- Esto representó un grave riesgo para la sanidad animal, así como para la población
- Un solo documento ilegal permitió la exportación de ganado en Aguascalientes
En 2010, Aguascalientes registró un serio problema de intoxicaciones de personas que habrían consumido carne de res, hígados en particular, contaminada con clembuterol por ganaderos locales. Este problema provocó reformas a la Ley General de la Secretaría de Desarrollo Ganadero de Aguascalientes, con especial énfasis en el tema de la documentación para movilizar ganado de todas las especies y con todos los fines posibles, desde ingresos a rastros municipales, empacadoras TIF o distribución de subproductos de origen animal a centros de consumo, a la par de que también incluía el ingreso y la salida de ganado de territorio estatal para mejorar la rastreabilidad y trazabilidad del ganado.
Así, se sustituyó el documento de “pase de ganado”, de la antigua Ley de Ganadería, por una Constancia de Identificación de Ganado, un único documento oficial CON FOLIO que otorga a los comisariados municipales la función de constatar la certeza de origen del ganado que se quiere movilizar, así como la implementación de las medidas preventivas, curativas y de erradicación en campañas zoosanitarias conforme a la ley.
Constancia de Identificación de Ganado
Cuatro años después, en febrero de 2014, un boletín del Gobierno de la República difundió que Aguascalientes podía exportar ya, después de los casos de clembuterol, “ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, cumpliendo los requisitos que se marcan en el protocolo de exportación”. Sin embargo, ese mismo año, en octubre de 2014, fueron detectados en el estado dos casos de ganado con clembuterol. Ese diciembre, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausuró 10 rastros en 8 estados, entre estos Aguascalientes, tras detectar la presencia de clembuterol en la orina, sangre o músculo de las reses.
Además de este grave problema en el estado, también había casos de abigeato, el robo de ganado que no solo consistía en subir a una camioneta las reses y trasladarlas a otra comunidad, sino en la falta de documentación que certifique el origen y propiedad de ese ganado, lo que ocasiona, aún, que los ganaderos busquen la manera de “conseguir” esos papeles.
Este texto busca exponer el grave riesgo para la salud humana que implica la falta de documentación oficial de Ley, así como la corrupción alentada por las autoridades correspondientes en el periodo documentado.
*****
Entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, el titular en ese entonces del Departamento de Control e Inspección Pecuaria de la Sedrae, MVZ Hugo Ortega Martínez, detectó la exportación de ganado sin documentos legales. Este departamento tenía a su cargo los ingresos de ganado a los centros de sacrificio y a los centros de acopio, en particular al del municipio de San Francisco de los Romo, además de hacer visitas especiales para hacer cumplir la Ley de Desarrollo Ganadero del estado y el Reglamento en el rastro municipal de Aguascalientes, Jesús María, las empacadoras privadas y los centros de sacrificios.
En entrevista, detalla que entre 2014-2015, Aguascalientes no tenía capacidad para exportar, pues el estado venía de una sequía antes de 2014, además de los casos de clembuterol desde 2010, lo que provocó el aumento de la venta de animales por parte de los ganaderos locales, pues no tenían cómo alimentarlos. Esto provocaba, que no hubiera hembras suficientes para los nacimientos de becerros para exportar.
Al percatarse de la movilización de ganado a EU en octubre del 2014, Ortega Martínez comenzó a buscar indicios de que se trataba de una exportación ilegal durante la administración del gobernador priista Carlos Lozano de la Torre, con Jorge Armando Narváez Narváez, como director en ese momento de la Dirección General de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agro Empresarial.
Este tipo de prácticas han sido reconocidas dentro y fuera de México. Una nota del 19 de octubre de 2022 de Animal Político señala que por la frontera con Guatemala, cada año entran a México de forma ilegal entre 800 mil y 1 millón de reses, es decir, no pasan por controles sanitarios, lo que representa un riesgo tanto para la salud de las personas como para el ganado mexicano. Esta práctica recurrente encuentra diversas variantes para realizarse en completa impunidad y colusión con las autoridades.
