Debido a la aparición de diversas “narcomantas” en el estado de Morelos, la FGR tiene abiertas 14 carpetas de investigación para saber quién las colocó y si lo que dicen es veraz: que el gobernador Cuauhtémoc Blanco y funcionarios de su gobierno tienen vínculos con la delincuencia organizada. A estas carpetas se agregan otras tres que la Fiscalía Anticorrupción local mantiene vivas contra el mandatario. Todo ello derivó en que dos organizaciones de abogados morelenses presentaran una solicitud de juicio político contra Blanco, cuyo futuro queda en manos de Morena, bancada mayoritaria en el Congreso estatal.
Durante los cuatro años que lleva la gestión del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha sido persistente la colocación de mantas en diversas zonas del estado en las que presuntos grupos de la delincuencia organizada han expuesto los supuestos vínculos del mandatario y su gobierno con el Comando Tlahuica, célula del cártel conocido como Los Rojos.
Las acusaciones han derivado en la apertura de diversas carpetas de investigación; y la presentación de una solicitud de juicio político contra el gobernador por parte de la Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Nueva Asociación de Abogados Morelenses; en dicha solicitud también exigieron la destitución del secretario de Seguridad, el almirante en el retiro José Antonio Ortiz Guarneros.
Para las organizaciones de litigantes existe información suficiente para que las autoridades investiguen la “posible complicidad” de Cuauhtémoc Blanco con el crimen organizado, reflejada -aseguran- en acciones, omisiones y actuaciones contrarias a la Constitución y a las leyes estatales y federales de seguridad pública, así como en desvío y subejercicio de los recursos destinados para esa tarea.
La larga relación de mantas que se han publicado contra el gobernador ha sido registrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de acuerdo con documentos hackeados a la dependencia por parte del colectivo Guacamaya. En esos documentos se detalla el seguimiento que la dependencia comenzó a dar desde 2019 al gobernador de Morelos por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada (Proceso No. 2402).
Debido a que en estas mantas se incluyen amenazas, la Fiscalía General de Justicia está obligada a investigar quién las colocó y su contenido.
Proceso confirmó que desde agosto de 2019 y hasta noviembre de 2022 se han iniciado 14 carpetas de investigación por la colocación de estas mantas durante el actual gobierno de Blanco.
Las pesquisas no sólo tienen que ver con la identidad de sus autores, sino también con las aseveraciones de que Cuauhtémoc Blanco tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2019 a 2022 los homicidios dolosos en la entidad han aumentado: pasaron de 911 en todo 2019 a mil 41 al cierre del 2022.
Sin embargo, de enero a abril de 2023 -en sólo cuatro meses- la cifra con la que cerró todo el año 2022 se disparó hasta mil 603 homicidios dolosos.
Amenazas y reproches
En este contexto, las mantas colocadas por toda la entidad incluyen amenazas contra todo aquel integrante del gobierno estatal y municipal que apoye a amigos y cómplices de Santiago Mazarí El Carrete, integrante de Los Rojos, como la diputada Rosalina Mazarí, del PRI, a quien la Sedena relaciona con dicha organización.
“Estaremos atentos a quien se preste o la apoye prometemos erradicar a todos los lacras del estado y ella será el próximo objetivo”, señala un mensaje colocado en la Colonia Ricardo Flores Magón, en Cuernavaca, el 11 de agosto de 2019.
Ahí se señala a Cuauhtémoc Blanco y a Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) del estado, de tener como su mano derecha a Antonio Mazarí, hermano de El Carrete. “Ellos son los que financian el terror en el estado, ahí nada más se nota la prioridad que está en el estado y municipio, ustedes dirán quien le saldrá al toro para defender a estos cerdos que se han enriquecido a costa de secuestros y extorsiones”, indica.
En diciembre de ese mismo año, las autoridades hallaron otro mensaje en la autopista México-Acapulco, a la altura de la colonia Atlacomulco en el municipio de Jiutepec, por el que se inició la carpeta de investigación SC01/11407/2019 por amenazas contra Blanco Bravo y José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina del Gobierno de Morelos, a quienes se les exigió quitar de sus puestos a los comandantes de la policía Raúl Gómez Cruz, Arturo Mandujano Domínguez y Luis Alejandro Radilla Hernández, a quienes los autores del mensaje llamaron “enemigos militares”.
