- Cuando encabezó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la hoy senadora Nuvia Mayorga contrató a varias empresas para realizar obras de infraestructura y éstas subcontrataron a una empresa de familiares de la funcionaria por un total de más de 58 millones de pesos
Mientras la senadora Nuvia Mayorga Delgado dirigía la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia desvió más de 58 millones de pesos de recursos públicos hacia una empresa de la que sus hijos ahora son dueños y a través de la cual se compraron dos departamentos en la Ciudad de México.
Integrante del grupo político de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo -fue secretaria de Finanzas en su gobierno estatal-, Nuvia Mayorga se integró recientemente al movimiento de la Cuarta Transformación, pues renunció al PRI por divergencias con su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, y se incorporó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que forma parte de la coalición que impulsa la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.
Los desvíos de recursos públicos se llevaron a cabo a través de la empresa Desarrollos Integrales Flores, S.A. de C.V., la cual fue administrada por personajes cercanos a Mayorga y que a partir de 2022 pertenece formalmente a Mario Alberto Gálvez Mayorga y Ana Karen Gálvez Mayorga, los hijos que la senadora engendró con Mario Alberto Gálvez Cruz.
En 2016, ya iniciado el mecanismo de triangulaciones, la empresa compró los departamentos 306 y 906 en la torre Citta San Jerónimo, un desarrollo inmobiliario ubicado cerca de la Universidad Anáhuac y de Santa Fe, por un monto total de siete millones 432 mil pesos, de acuerdo con los antecedentes registrales de los inmuebles, obtenidos del Registro de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.
Éstos y otros documentos en poder de Proceso dan cuenta del esquema utilizado para triangular recursos de la CDI, el cual resultó bastante parecido al de la llamada “Estafa Maestra”, que se utilizó durante el sexenio de Peña Nieto para desviar miles de millones de pesos, aunque en este caso no utilizaba universidades o entes públicos estatales.
Mediante licitaciones públicas o adjudicaciones directas, las delegaciones de la CDI en Chiapas, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí entregaban a empresas proveedoras algunos contratos de montos relativamente pequeños, por servicios de “consultorías” o “asesorías” de obras destinadas a la infraestructura para la población más pobre del país. Estos documentos son públicos y sus datos se pueden consultar en la plataforma gubernamental Compranet.
Las proveedoras, a su vez, subcontrataban a la empresa Desarrollo Integral Flores, a la que entregaban una parte sustancial del monto cobrado. El “moche” variaba entre 15% y el 40%. Celebrados entre privados, estos contratos no están disponibles en las plataformas gubernamentales; de hecho, Desarrollo Integral Flores ni siquiera aparece entre los proveedores de gobierno.
Proceso tuvo acceso a 36 de estos documentos, que desnudan el modus operandi del círculo de Nuvia Mayorga.
Dos ejemplos. En 2016, la delegación en San Luis Potosí entregó a Constructora Diocruz, S.A. de C.V. un contrato por seis millones 508 mil pesos para trabajos de supervisión de obras. Esta empresa, a su vez, subcontrató a Desarrollo Integral Flores, a la que entregó un millón 9 mil pesos, es decir, un 15.5% del monto entregado por la CDI. El mismo año, la delegación en Chiapas entregó un contrato de cinco millones 118 mil pesos a la empresa Laboratorio de Materiales, S.A. de C.V., el cual subcontrató a la empresa hidalguense por dos millones 96 mil pesos, esto es, un 40%.
En total, los contratos que Proceso conoció sumaron un monto de 51 millones 373 mil pesos, que terminaron en Desarrollo Integral Flores.
De éstos, 34 fueron entregados por la CDI, y otro fue otorgado por la delegación de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Hidalgo. Su titular, Gerardo Alberto Salomón Bulos, entregó a la empresa Grami Construcciones un contrato por 28 millones 981 mil pesos, de los cuales subcontrató a Desarrollo Integral Flores por tres millones 361 mil pesos.
Por la mañana del jueves 8, el reportero envió un cuestionario al encargado de prensa de la senadora, quien dejó de contestar cuando recibió las preguntas. Más de un día después, Proceso seguía sin respuesta.
Círculo hidalguense
La empresa Desarrollo Integral Flores, que radica ahora en Poza Rica de Hidalgo, en Veracruz, fue creada en noviembre de 2006 ante un notario de Atotonilco El Grande, en Hidalgo, y sus dos socios fundadores eran vecinos de Pachuca, originarios de Puebla.
En aquel entonces Nuvia Mayorga era secretaria de Finanzas en el gobierno estatal de Miguel Ángel Osorio Chong. La contadora, maestra en Administración Pública y consejera política del PRI en Hidalgo era una incondicional del gobernador, y cuando Enrique Peña Nieto nombró al hidalguense secretario de Gobernación, en el arranque de su administración, éste colocó a Mayorga en la CDI.
El organismo descentralizado estaba entonces dotado de un presupuesto de entre 11 y 12 mil millones de pesos, destinados entre otros al Programa de Infraestructura Indígena, cuyo objetivo consistía en construir obras básicas en las comunidades más pobres de México. En la dependencia, Mayorga nombró en los cargos clave a muchos priistas hidalguenses que pertenecían, como ella, al grupo de Osorio Chong.
