“Se dispersó entonces la muchedumbre
pues hasta la curiosidad y el pavor se fatigan”
Así hablaba Zaratustra
Friedrich Nietzsche
El lunes 13 de noviembre la ciudad de Aguascalientes amaneció con la noticia de que le magistrade Jesús Ociel Bahena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves fueron encontrados muertos dentro del domicilio del primero, en circunstancias violentas. La información rápidamente se difundió a nivel nacional y pocas horas después el fiscal del estado Jesús Figueroa presentó en conferencia de prensa las primeras indagaciones del caso; aunque aclaró que no eran afirmaciones concluyentes, se percibió su inclinación a la hipótesis de que se había debido a una situación doméstica. En las redes sociales algunos usuarios acusaron inmediatamente que se había dicho que se trataba de un “crimen pasional” y que se estaba descartando la línea de investigación del “crimen de odio”, dado que le magistrade había recibido amenazas de muerte y contaba con escolta por tal motivo.
Ante esta situación los colectivos LGTBQ+ y otras organizaciones que luchan por el respeto a los derechos humanos, reclamaron que tanto la fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no habían actuado conforme al “Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual”, ni con apego a ningún otro ordenamiento jurídico que indique la forma de actuar ante casos que involucren personas de diversidad sexual o de género, por lo que se percibió el irrespeto a los derechos humanos de las personas involucradas. Todo esto no abona a que la comunicación que ha realizado la autoridad hasta el momento haya sido asertiva; por el contrario, da la idea de que ve el asunto como una “papa caliente” con la que no quiere lidiar.
Estos colectivos también denunciaron que orientar las investigaciones al llamado “crimen pasional” disminuye la relevancia de otras hipótesis, incluyendo la del crimen de odio, lo que no solo resulta ser contrario a derecho, sino plenamente violatorio de los derechos fundamentales. Aunque la Fiscalía lograra probar su teoría -suponiendo que todas las pruebas de forma irrefutable demostraran la hipótesis que descarta la presencia de una tercera persona y que sí fue un homicidio-suicidio entre las personas que resultaron muertas-, la opinión pública ya se ha volcado a dudar de esta hipótesis porque no ha existido un manejo adecuado de la comunicación. En cambio, se ha permeado a la sociedad, a los noticieros y a las redes sociales la percepción de que no se está realizando una investigación apegada a derecho, ni respetando los derechos humanos.
Tristemente, esta situación no es una excepción: el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el asesinato de los miembros de la familia LeBaron, la desaparición y muerte de Debanhi Escobar, solo por mencionar algunos de los más mediáticos. En alguno se ha afirmado la existencia de una “verdad histórica” que, en realidad, carece de verosimilitud ante la población, mientras que, en otros casos, ninguna de las hipótesis planteadas ha quedado medianamente comprobada y pareciera que no existe ninguna voluntad de hacer justicia a las víctimas.
La percepción generalizada de que la justicia social es inalcanzable provoca que el ciudadano común ya ni intente denunciar los delitos de los que es víctima casi a diario. De esta manera, ni cómo pensar en que se llegue a la reconstrucción de los tejidos sociales por medio de los procedimientos restaurativos en materia penal.
Para llegar a estos, primero sería necesario realizar la denuncia correspondiente, después, que la autoridad investigadora cumpliera con su trabajo para poder obtener las pruebas suficientes, que se realizaran las detenciones con apego y respeto de los derechos fundamentales y en pleno apego a los procedimientos señalados por la ley; de ahí que se realizara el juicio penal correspondiente y que se pudiera llegar a una sentencia no solo apegada a derecho sino con pleno respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales a los que las autoridades mexicanas están obligadas a cumplir.
Solo una vez que se lograra lo anterior, podríamos pensar en aplicar los procesos restaurativos a los que hace referencia la “Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal”, que consistirían en las juntas restaurativas, que el propio artículo 27 establece que es “el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social.”
Es decir, es la oportunidad de que el inculpado y las víctimas se puedan reunir, si así lo desean, para que haya una reparación del daño, en la medida de lo posible, en el que el inculpado entienda y se haga responsable del dolor e impacto que provocó y que se comprometa de manera genuina a no volver a incidir en la conducta y que se reintegre a la sociedad, de ser posible.
Por el lado de las víctimas se busca que estas puedan entender su situación, se puedan reintegrar a la sociedad y si así lo desean otorgar un perdón moral al inculpado. Todo lo anterior buscando la reconstrucción de los tejidos sociales.
En cambio, lo que se tiene en un caso como el del magistrade, es una investigación inconclusa que, hasta el momento, ha mostrado razones suficientes para generar desconfianza (por lo menos es lo que se percibe desde afuera), lo que hace parecer impensable llegar al procedimiento de reconstrucción de paz social.
Por otro lado, aunque grupos y colectivos siguen protestando y buscan que el caso lo atraiga la Federación, esto no quiere decir que se garantice que se vaya a realizar un trabajo que lleve el caso a una sentencia justa.
Como ha pasado con otros, en este caso cada día se diluye en la memoria social. Nuevas noticias ocupan su espacio y poco a poco va quedando como uno de tantos donde la justicia no se consigue, pero, aunque la gente lo olvide, la percepción de injusticia social se profundiza cada día más, alejando la anhelada paz social.
Si te interesa saber más sobre los Medios Alternativos de Solución de Conflictos y la aplicación de Círculos Restaurativos de Paz en tu comunidad, escuela o centro de trabajo, ponte en contacto a través de los correos [email protected] y [email protected] o de la página https://www.facebook.com/CirculoArtemisaArteyCulturaparalaPaz .
