Otra vez quiero escribir sobre cosas novedosas, pero al escuchar los discursos de antaño, voy a reciclar artículos que escribí en el 2019, 2020 y 2022 en esta misma columna.
La “ley y el orden” y “cero tolerancia” son medidas populistas en materia de seguridad pública y sistema penal. Esta dureza se debe a una política criminal que atiende a los problemas difundidos en vivo y busca enfrentar, no a la violencia, sino a la sensación de inseguridad; es decir, tranquilizar las creencias emocionales, sin realizar efectivas acciones.
El populismo penal es una política criminal que busca realizar acciones que generen percepción de rapidez y eficiencia, para magnificar los resultados de operativos de fuerza, y demostrar la atención y tratamiento de la problemática de inseguridad, sin resolver el problema de fondo.
La siembra de ideas en un ser humano es más sencilla de lo complejo que se dice ser; la comunicación juega un papel significativo en el proceso de construcción social de la realidad. La familia y primeras relaciones transmiten un determinado discurso que precederá y condicionará la evolución individual; la persona logra así una acumulación de tipificaciones que constituye la propia “subjetividad”, pero no es sólo producto de un conocimiento individual, ya que se acumulan las subjetividades de los individuos significantes que lo rodean. El problema es que el discurso o comunicación construye una realidad mediante un proceso socializador para crear una personalidad para el consenso de determinados intereses.
Desde que me acuerdo se ha culpado al sistema penal y a las leyes de problemas que deben atenderse y resolverse de manera operativa. Así, se ha dado el mensaje de que el sistema de justicia penal es el creador de la impunidad; que todos los señalados por autoridades son culpables y deben ser encerrados en la cárcel; que el juicio popular social justifique las detenciones de las personas que para la conciencia colectiva ya son culpables y deben ejecutarse. Se ha dado el mensaje que la prisión excesiva es la cura para la solución de los problemas, aunque después de años la sociedad ya no recuerde el caso ni la suerte de los involucrados.
El empleo de los mecanismos de información para generar una conciencia colectiva de la falta de funcionalidad del sistema de justicia penal, que las leyes protegen a delincuentes y dañan a las víctimas, que personas aún investigadas son culpables de delitos, que no se atiende a los intereses de la venganza social, etc., además de no abonar a la tranquilidad ni resolver las problemáticas, es lo que realmente provoca la impunidad tanto para el contenido de los procesos de investigación y juzgamiento (al contaminar las pruebas por violación de derechos al difundir información distorsionada), como impunidad frente a las perspectivas sociales, que siguen creyendo que la solución es el castigo sin reservas. Por eso se atribuye la culpa de todos los males al sistema de justicia penal, en lugar de incrementar la atención de la satisfacción de necesidades y de las no funcionales estrategias en temas de prevención. Por eso se quiere “cambiar” para seguir igual y poner un parche nuevo en un pantalón viejo.
El sistema de justicia penal tiene una función reactiva, es decir, comienza a trabajar una vez que se comete el delito. Entonces, el sistema de justicia penal no es culpable de que existan delitos, y será culpable de la impunidad, cuando no se reprima o sancione adecuadamente el delito, pero no de que existan nuevos delitos, ni de que se incremente la violencia, ni de la falta de prevención, pues no son sus competencias.
Entonces, si el delito se comete, no es culpa del sistema penal, ni de la Fiscalía, ni del Poder Judicial, ni de los abogados de las víctimas o de los imputados, ya que lo que no funcionó es la prevención, que va más allá de la simple represión y vigilancia. Una vez que se comente el hecho posiblemente delictivo, si a las personas señaladas como sus “autores”, no se les impone prisión preventiva, esto es por ausencia o inadecuados “informes de riesgos”, que son competencia de las autoridades de medidas cautelares, las cuales no dependen de las Fiscalías ni de los Poderes Judiciales; y, finalmente, si las personas que son declaradas culpables y sentenciadas, al salir de prisión vuelven a delinquir, esto es falla del sistema de reinserción, el cual tampoco depende de las Fiscalías o de los Poderes Judiciales.
La prevención del delito, la disminución de la violencia y de la inseguridad no se lograrán al meter a la cárcel a cualquiera que se considere “presunto culpable”, pues el sistema penal no es quien provoca las injusticias sociales.
La finalidad esencial del sistema penal es resolver el conflicto que se genera a partir de la comisión de un delito; y su forma de solución principal es apoyando a la víctima en su reparación del daño integral, y que indirectamente el imputado tome conciencia del mal que realizó para que lo repare y trate de reinsertarse socialmente. Si creemos que el sistema penal sólo funcionará cuando se ahorre tiempo, dinero y esfuerzo, para que en automático todos los “autores” de “delitos” sean encerrados de inmediato, le estamos atribuyendo funciones de sastre remendador a un ingeniero constructor.
El populismo penal no es propio de “gobiernos populistas”, sino de cualquier estilo de poder público, y no sorprende darnos cuenta de que el control tiende a la militarización, a los extensos operativos policíacos, a la expansión de la facultad represora del Estado, al incremento excesivo de sanciones y de delitos con prisión preventiva, reformas locales que invaden competencia Federal en materia procesal penal, leyes contra “conductas futuras y peligrosas”, acumulación de sanciones para provocar cadenas perpetuas de facto, detenciones ilegales, tratamiento descontrolado de información por algunos medios de comunicación, etc.
Alguna vez Paulo Freire escribió que la realidad no era así, sino que la realidad estaba así; y estaba así, no porque ella quisiera, pues ninguna realidad era dueña de sí misma; la realidad estaba así, porque estando así, servía a determinados intereses del poder; y, en consecuencia, nuestra lucha debería ser por cambiar la realidad y no acomodarnos a ella.
Nuestro problema es que el populismo confunde la resolución de conflictos sociales con la creación y aplicación de leyes; así, no importa si se resuelven los problemas, lo que importa es tener leyes, que sirven para sancionar lo que salga de la “normalidad”, y utilizar el discurso de que las leyes “protegen” delincuentes y por eso hay que hacerlas duras. Es un hecho que la prevención de la delincuencia será eficaz cuando se satisfagan adecuadamente las necesidades sociales, y se incremente la educación y valores de los ciudadanos. Pero el discurso menos costoso siempre será el del combate de esa delincuencia a través de la inflación del sistema penal.