Proceso informó que la SEDENA documentó que desde junio de 2018 el Comando Tlahuica también colocó mensajes con amenazas contra José Manuel Sanz Rivera por supuestamente no cumplir con un presunto pacto que realizó con dicha organización para entregarles el control de la administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).
En las mantas documentadas por SEDENA, Sanz Rivera fue señalado por supuestamente entregar el control de Cuernavaca a Los Rojos, lo que posteriormente fue confirmado por el exalcalde de dicho municipio, Antonio Villalobos Adán, quien refirió que el pacto fue realizado desde la administración de Blanco en la capital morelense.
En enero de 2022 El Sol de México informó que Cuauhtémoc Blanco se reunió, meses después de rendir protesta como gobernador del estado, con tres supuestos líderes del narcotráfico: Irving Eduardo Solano Vera, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación; Raymundo Isidro Castro Santiago, también del CJNG y Homero Figueroa Meza, líder del Comando Tlahuica.
El diario publicó una fotografía en la que Blanco aparece con dichas personas en la iglesia de Yautepec, durante la misa del 12 de diciembre de ese 2018 por la virgen de Guadalupe, confirmó el vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera.
Blanco negó conocer la identidad de las personas con las que fue fotografiado y acusó que la difusión de las imágenes tuvo motivos electorales.
Los comentarios de Blanco ocasionaron molestia entre supuestos integrantes de la delincuencia organizada pues provocaron la colocación de tres mantas en las que le reprocharon su actitud, una en Avenida Rómulo Hernández, en la colonia Centro de Oaxtepec, en el municipio de Yautepec; otra en el Libramiento Oriente sin número, Fraccionamiento Volcanes en Cuautla y la tercera en la Plazuela Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en Avenida Reforma en Cuautlixco, Cuautla.
“Aquí se rompen los acuerdos, jorobado hijo de tu p…, no se te ocurra desconocer los acuerdos m…, deja de darte baños de pureza. Acuérdate quién te mandaba dinero para comprarte ropa c…, me respetas y te respeto de lo contrario soltaré datos exactos de la muerte de Samir (Flores Soberanes). Acuérdate de todos los favores que me pediste antes de la llegada de AMLO a Morelos y para muestra, acuérdate que la Iglesia nos unió p…, también recuerda un poco de nuestros negocios en SAPAC, no te hagas p… Cuauhtémoc Blanco, a mí me respetas y no te hagas p…, tú sabes dónde es esa foto y saludame mucho a Hugo Erikc. Entiende p… que si me respetas te respeto y todos tus p… gatos están de testigos de nuestra amistad que ahora quieres traicionar put… PD. Si quieres más datos específicos sigues chin… a tu madre c…”, decían las mantas.
Samir Flores Soberanes, fue un activista y comunicador del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien fue asesinado en febrero de 2019 afuera de su casa en la comunidad indígena de Amilcingo.
Un día antes del homicidio, el activista se manifestó contra la puesta en marcha de una termoeléctrica en el Estado de Morelos.
La difusión de la imagen de Blanco con supuestos integrantes de la delincuencia organizada también es investigada por las autoridades.
Las amenazas de las mantas también incluyen a los alcaldes morelenses pues en un intento por amedrentar a Blanco, los mensajes señalan que los presidentes municipales serán ejecutados como represalias a que el gobernador de la entidad supuestamente no cumple con los pactos.
El futuro, “en manos de Morena”
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos tiene abiertas tres carpetas de investigación en contra de Blanco y con las que el año pasado intentó someter al gobernador a juicio de procedencia para así lograr su desafuero y poder actuar penalmente en su contra.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos inició en 2021 una investigación contra el gobernador de la entidad por fraude procesal, luego de que viajó a Brasil en las vacaciones de diciembre de ese año junto con su familia, por lo que dejó acéfala la gubernatura sin previa autorización del Congreso local.
