“La ciencia no existe en el vacío. Tiene efectos sociales”. Carl Zimmer, divulgador científico. 2023.
Es innegable que la sociedad mexicana ha logrado numerosos avances relevantes en ciencia y tecnología durante las últimas décadas, como también lo es que enfrenta desafíos importantes en términos de inversión, infraestructura y formación de recursos humanos. Por ejemplo, en términos de inversión, el gasto público en ciencia de México representa un porcentaje del PIB que está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE,) y bien podría ser el más bajo en términos reales de todos ellos, puesto que no llega ni al 1% del PIB nacional. Además, una gran parte de este gasto se destina a actividades administrativas y no a la investigación científica propiamente dicha. Esto dificulta la inversión en infraestructura y el apoyo a proyectos de investigación de mayor impacto social. En cuanto a la infraestructura, México cuenta con algunas universidades públicas que hacen investigación científica, así como con un sistema de instituciones públicas de docencia e investigación que han contribuido al desarrollo en el país. Sin embargo, muchas de estas instituciones públicas enfrentan desafíos en términos de gestión administrativa, opacidad, endogamia, corrupción, falta de infraestructura, recursos, equipo y tecnología de punta, lo que ha limitado su capacidad para realizar sus tareas sustantivas de investigación, docencia, vinculación y difusión del conocimiento científico.
Coincidimos en señalar que la iniciativa de ley cursada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión el pasado mes de diciembre y que está a punto de ser votada después de pasar por un proceso de Parlamento Abierto y discusión; presenta aspectos positivos, tales como los siguientes: reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, fortalece al CONACYT y a las comunidades científicas, y pretende incidir positivamente en el desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional. Decimos que fortalece al CONACYT porque reconoce el papel fundamental de los Centros Públicos de Investigación (CPI), además de impulsar una agenda nacional democrática, pertinente y transversal, que promueve acciones concretas para que las comunidades humanísticas, académicas, científicas y tecnólogas construyan soluciones concretas para enfrentar los problemas nacionales. Tal vez el atributo principal de la iniciativa sea la creación y articulación de un Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, cuyas bases generales se fundan en el pensamiento racional, reflexivo, dialógico, crítico y creativo para alcanzar una mejor ciencia mexicana. Dicho Sistema Nacional de Centros Públicos tendría como objetivos avanzar el conocimiento universal; realizar investigación en ciencias de frontera; fortalecer el desarrollo de tecnologías estratégicas, así como promover la aplicación novedosa de las ciencias y las tecnologías en el mejoramiento o generación de nuevos productos, servicios, procesos productivos o sistemas de gestión. Todo ello, con apego a los principios de pluralidad y equidad epistémicas, con lo que se reconoce la libertad de investigación y pensamiento. En conjunto, la iniciativa promueve que el financiamiento para las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación se incrementen de manera progresiva y contempla mecanismos de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada, además de ampliar las fuentes de recursos al convocar a los gobiernos estatales a participar en el financiamiento público. También prevé la asignación universal de becas a estudiantes inscritos en programas de investigación de todas las áreas del conocimiento.
Si bien dicha ley aún no ha sido votada por el Congreso, cosa que se espera que ocurra a la brevedad, busca un impacto positivo en el abatimiento del rezago estructural e histórico en la materia y en una mejor gestión de las humanidades, ciencia y tecnología en el país. Entre las medidas que se contemplan, se encuentra el aumento del presupuesto a ciencia y tecnología, la promoción de formación de recursos humanos y la creación de un marco jurídico y administrativo que permita el desarrollo amplio de proyectos de investigación. Además, se busca promover la colaboración entre instituciones de investigación y empresas, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología. Todo ello podría tener un efecto positivo en la consolidación de una comunidad de humanidades, científica y tecnológica más transparente y dinámica, más plural y diversa y mejor capacitada para enfrentar los desafíos globales del siglo XXI, donde la nueva ley desde luego que no será una llave mágica para resolver todos los problemas, pero sí podría ser una herramienta útil para abatir el rezago y facilitar e impulsar la investigación científica. En cuanto a la formación de recursos humanos, México cuenta con una amplia oferta de programas de licenciatura y posgrado en áreas de ciencia y tecnología tanto en universidades e instituciones públicas como privadas. Sin embargo, aún existen evidentes brechas en la calidad y la pertinencia de muchos programas de educación superior y de posgrado, tanto entre instituciones como entre las regiones del país, especialmente desde la descentralización educativa promovida hace algunos sexenios. Luego está la mal entendida y peor practicada autonomía de muchas instituciones superiores, que no puede ser entendida como autarquía; además de los rezagos en la formación de recursos humanos en áreas claves como medicina y enfermería (tuvo que venir una grave pandemia para reconocerlo), inteligencia artificial, biotecnologías o energías renovables, solo por citar algunos casos.
