México se estremeció en 2008 cuando un comando del Cártel de Juárez irrumpió en un festejo y asesinó a 13 personas, entre ellas a un bebé, en el poblado de Creel. Desde entonces no sólo opera la impunidad por ese caso, sino que la violencia, sobre todo en la zona serrana, se ha recrudecido generando situaciones como el homicidio de los sacerdotes jesuitas y dos personas más, ocurrido hace un año en Cerocachui, y más recientemente desplazamientos forzados internos. En todo este tiempo el narco también ha extendido sus tentáculos hacia actividades como la tala ilegal y la venta ilegal de cerveza. Ninguna autoridad de ningún partido ha podido con ellos.
Los índices de violencia que ha alcanzado la Sierra Tarahumara han obligado a un sinnúmero de comunidades completas al desplazamiento forzado interno, en su mayoría de población indígena, y la impunidad ha permitido la diversificación de negocios para los grupos delictivos que operan y controlan los municipios serranos.
El homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, mostró sin simulación el control del territorio por proyectos empresariales, autoridades omisas y la impunidad en la que trabajan los grupos delictivos, que ahora no sólo se dedican al narcotráfico.
A un año de esos homicidios, el rostro del problema no ha cambiado y, en algunos casos, problemáticas como la impunidad, el suicidio de niños y adolescentes y el dominio de grupos criminales han empeorado.
Con los sacerdotes Campos y Mora fue asesinado el guía de turismo Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, también dentro de la parroquia San Francisco Javier de Cerocahui; horas antes, el mismo asesino mató al joven Paúl Berrelleza Rábago.
José Noriel Portillo Gil, El Chueco, fue señalado por varios testigos como autor de estos cuatro crímenes. Él controlaba los municipios de Urique, Uruachi y Guazapares, hasta que su cuerpo apareció en Sinaloa el 22 de marzo último. Se presume que lo habían asesinado cuatro días antes.
Autoridades de Chihuahua informaron a representantes de la Iglesia un mes antes que el gobierno federal ya había detenido a El Chueco, que pidieran información. Pero era falso. La presión social y eclesial llevó a instalar mesas de diálogo con los representantes de la Compañía de Jesús y de la Diócesis de la Tarahumara.
Han pasado 15 años de la primera masacre reportada en el país, en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, en el contexto de la Guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente, Felipe Calderón. El 16 de agosto de 2008 un grupo delictivo identificado como La Línea, del Cártel de Juárez, irrumpió en un festejo de jóvenes y asesinó a 13 hombres, entre ellos a un bebé.
En aquella ocasión fue otro jesuita, Javier El Pato Ávila Aguirre, quien hizo frente a la tragedia, ya que se convirtió en perito, agente ministerial y contuvo a las víctimas ante la ausencia de cuerpos de seguridad pública. El caso continúa impune. No hubo justicia plena para los familiares y el cártel continúa operando en la región.
Los índices de corrupción en los municipios de la Sierra Tarahumara se han incrementado de la mano de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los partidos políticos que les han gobernado: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, PRD y Morena, en los últimos años.
La militarización y la fuerza pública han sido los únicos recursos utilizados para “contener” la violencia en los casos que trascienden a la opinión pública, mientras que los índices de suicidio en niños, así como en la población en general, ha aumentado más de un 300 por ciento.
Los centros poblacionales de la entidad se han llenado de personas desplazadas que huyen de la violencia en la Tarahumara. El último caso ocurrió al iniciar junio. Un grupo de 50 personas, alrededor de 30 menores de edad, tuvieron que huir de sus comunidades La Sierrita, Potrero de Herreras, La Chinaca y San Jerónimo del municipio de Guadalupe y Calvo por el choque entre dos cárteles que se disputan la plaza.
Otra comunidad desplazada esta semana es Santa Tulita, del mismo municipio. La respuesta fue llevar la fuerza pública a ambas zonas, pero no hubo detenidos. Los indígenas ódami de la primera comunidad tuvieron que permanecer varios días en el monte porque se quedaron sin casas debido a que las quemaron. Ambas comunidades están atendidas en albergues por comunidades municipales, y organizaciones civiles se esfuerzan para que les tomen las declaraciones por el Ministerio Público.
En las mismas poblaciones de acogida de personas desplazadas, hay otras comunidades que suman cientos de personas, pero que no han logrado avance en sus casos.
