- En Guerrero, denunciaron que a dos años de la creación de la Comisión de la Verdad para la guerra sucia continúan sin saber dónde están sus familiares desaparecidos y sin que los perpetradores hayan sido llevados ante la justicia
Hay una estrategia sistemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares criminales y un desprecio hacia las víctimas, indicaron familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la guerra sucia en Guerrero.
Denunciaron que a dos años de la creación de la Comisión de la Verdad para la guerra sucia continúan sin saber dónde están sus familiares desaparecidos y sin que los perpetradores hayan sido llevados ante la justicia. No se ha llamado a declarar a ni uno de los 130 exmilitares que cometieron las desapariciones forzadas y torturas, reprocharon.
Este sábado, colectivos de víctimas de la guerra sucia se trasladaron de Atoyac de Álvarez a la capital del estado para dar una postura a dos años de la creación y a menos de un año que fenezca la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990.
La también conocida Comisión para la guerra sucia fue creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 6 de octubre de 2021 para esclarecer la verdad, la reparación integral y el derecho a la memoria de las víctimas de ese periodo, así como implementar mecanismos de investigación ante autoridades ministeriales y judiciales para llegar a la justicia. Es encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
En la conferencia de prensa, Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, dijo que tienen un registro en la región de al menos 100 desaparecidos y 120 sobrevivientes. Las víctimas fueron acusadas de pertenecer a la guerrilla, simpatizar o ser familiares del profesor Lucio Cabañas Barrientos.
Gervasio Serrano, es hijo de Octaviano Gervasio Benites, caficultor de 21 años, detenido en el centro de Atoyac el 26 de junio de 1974, entregado y desaparecido por militares.
Denunció que se ha desmantelado el Comité de Impulso a la Justicia de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia con la renuncia de tres de sus integrantes.
La última en irse en julio fue la penalista de Colombia, Ángela Buitrago, envió un correo de despedida a los colectivos y donde les dijo que en seis meses lograron un informe de lo hallado en averiguaciones previas de la FGR. Sin embargo, el informe acerca del avance de las investigaciones lo tiene Alejandro Encinas quien no lo ha dado a conocer.
“No nos han hecho llegar ese informe que es importante. De entrada, la única vía para llevar a juicio a los responsables de un delito es la representación social del Ministerio Público”.
A dos años de la creación de la Comisión no hay un avance, al contrario, vamos hacia atrás como los cangrejos.
“El presidente de la Comisión (Alejandro Encinas) anunció que está preparando su informe final de carácter histórico y eso es una simulación”.
“Rechazamos el informe y observamos que hay una estrategia sistemática del Estado de proteger a militares criminales”.
“Lamentablemente esto viene desde gobiernos anteriores, pero esta administración pública federal continúa con la misma estrategia sistemática de proteger a elementos militares”.
Observamos, agregó Octaviano Gervasio, un odio institucional y un desprecio hacia las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
“Ellos tratan bien a las víctimas que no les dicen nada, pero criminalizan a las víctimas de desaparecidos, incluso de asesinados de la violencia actual, que les exigen justicia”.
El representante legal de víctimas pidió que las investigaciones continúen durante el año que queda de la Comisión de la Verdad y que se reactive el Comité de Impulso a la Justicia.
Arturo Miranda Ramírez, de la Asociación Cívica Nacional dijo que la Comisión para la Guerra Sucia no ha entregado resultados concretos.
“Queda menos de un año para que se haga justicia, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo está haciendo. Hay obstáculos, es evidente de personas interesadas en que esto siga encubriéndose”.
“Participaron integrantes del Ejército en crímenes de lesa humanidad. Cuando se trata de hurgar más a fondo, el origen de los crímenes y los responsables directos, es cuando se detienen”, acusó Arturo Miranda, dos veces encarcelado y torturado en el cuartel 1 del Ejército en la Ciudad de México.
Puso como ejemplo la impunidad en la que murió el expresidente Luis Echeverría responsable de ordenar la persecución de movimientos sociales y la que goza el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre por el asesinato y desaparición forzada de estudiantes en 2011 y 2014.
Basta de memorias, queremos saber dónde están
La antropóloga Angélica María Ramírez Hernández indicó que la esperanza que las víctimas de la guerra sucia tenían en la Comisión para el Acceso a la Verdad se desvaneció.
Angélica Ramírez es hija de Gorgorio Santiago Alvarado, detenido y desaparecido por integrantes del Ejército el 24 de noviembre de 1974 en San Juan de las Flores, municipio de Atoyac de Álvarez.
“El reclamo inicial es que todo trabajo de la Comisión estuviera acompañado de una Fiscalía especial para el esclarecimiento histórico y el acceso a la justicia”.
“No hemos visto ningún avance para esclarecer los hechos, para saber dónde están nuestros familiares. No han aparecido ninguna de las más de 500 víctimas en el país y tampoco hay avance en el acceso a la justicia”.
“De toda la información que desde los colectivos hemos proporcionado respecto a nombres de ex militares vivos no se ha llamado a declarar a ninguno cuando una de las promesas fue que había 130 ex militares que serían requeridos”.
Los militares, acusó, participaron directamente en la desaparición de sus familiares.
“La Comisión se está abocando a la memoria histórica, se han escrito libros e investigaciones sobre la guerra sucia. Ya no queremos más información que diga lo mismo. No les restamos importancia, pero no queremos otro compendio de la Comisión, no queremos una memoria porque nacimos y crecimos con esa historia”.
“Queremos que nos digan dónde están nuestros familiares, quienes fueron los perpetradores y por qué razón no se ha llevado a la justicia a una sola persona en el caso de la guerra sucia”.
En la conferencia participaron además Vladimir Cabañas Gómez y Andrés Hernández Rojas, así como representantes de la Asociación de Ejidos, Comunidades y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.
En la rueda de prensa se mostró el Telegrama de diciembre de 1971 firmado por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.
En el documento se instruye al responsable de la 35 zona militar de Chilpancingo: Incremente actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas que operan esa región, debiendo utilizar máximo medidas de seguridad y buen trato a la población civil, coordinando actividades con todos los organismos oficiales y particulares afines. Evite una demostración de fuerza que alarme a la población.
Y se presentaron fichas de búsqueda con fotografías de las siguientes personas desaparecidas en los años 1972 a 1976, la mayoría en Atoyac y sus alrededores.
Elpidio Ocampo, Humberto Cabañas, Raúl Cabañas, Gorgorio Santiago, Doroteo Iturio, Octaviano Gervasio, Efraín Uriostegui, Onésimo Uriostegui, Mariano Serrano, Armando Iturio, Eladio Serafín, Melquiades García y Julio Mesino.
Marcelino Serafín, Lucino Juárez, Gaudencio Martínez Barrientos, Hilaria Cruz, Eleno Galeana, Ramón Iturio, Felipe Ramos, Isaías Castro, Melitón Ramos, Silverio Flores, Victoria Hernández, Roberto Castillo, Eduviges Ramos y los hermanos Felipe, Marcos, Heriberto y Raymundo Ramos Cabañas.
“A más de 50 años no ha habido ninguna persona detenida por los hechos tan aberrantes en la guerra sucia. Esta historia se sigue replicando con las desapariciones y crímenes de lesa humanidad que ha habido hasta esta fecha”, concluyó Angélica Ramírez.
