Gobernar México desde hace 5 años se hace a partir de dos mecanismos muy claros, desde el púlpito de las mañaneras, y a partir de decretos del Ejecutivo, y más específicamente, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, la agenda de gobierno se construye desde una sola perspectiva, el resto de la realidad (problemática) nacional que queda fuera de estos mecanismos debe hacer fila para su atención del gobierno federal (otra vez, léase López Obrador).
Prácticamente desde hace 20 días, cuando el huracán Otis golpeó directamente con inusitada violencia la región de Acapulco y provocó su devastación general, no ha habido un tema que lo supere en el ánimo de la preocupación de los mexicanos. Casi un millón de habitantes quedaron expuestos a una situación de emergencia por los daños provocados por el huracán: sin agua potable, sin electricidad, sin conectividad, sin seguridad, sin trabajos, sin escuelas, sin atención de servicios de salud, sin transporte, sin servicios públicos en general (recolección de basura). En estos días se ha recuperado el suministro de energía eléctrica, prácticamente a toda la ciudad, sin embargo, los otros problemas parece que se congelaron.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y responsable de atender la emergencia, ha demostrado fehacientemente su incapacidad operativa y efectiva para apoyar a la población acapulqueña, ello lo podemos constatar por su claro extravío y docilidad ante el titular del Ejecutivo.
Las muestras documentales las podemos reconocer en la declaratoria de desastre natural publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre, cuando se reconocía que la emergencia alcanzaba a 47 municipios de la Costa Grande de Guerrero, misma que al día siguiente se “corrige” y sólo se reconocen 2 municipios en emergencia. La declaratoria se hace con base en el reconocimiento de una situación provocada por la “ocurrencia de lluvias severas y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023…” (¡!) y se expidió “para para efectos de atender los daños desencadenados por fenómenos naturales perturbadores, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y los Lineamientos.” (Artículo 2° de la declaratoria).
Sólo una semana después, el 9 de noviembre, en otra publicación en el DOF, se da aviso del fin de la emergencia en los 2 municipios (Acapulco y Coyuca de Benítez), toda vez que, según las autoridades y los Lineamientos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales (Artículo 10) había concluido, esto es que, según el gobierno federal “las condiciones que generaron la emisión del Acuerdo por el que se Establece una Situación de Emergencia desaparecieron y la afectación a la población ya no persiste, por lo que no estima indispensable continuar con la ayuda. ¿Qué tal? A ello habría que agregarle que la mayoría de la 4t aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 sin designar una cantidad de apoyo para la reconstrucción de Acapulco.
Sobra decir que en este trance las autoridades estatales y municipales se replegaron a los designios de Palacio Nacional, y lo destacable es la promoción de la disciplina supina y las porras al presidente, manteniendo de manera artificial los datos de la tragedia, sosteniendo prácticamente desde el día siguiente del desastre una cifra oficial de decesos (48), de más de 650 embarcaciones perdidas, y poco más de 100 mil viviendas afectadas total o parcialmente, así como de cientos de locales comerciales y casi 100 hoteles destruidos o fuera de servicio. En resumen, un panorama desolador para los paisanos acapulqueños y el manifiesto abandono de los gobiernos responsables de su atención. Triste.
Otro tema de la agenda nacional ha sido la aprobación el pasado 9 de noviembre por la disciplinada mayoría de la 4t del presupuesto 2024, donde quedó clara la instrucción presidencial de su trámite prácticamente sin modificarle una coma, y, como ya se mencionó, sin destinarle recursos específicos a Acapulco. Una reducción arbitraria a diversos organismos autónomos como la CNDH, el INE, el TEPJF, así como a los estados y municipios. Las prioridades del fin de sexenio son, por supuesto, la conclusión de la multi inaugurada refinería Dos Bocas y el Tren Maya, básicamente a esos dos proyectos se le autorizaron millonarios recursos, sin mencionar el incremento de la deuda pública, y los compromisos que deberá afrontar el próximo gobierno, sea del color que sea.
En este mismo tenor, se continuó con la confrontación del Ejecutivo y sus huestes en el Legislativo contra el Poder Judicial de la Federación en torno al destino de los fideicomisos que están en su presupuesto. Es conocido el número cada vez creciente de los amparos contra su desaparición, y será un asunto que quedará en suspenso en tanto se resuelven los mismos. Este conflicto está lejos de acabar en el corto plazo.
Un último tema que integra el interés y la importancia en la agenda nacional, son por supuesto las Elecciones del proceso 2023-2024 y que esta semana centró la atención de la clase política del país en la designación de los representantes del partido oficial para encabezar las fórmulas en las nueve entidades que renovarán a sus gobernadores, entre ellas, la Ciudad de México. Lo destacable de esta etapa es el resultado de la capital del país, en la que quedó (por equidad de género -ajá-) la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, preferida de López Obrador, en contra del candidato de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch. Habrá que esperar las reacciones al interior del partido en el poder, ya que hay varios damnificados aparte del ex secretario de seguridad pública capitalina, como el diputado Ignacio Mier en Puebla.
En este asunto electoral, habrá que considerar el efecto de las acusaciones del periódico New York Times a la Fiscal Ernestina Godoy y sus ilegales servicios al gobierno de la CdMx, acerca del espionaje a diversos personajes políticos, incluidos algunos de la misma 4t, como Higinio Martínez y Horacio Duarte.
La agenda está cargada y se puede salir de control.
