí Aguascalientes se sitúa en las escala de los estados menos corruptos, prevalece la percepción de temor de sus habitantes ante la inseguridad de sus personas, de sus familias y de su patrimonio, en el actual estado de cosas?
Si respondemos con objetividad, ponemos en evidencia que la seguridad pública y con ella la de cada persona, cada familia, cada patrimonio familiar es un bien superior, por encima de relaciones desviantes o divergentes “entre ciudadanos y funcionarios- de las normas de Ley. Y esta certeza nos hace aspirar y exigir que al interior de nuestra sociedad, se ejerza con aptitud y eficacia un “buen gobierno”.
