El presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del pasado jueves 25 de enero, anuncia (¿amenaza?) la presentación de su postrero paquete de reformas constitucionales para despedir su tan sonada “Cuarta Transformación”, anunciada desde su exitosa campaña electoral del 2018, en la que desaparecería del panorama nacional el flagelo de la corrupción, acabaría con la inseguridad pública, abatiría de manera sustancial la pobreza, permitiría al país disfrutar unos servicios de salud “como los de Dinamarca”, tendríamos una educación de primera, gozaría el Valle de México “del mejor aeropuerto del mundo”, el sureste mexicano presumiría el Tren Maya lo que detonaría el desarrollo del sureste del país, seríamos autosuficientes en materia energética en combustibles con una nueva refinería, y así llegamos casi al término del primer mes del 2024.
La fecha significativa del presidente es el lunes 5 de febrero de este, su último año de su administración, desde el bunker en que ha convertido a “su” Palacio Nacional, y en el que se siente seguro y protegido del pueblo bueno mexicano, sí, ese pueblo que lo arroparía y protegería de los embates del neoliberalismo, los conservadores, los aspiracionistas, de los niños con cáncer, de sus padres, de las mujeres violentadas, de la perniciosa clase media, de los médicos, los maestros, de los intelectuales orgánicos, de los periodistas independientes, de los medios de comunicación, de… Sí, el anuncio se realizará el próximo 5 de febrero, al interior de los gruesos muros de Palacio Nacional, una vez concluida la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana de 1917, donde parte de los titulares de los Poderes de la Unión, celebrarán su vigencia y protección para todos los mexicanos, y del Estado de Derecho en el país. Una vez el regreso de su representante en la emblemática ciudad de Querétaro, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, el paquete de reformas se entregará (simultáneamente a su presentación) ante el Poder Legislativo para su seguimiento y atención.
Parte del paquete de reformas que se enviarán al Congreso están: la desaparición del fuero presidencial; la revocación del mandato; el incremento anual obligatorio del presupuesto en pensiones; la reducción al 30% del umbral de participación ciudadana para hacer vinculatorias las consultas populares, en lugar del actual 40%; la de actualizar los derechos de los pueblos originarios, tanto de comunidades indígenas como de los grupos afromexicanos; y la referida a los programas sociales, como los son la disminución de la edad de inclusión de los adultos mayores, que pasen de 68 a 65 años, extendiendo el beneficio a personas con discapacidad de todas las edades, entre otros.
A estas reformas se sumarían la que reiteraría la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la elección de los ministros de la Corte sea por elección del voto ciudadano; y otra para que el crecimiento anual del salario mínimo sea mayor a la tasa de inflación.
En lo que va de su gobierno, 61 artículos de la Constitución han sido reformados, con Enrique Peña Nieto fueron 155 y con Felipe Calderón fueron 110. No podemos menos que sorprendernos por esa baja capacidad política del presidente, toda vez que los resultados electorales del 2018, y la conformación de las cámaras legislativas en sus primeras legislaturas, contaban con unas mayorías que facilitaban la aprobación de las reformas necesarias para impulsar la base legal para la 4t, pero la soberbia política lo encegueció a tal grado que las elecciones intermedias del 2021, lo alejaron de toda posibilidad de contar con los votos legislativos necesarios para llevar a cabo los cambios que requería. La única explicación, es que su cálculo político omitió medir que, en una democracia como la mexicana, son precisamente los votos ciudadanos, los que determinan el rumbo de todo proyecto de nación, el de la 4t inclusive.
Ahora, electoralmente, el presidente López Obrador estima que su paquete de reformas constitucionales incidirá en el interés y ánimo de los poco más de 100 millones de mexicanos con derecho a votar el próximo 2 de junio, e inclinarán la balanza para que su candidata logre el triunfo acompañado de una mayoría calificada para la reforma a la Carta Magna de la nación. Otra vez, está haciendo cuentas alegres e ignorando la memoria de los mexicanos respecto a las promesas de hace casi seis años y una realidad lacerante que los lastima día a día y que claramente identifica al responsable de esa situación.
Siendo el presidente de espíritu beisbolero, debe tener en claro que el juego por el futuro del país “no se acaba hasta que se acaba”, y que junto a las acciones de la oposición agrupada en torno a la candidatura de la senadora con licencia Xóchitl Gálvez, va corriendo una terca realidad, que no tiene colores o preferencias político partidistas, sólo se manifiesta día a día, atendiendo las circunstancias que la determinan y configuran. Violencia diaria en todas las latitudes del país, con un crimen organizado, empoderado ante la indolencia de la autoridad; la salud pública de los mexicanos deteriorándose y permanentemente desatendida por el “Gobierno de México”; una educación que se descompone cada día y compromete el futuro de México amenazadoramente; una deuda pública creciente de manera desmedida e irresponsablemente. Esta realidad es la que sienten todos los mexicanos, incluso los simpatizantes del obradorato: en sus familias, en su patrimonio, en sus bolsillos.
El presidente sabe que sus propuestas de reformas constitucionales no tienen el respaldo necesario en las cámaras legislativas, y que prácticamente es imposible conjuntar los votos necesarios para su aprobación en su sexenio, incluso con sus estrechos márgenes legales que le quedan, así que sólo las utilizará electoralmente aprovechando la laxitud de las autoridades electorales tanto en el INE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en todo caso, López Obrador, ha dejado claro que a él “no le vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, y que ha hecho efectivo aquella impronta de “al diablo con las instituciones”, máxime si su proyecto político está amenazado.
