Especialistas en temas energéticos consideran que el acuerdo A/018/2023 de la Comisión Reguladora de Energía, que incluye los ciclos combinados entre las energías limpias, pese a utilizar combustible fósil, sólo le servirá al gobierno mexicano para maquillar sus cifras y aparentar que cumple los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París contra el cambio climático. Además, la cúpula patronal advierte que la medida contraviene puntos específicos del T-MEC, lo que podría abrir nuevos frentes jurídicos con Estados Unidos y Canadá.
La decisión del gobierno federal de modificar “de un plumazo” los valores de referencia y los criterios utilizados para calcular la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dejan “en ridículo” al país de cara a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París para la reducción de emisiones de carbono, además de que desatarán una ola de litigios de empresas afectadas.
“El acuerdo nos sorprende por el hecho de incluir ciclos combinados dentro del concepto de energías limpias. Simplemente modifican una fórmula, relajan los parámetros de cogeneración eficiente para incluir centrales que antes no podían ser incluidas como energías limpias porque tienen un componente de combustibles fósiles como es el gas natural, que se utiliza en ciclos combinados”, advierte en entrevista con Proceso Edmond Frederic Grieger, vicepresidente de la Comisión de Energía de la International Chamber of Commerce, ICC México.
Abogado y experto en asuntos de derecho energético y ambiental, Frederic de plano denuncia que el acuerdo A/018/2023 de la CRE pasó por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y fue exentado del análisis de evaluación de impacto regulatorio para publicarse finalmente en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo último.
El acuerdo incluye los ciclos combinados, tecnología utilizada en varias centrales de la CFE como elegibles para recibir Certificados de Energías Limpias (CELs)
Dichos certificados fueron implementados en 2014 como un mecanismo para promover la reducción de carbono en la matriz energética y aumentar el porcentaje de electricidad proveniente de fuentes no fósiles; para ello se establecieron metas de 20% en 2018 y 35% en 2024.
De hecho, la Ley de Transición Energética (LTE) obliga a alcanzar un objetivo de 35% de energías renovables para 2024 y la Ley General de Cambio Climático (LGCC), en su artículo 3 transitorio, inciso “e”, menciona dicha meta de 35% de energía limpia para 2024.
Sin embargo, la suspensión de las subastas a largo plazo en 2018 y las modificaciones de las normas de despacho, que favorecen a los combustibles fósiles en vez de las energías renovables, obstaculizan el alcance de este objetivo.
“Modificas definiciones en el acuerdo –explica Grieger– pero que van contra las leyes ya preestablecidas y que están vigentes como la LGCC y la LTE. Sí, en este acuerdo se incluye como ciclo combinado, es lo más importante como energía limpia, pero en la LTE expresamente se establece que no pueden ser considerados los ciclos combinados como energía limpia. Entonces, (el acuerdo) va en contra de las leyes que actualmente tenemos en la materia”.
El “ridículo”
Sobre la utilización del gas natural en los ciclos combinados, el fundador de Iniciativa Climática de México (ICM), Adrián Fernández, señala:
“El gas no es un combustible de transición, el gas no nos sirve. Si México pretendiera, como lo está tratando de hacer la CFE, que la nueva demanda la vayamos a atender con más plantas de gas, las emisiones de gases de efecto invernadero del país van a ser pico en esta década, seguirán subiendo”.
Para el también presidente del Instituto Nacional de Ecología de 2005 a 2011, “además este ridículo al que están poniendo al país es gratis, no gana absolutamente nada México con que hayan modificado esos términos y que ahora ellos en su contabilidad digan que ya tenemos 35% de energías limpias, ¿Por qué no ganamos nada? Porque en los hechos no estamos haciendo nada para que se incremente la producción y la participación de energías con cero emisiones y, sobre todo, energía nueva”.
Según cifras de la Secretaría de Energía (SENER), en 2022 la producción de electricidad, a partir de fuentes limpias y renovables, perdió terreno. La participación de la energía renovable cayó 0.4 puntos porcentuales en un año, llegando a 24.4% del total nacional con un volumen de 82 mil 983 Gigawatts por hora en 2022.
De hecho, ICM y otras organizaciones como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtieron el pasado 26 de mayo que este nuevo acuerdo no añadirá ni un solo Megawatt de capacidad de energías renovables a la matriz eléctrica ni reducirá ni una sola tonelada de bióxido de carbono adicionales a las medidas que se habían ya considerado para avanzar con el cumplimiento de las metas comprometidas por México en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27).
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sostuvo que, con el acuerdo, la imagen y reputación del país como destino confiable para atraer inversiones responsables con el medio ambiente se podría ver afectada, pues las empresas requieren de un marco regulatorio coherente con las normas mundiales que actualmente impulsan la elaboración de productos con base en energías limpias.
“No es con acuerdos para disimular la realidad o alterar las cifras, sino con acciones efectivas como México cumplirá sus metas y compromisos”, alertó el organismo patronal el pasado 30 de mayo.
Al respecto, Adrián Fernández prevé que “este acuerdo va a generar la falsa percepción de que México está teniendo un progreso significativo en lo que respecta a energías limpias, cuando no es así. El presidente debe entender estas burdas maniobras que le están haciendo y que yo creo que él no quiere que lo hagan quedar en ridículo con Estados Unidos, la comunidad internacional y ante el Acuerdo de París”.
El Acuerdo de París es un tratado internacional legalmente vinculante. Entró en vigor el 4 de noviembre 2016 y en la actualidad lo han firmado 194 países, incluido México.