La otra investigación fue iniciada por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración al considerar que sus percepciones como alcalde y gobernador no coinciden con sus declaraciones patrimoniales y la tercera carpeta es por ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos para obtener constancias de residencia en Morelos y cumplir con dicho requisito para llegar a la gubernatura.
Desde 2016 la extinta Procuraduría General de la República (PGR) inició dos investigaciones en su contra por falsificación de documentos, uso indebido de documentos electorales y otorgamiento de documentación falsa para supuestamente lograr ser electo como alcalde de Cuernavaca.
En aquel entonces la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) era encabezada por Santiago Nieto, quien reveló en su libro Sin filias ni fobias. Memorias de un fiscal incómodo, que intentó ejercer dos veces acción penal en su contra pero que su defensa siempre aportaba nuevas pruebas de descargo para retrasar la audiencia de imputación.
Posteriormente, a propósito del sismo de septiembre de 2017, el entonces oficial mayor de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Jorge Márquez, reunió al abogado de Blanco con Santiago Nieto. El funcionario invocó la idea de “estabilidad por el bien del estado” con el propósito de negociar un criterio de oportunidad a favor del entonces alcalde de Cuernavaca.
Proceso confirmó que las investigaciones iniciadas recientemente por la Fiscalía Anticorrupción siguen en trámite. Esto, pese a que en el año 2022 solicitó juicio de procedencia, pero la entonces directora de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Morelos, la diputada Paola Cruz (Morena), determinó que no había elementos suficientes para conceder dicha solicitud.
Fuentes consultadas por este semanario explicaron que el dictamen de la diputada Cruz no fue aprobado y el asunto permanece archivado en el Congreso de Morelos. Sin embargo, la Fiscalía no puede tramitar una solicitud nueva con base en las mismas investigaciones y hasta ahora no ha sido presentada una nueva petición.
De acuerdo con la legislación vigente, sólo la Fiscalía morelense puede solicitar iniciar juicio de procedencia contra el gobernador o la ciudadanía puede requerir al Congreso iniciar juicio político.
Por eso, el pasado 12 de mayo la Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Nueva Asociación de Abogados Morelenses acudieron al Congreso en calidad de “ciudadanos” para solicitar juicio político contra Cuauhtémoc Blanco.
El futuro de Blanco está en manos de Morena, que formalmente es oposición al gobernador, aunque éste ha sido defendido abiertamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena tiene 15 de los 20 diputados en el Congreso estatal, suficientes para alcanzar las dos terceras partes para proceder en contra del exfutbolista.
La petición formal fue presentada apenas el 12 de junio ante el Poder Legislativo morelense en la que acusan a Blanco de incumplir con la “gobernanza en materia de seguridad y manejo de recursos públicos”.
“Es un documento nítido, estudiado, trabajado y probado, sobre todo, están los elementos que creemos conflictivos, por lo tanto, pues ya está en la cancha de los diputados”, dijo Alexis Jair Velasco Alcocer, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos.
La organización anunció que ratificarán la petición el 15 de junio próximo y afirmó que los argumentos de la solicitud recaen en la inaplicación de planes, programas y proyectos en materia de seguridad, así como en el desvío y subejercicio presupuestal por parte de Blanco y su administración.
“Carpetas y expedientes siempre va a haber, a nosotros los litigantes que llevamos la representación de las personas que sufren algún delito es importante que se lleve a cabo una buena ministración de justicia, nosotros levantamos la voz porque también hemos sido víctimas en el estado de Morelos de diferentes homicidios y feminicidios, queman despachos, levantan abogados y los encuentran muertos después de cierto tiempo…y no solamente el gremio jurídico, estamos siendo afectados todos los morelenses por la delincuencia, estamos en un estado que ya fue rebasado por la delincuencia”, dijo Velasco Alcocer en entrevista con Proceso.
Los abogados morelenses también consideraron relevantes las acusaciones vertidas en las mantas que han sido desplegadas en la entidad.
En mayo, cuando anunciaron la intención de solicitar juicio político contra Cuauhtémoc Blanco, los abogados también informaron a autoridades federales a través de diversos escritos dirigidos al presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión.