En 2013 la empresa cambió de administradores. En lugar de los dos poblanos entraron Jesús Ibarra Estrada y Lucrecia Téllez García, dos hidalguenses. La segunda ya estaba vinculada con Nuvia Mayorga y sus hijos: en su constancia de situación fiscal, con fecha de noviembre de 2023, la mujer de 64 años indicó, como dirección, la de Prolongación Paseo de la Reforma 215, en la colonia Paseo de las Lomas, alcaldía Álvaro Obregón. Esta dirección coincide con la que Mario Alberto Gálvez Mayorga, el hijo de la senadora, registró en una de sus licencias de manejo, que venció en marzo de 2023.
La llegada de los dos nuevos administradores ligados a Nuvia Mayorga marcó el inicio de los negocios con recursos públicos. En 2015, las delegaciones de la CDI en Hidalgo, entonces a cargo de Daniel Rolando Jiménez Rojo -otrora presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo-, así como las de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, entregaron nueve contratos a siete contratistas para supervisar o construir obras. Estas siete contratistas, a su vez, subcontrataron a Desarrollo Integral Flores por un monto total de 14 millones 128 mil pesos.
En 2016, la misma dinámica se observó en al menos 15 contratos de la CDI -se sumaron las delegaciones en Campeche y Oaxaca, entre otras-, cuyos proveedores subcontrataron a Desarrollo Integral Flores por 11 millones 190 mil pesos. En agosto de ese año, la empresa adquirió los dos departamentos en la torre Cittá San Jerónimo, colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón. Su representante en el trámite fue Rey David Ramírez Cortés.
Y el año siguiente se repitió el esquema: al menos nueve contratos de la CDI derivaron en la subcontratación de la empresa, que se embolsó 10 millones 941 mil pesos.
Según las declaraciones de impuestos que Desarrollo Integral Flores reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2015, 2016, 2018 y 2019 -las cuales obran en poder de Proceso-, la empresa tuvo ingresos que se mantuvieron estables durante los últimos cuatro años del sexenio de Peña Nieto -aunque reportó sumas muy por debajo de las que recibió con las subcontrataciones de la CDI-, pero se cayeron a casi nada en el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Así, reportó ingresos por siete millones 387 mil pesos en 2015; 10 millones 668 mil pesos en 2016; cinco millones 233 mil pesos en 2018, y apenas 462 mil 349 pesos en el arranque de la administración de López Obrador, equivalente a menos de un 10% del año anterior.
El fin del gobierno de Peña Nieto marcó un alto en la llegada de recursos públicos en la empresa, pero ésta conservó el capital acumulado durante la gestión de Nuvia Mayorga en la CDI. De hecho, ya terminado el sexenio del priísta, el círculo de Mayorga tomó formalmente posesión de la empresa.
Primero entró su amigo Raymundo Tallabs Chávez como accionista y administrador único, en diciembre de 2021. Tallabs había trabajado en el gobierno de Osorio Chong y luego formó parte del equipo de Rosario Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el sexenio de Peña Nieto.
Y en septiembre de 2022 entraron los hijos de Mayorga -Ana Karen Gálvez Mayorga, de 34 años entonces, y Mario Alberto Gálvez Mayorga, quien tenía 30 años- como accionistas y administradores únicos de la empresa, con todo y departamentos, así como ocho millones 702 mil pesos en “cuentas por cobrar” y un millón 454 mil pesos de “otros activos circulantes”.
Más desvíos
Al menos una de las obras contratadas por la CDI y subcontratadas a Desarrollo Integral Flores nunca fue terminada. En noviembre de 2020, el periódico La Jornada reportó que la construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento para la comunidad otomí de Puerto Juárez, en Zimapán, Hidalgo, nunca se llevó a cabo. Apenas construyeron una barda perimetral. Para este contrato la CDI entregó un contrato de más de 16 millones de pesos a la empresa Constructora y Comercializadora Xarad, que a su vez subcontrató a Desarrollo Integral Flores, por dos millones 300 mil pesos.
La familia de Nuvia Mayorga no fue la única en sacar millones de pesos de los recursos de infraestructura destinados a las comunidades más marginadas del país. Por los menos otros 137 millones de pesos de la CDI terminaron en empresas del político priista Eviel Pérez Magaña, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el último tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En enero de 2018 Proceso reveló que la delegación de la CDI en Oaxaca, dirigida por Jorge Toledo Luis -quien era suplente de Pérez Magaña en el Senado- entregó contratos millonarios a dos empresas cuyos accionistas eran los hermanos de Pérez Magaña, basadas en su bastión de San Juan Bautista Tuxtepec.
Todavía en 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó la aplicación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas en los estados de Chiapas, Hidalgo, México, Sonora y Yucatán. Al poner lupa sobre la ejecución de 336 millones 164 mil pesos, encontró irregularidades por 159 millones 164 mil pesos; es decir, en un 47%.
Un año antes la ASF había determinado que el sistema que la CDI implementó para tener seguimiento de las obras “presentó deficiencias en sus registros, lo que no permite contar con información confiable y oportuna para dar seguimiento al desarrollo de las obras ni para tomar decisiones adecuadas”.
Estos montos se suman a los más de siete mil millones de pesos de recursos públicos desviados de diversas dependencias de gobierno durante el sexenio de Peña Nieto -incluyendo de la SEDESOL, con fondos destinados también al combate a la pobreza-, así como de los numerosos casos de corrupción del peñanietismo que, hasta la fecha, siguen impunes.