Cuando en octubre de 2014 en Aguascalientes comenzó el ciclo de movilización de ganado para exportación, también comenzaron las sospechas acerca del origen de ese ganado, pues asegura, las zonas autorizadas por un decreto del estado para que se realizara la exportación no tenían capacidad o carga de hembras que proporcionara los becerros que se estaban exportando. El extitular asegura que esto era “una práctica muy común para convertir ganado centroamericano en estatal y provocar la exportación, un buen negocio para algunos, pero en perjuicio de la sanidad del estado, del país y del destino”.
Junto a esta sospecha, lo que despertó las alertas fue que los ganaderos exportadores comenzaron a acudir a tramitar los documentos para exportación directamente en la Dirección de Ganadería de la Sedrae, cuando el trámite debía realizarse en el Departamento de Control e Inspección Pecuaria para que el personal realizara las diligencias correspondientes. Contrario a esto, en la Sedrae se les entregaba un documento sin sustento en la Ley de Desarrollo Ganadero que, además, eliminaba la obligación de las autoridades municipales, especialmente de los comisarios, que son los únicos que por ley le dan certeza de origen al ganado. Al comenzar a indagar al respecto, el extrabajador se encontró con trabas directas para acceder a la información solicitada y junto a esto, además, una constancia sin validez legal que “certificaba” el origen del ganado a exportar, contrario a la Ley de Desarrollo Ganadero para el Estado de Aguascalientes y su Reglamento en ese momento, que exigía un documento foliado [ver foto de la Constancia de Identificación de Ganado] que debía pasar por el Departamento de Control e Inspección Pecuaria para ser identificado por los comisariados municipales, que dependían directamente de las presidencias municipales.
Estas constancias sin fundamento legal estaban firmadas por el entonces encargado del despacho de la Dirección de Ganadería, Luis Felipe Guerra López, con copia a Jorge Armando Narváez Narváez, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, y con esto se evitaba el trámite y el papeleo completo que se requería: la guía de tránsito de la asociación ganadera y el certificado de propiedad, documento estatal necesario y ÚNICO para comprobar el ORIGEN del ganado y así iniciar el procedimiento de certificación zoosanitario.
Constancia fuera del margen de ley
Ante esta situación, al observar un grave riesgo sanitario y legal, el trabajador realizó una solicitud de transparencia para conocer el documento, constancia o certificación que amparaba los embarques de ganado para exportación.
El 19 de noviembre de 2015 se realizó la primera solicitud de información número 30699, para dar a conocer los expedientes y documentos que respaldaban las jaulas de embarques de ganado bovino para exportar, acreditadas en Aguascalientes con destino a las Estaciones Cuarentenarias de los estados fronterizos para su ingreso a EU en el periodo de octubre de 2014 a noviembre de 2015.
La respuesta del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) fue que la Sagarpa emitía los documentos legales que garantizaban la certeza del origen del ganado de cada una de las jaulas de embarque con motivo de exportación, además de negar categóricamente haber participado en la exportación en el periodo solicitado con el documento ilegal. Sin embargo, el demandante de la información quedó inconforme, pues la constancia ilegal existía y era entregada a los ganaderos exportadores, con lo que calcula que en este periodo, más de 30 mil cabezas de ganado se exportaron de manera ilegal a EU.
Por esto mismo, al insistir con su inconformidad, se enfrentó a situaciones de acoso laboral. Fue desplazado de su área y confinado a una oficina alterna, pero manteniendo en documentos su titularidad como jefe del Departamento de Control e Inspección Pecuaria. Aún así, presentó ante el ITEA el Recurso de Inconformidad 0032/2014, el 18 de diciembre del 2015, en el que solicitó, basado en la primera respuesta sobre que no existían las constancias de identificación de ganado, que se respondiera:
- ¿De cuál archivo forma parte?
- Esta “constancia”, con carátula oficial del Gobierno del Estado sin número de folio que respalde las guías de tránsito y posteriormente con este obtener el Certificado de Propiedad, tiene validez oficial para suplir las competencias de las autoridades municipales y estatales.