Los casos de La Sierrita y Santa Tulita son los primeros que podrían ser tratados como delito de desplazamiento forzado interno, ya que el Congreso aprobó tipificarlo por unanimidad en diciembre pasado y lo reformó un mes después, aunque con un párrafo que, de acuerdo con expertos, criminaliza a las víctimas.
La legislatura aprobó primero el decreto 0486/2922 I P.O. Posteriormente aprobaron otro para reformar este primero y quedó publicado en febrero pasado.
El desplazamiento forzado interno quedó tipificado en el capítulo VII del Código Penal del Estado de Chihuahua con algunas reformas, de esta manera: “Artículo 206 Quater: a quien o quienes, por medio de la violencia física o moral, o por sus actos de violencia reiterada, con el propósito de ejercer el control, dominio o alguna actividad ilícita, ocasione que una persona o grupo de personas cambie, huya o abandone su lugar de residencia habitual, se le impondrá prisión de tres a diez años y de cien a cuatrocientos días multa”.
“No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o participa en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio”.
Consultados sobre dicha reforma, expertos internacionales y nacionales en desplazamiento forzado interno coinciden en que se criminaliza a las víctimas.
Defectos de la ley
Anahí Ruelas, directora de Vinculación y Derechos Humanos de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, opina que en el contexto de Chihuahua, de los casos que ella ha conocido, una de las causas de los desplazamientos forzados es la violencia ocasionada por grupos delincuenciales, donde se habla de que hay actos muy directos contra familias.
“Parte de lo que han dicho las fiscalías al momento de probar una investigación es que no es por desplazamiento sino por los delitos que se llegan a cometer, que es una pelea entre familias”, y cuestiona: “¿Ahí cómo acreditas que había un propósito de tener un control, un dominio o alguna otra actividad, como lo refiere el Código Penal del Estado de Chihuahua?
“Si se atiende el concepto de cómo se originan los desplazamientos de violencia ocasionados por grupos delincuenciales que operan en ciertas regiones, quizá ni siquiera se podrá acreditar el tipo penal. Creo que eso incluso debería observarse al momento de una tipificación, en un tipo penal se tiene que poner la conducta exacta, para estandarizar un poco, como lo hizo el estado de Guerrero que abarca un poco más de conductas que pudieran encuadrar el contexto en el que se origina el desplazamiento en ciertas regiones”.
Ruelas considera que, en lugar de hablar o señalar a la persona agresora, estigmatiza a la víctima y revierte el tipo penal donde dice: “Que se propicie o participe en hechos de violencia contra el activo”.
“Me parece un candado importante donde en estos casos el dicho de la fiscalía es que fue un conflicto entre familias. En esos contextos de zona pequeña donde todo mundo sabe a qué se dedican, obviamente sabes a qué se dedica cada quien, y hay oportunidad de repeler a esa acción”, agregó.
Para Anahí Ruelas, es contradictorio que se hable del carácter de la víctima centrado en el actuar de la víctima, en un tipo penal se analiza la conducta de la persona activa, es un desacierto porque criminaliza a la víctima y matiza la conducta de desplazamiento en Chihuahua que son como por razones territoriales, con violencia, estigmatiza a la víctima, inhibe a que puedan ejercer alguna acción para proteger su vida y dignidad”.
Añadió que ninguno de los estados que han tipificado el delito de desplazamiento forzado, como Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Sonora, se refiere al sujeto pasivo o a la víctima para darle carga, sólo hace referencia a quien comete el acto.
En el caso de Chihuahua, además, el tipo penal tiene un alto estándar de acreditación la violencia moral, porque es complicado acreditarla. “¿Qué implicaría una violencia moral? ¿cómo la acreditas, a partir de qué peritajes y pruebas se acredita?”, cuestionó.
El viernes 16 de junio la Diócesis de la Tarahumara señaló que, después de ser desplazadas las primeras comunidades mencionadas, el grupo delincuencial amenazó a la comunidad de Santa Tulita, y parte de la comunidad también huyó.
Por ese motivo solicitaron a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván que se garantice la pacificación de la zona con rondines, que un Ministerio Público permanezca en Baborigame de manera permanente para dar seguimiento a las denuncias.
Asimismo, que se proporcione ayuda humanitaria a las familias y que garanticen el retorno seguro e inmediato de ellas.
Tala ilegal
De manera paralela la tala ilegal avanza sin consideración en las regiones de comunidades desplazadas y de quienes resisten en su territorio, principalmente de los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Madera y Ocampo.