- Si aún hay vigencia en la Ley de Desarrollo Ganadero relativo a la correcta movilización de ganado.
- Si este trámite se realiza en el Departamento de Control e Inspección Pecuaria de la Dirección de Ganadería de la Sedrae y es firmada por el jefe de departamento.
- Así como los fines legales de la emisión de la “constancia”.
La respuesta del ITEA fue que no existía el registro de la solicitud que se estaba impugnando, por lo que se consideró improcedente. Ante esto, el trabajador consideró que la actuación de los comisionados del ITEA era poco profesional y sesgada, por lo que presentó al ámbito federal, al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) una nueva solicitud de información el 17 de febrero de 2016, para mostrar qué certificado de propiedad, documento o constancia garantizaba el origen del ganado para obtener la certificación del ganado a exportar.
La respuesta de la Senasica fue que la solicitud no correspondía a la información pública en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pues los documentos solicitados son de ámbito estatal y municipal.
Después de esta respuesta, el trabajador infirió que se encontraba en un espiral de complicidad entre delegaciones estatales y comisionados de transparencia con la finalidad de provocar su desánimo, hastío, cansancio y frustración con tal de elevar el grado de burocracia y así no respetar el derecho constitucional al acceso a la información.
Pero insistió. El 14 de marzo volvió a interponer otro Recurso de Revisión ante el INAI, en el que se solicita revisar a detalle el caso, con el expediente 1440/16, que tuvo como comisionado ponente a Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien solicitó una búsqueda exhaustiva del certificado de propiedad o constancia que garantizara el origen del ganado. Así fue como se obligó a la Senasica a entregar la documentación sobre las constancias emitidas por el Gobierno de Aguascalientes. La respuesta fue entregar 1003 fojas de expedientes relativos a la exportación a EU, pero que no comprobaban o desmentían que un documento ilegal avalara las exportaciones.
Una nueva solicitud fue realizada por este trabajador el 7 de julio del 2016, con la misma petición: el certificado de propiedad o documento que garantizara el origen y sanidad del ganado de exportación en el periodo del 2014-2015. Esto recibió como respuesta por parte de la Sedrae que en ese periodo no se expidió Certificado alguno al respecto. Por primera vez, el ITEA consideró que esta respuesta no fue verdadera, por lo que emitió una nueva resolución: el acceso inmediato a la información solicitada; una sanción por la responsabilidad administrativa por actuar con negligencia, dolo, mala fe, ocultar, alterar y declarar la inexistencia de información, en contra de Manuel Agustín Reed Segovia, Director General de Desarrollo Rural de la Sedrae.
El resultado de esta travesía por conocer el proceso ilegal con el que se exportaba ganado a EU fue que después de una denuncia y cuatro años de investigación de la Contraloría del Estado, el único servidor público sancionado, Reed Segovia, iniciara el juicio de nulidad 1276/2020 que declara procedente y con esto, nula la sanción, con lo que no se realizó ninguna observación o recomendación a las dependencias involucradas, ni estatales ni federales, además de que ningún otro funcionario fue sancionado.
Lo único que se pudo demostrar fue que el nombramiento oficial (al 1 de diciembre de 1998) y facultades del MVZ Hugo Ortega Martínez, titular del Departamento de Control e Inspección Pecuaria de la Sedrae y servidor público que realizó toda esta travesía, fueron sustituidas ilegalmente, tal vez, para quitarlo del camino y así ejercer conductas contrarias a lo legal.
Así fue como un solo documento que de manera ilegal permitió la exportación de ganado en Aguascalientes, puso en riesgo la sanidad de la población receptora y animal, al evadir la certificación sanitaria y el aretado ganadero, con el cual se hace eficiente la rastreabilidad de los animales y la trazabilidad de los productos y subproductos finales. Que este caso ponga sobre la mesa los riesgos para la salud cuando se evaden controles sanitarios.