La iniciativa plantea la creación de un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que tendría como objetivo coordinar y promover la investigación científica y tecnológica, así como la investigación en humanidades y ciencias sociales. Uno de los puntos más destacados de esta iniciativa es fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores, que buscaría reconocer y apoyar a los investigadores que destacan en su área de especialización. De esta forma, se busca incentivar la excelencia en la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías. Además, la iniciativa también establece la obligación de las instituciones públicas y privadas de difundir los resultados de la investigación científica y tecnológica, lo que puede contribuir a la creación de una cultura científica en el país y a la valoración de la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales para el desarrollo social. La iniciativa constituye entonces un paso importante en la dirección correcta, que puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad mexicana, empezando por los segmentos menos favorecidos de la población.
La iniciativa también ha sido objeto de diversas críticas. Se dice que el proceso de elaboración del proyecto de iniciativa de ley no contó con la participación y consulta suficientes a la comunidad científica y académica, lo que podría limitar la efectividad y relevancia de la ley. Se dice también que a la iniciativa le falta claridad en los objetivos y estrategias. Otros han señalado que el proyecto no es suficientemente claro en cuanto a los objetivos y estrategias para fomentar la ciencia y la tecnología en México, lo que podría dificultar la implementación efectiva de la ley. También se ha señalado que el proyecto limita la colaboración internacional, lo que puede limitar o entorpecer la participación de México en redes y proyectos de investigación globales. En resumen, las críticas a la iniciativa se centran principalmente en su falta de consulta amplia, la falta de claridad y sus silencios y excesos regulatorios. Al respecto es importante señalar que si bien las críticas son válidas y deben ser tomadas en cuenta en el proceso de discusión y mejora de la ley, también es necesario considerar que se trata de un proyecto en discusión y no una ley ya aprobada y en vigor. Tampoco sobrará decir que una ley no puede prever al detalle todos los casos o supuestos normativos de aplicación, sino que representa un marco de actuación institucional en tanto norma general.
También debe apuntarse que en los procesos democráticos resulta fundamental que se escuchen y consideren todas las opiniones y puntos de vista posibles para hacer cualquier ley, máxime una de ciencia y tecnología, buscando llegar al consenso más amplio posible. Así, entendemos que la iniciativa del Ejecutivo tiene un enfoque basado en el beneficio colectivo y social y no en la transferencia masiva de recursos a los privados, las multinacionales o al talento personal y meritocrático de los individuos más favorecidos. La iniciativa en discusión pretende definir procedimientos e instancias responsables para llevar a cabo los propósitos de la ley, traerá tal vez cambios en el Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de Posgrados, cuyo objetivo expreso es valorar la incidencia social del trabajo científico y académico, lo que también parece positivo.
Desde el punto de vista de la ampliación de los Derechos Fundamentales en México, la iniciativa en discusión es novedosa porque incluye expresamente y de modo relevante el concepto del Derecho Humano a la ciencia. Al respecto se puede pensar que se refiere a un derecho nuevo o inventado recientemente por la coyuntura mexicana o bien para hacer frente a los desafíos que la ciencia y la tecnología generan en una sociedad moderna y en complejo cambio. Sin embargo, el Derecho Humano a la ciencia es un derecho ya recogido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 que fue dejado de lado por décadas. Lo podemos encontrar incluso antes, en el sistema regional interamericano y en particular, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Valga decir entonces que el derecho a la ciencia va más allá de la visión tradicional o pasiva de “beneficiarnos” socialmente del progreso científico, y busca contenidos más amplios de participación, como la divulgación, la participación social en la creación y en la formulación de políticas científicas, así como en la construcción de las libertades y responsabilidades de quienes hacen ciencia desde un punto de vista democrático y participativo.
De manera que este derecho pretende garantizar el acceso a la ciencia, la investigación y la tecnología sin discriminación y establecería que los avances de la ciencia serán usados para el beneficio de la humanidad y de la sociedad mexicana en su conjunto, lo que tiene implicaciones importantes en la promoción del desarrollo más equitativo y sostenible y en la lucha contra la pobreza, y la enorme desigualdad, buscando incentivar el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo. Partimos entonces de la idea que el acceso a la ciencia y la tecnología debe ser equitativo y justo para el mayor número de personas posible, independientemente de su género, raza, etnia, origen social o económico, o de su ubicación geográfica. Sin embargo, en muchos países y comunidades, tal es el caso por desgracia hasta hoy de México, el acceso a la ciencia y la tecnología está limitado por barreras de clase, género o etnia, así como económicas, políticas y culturales. Para garantizar entonces este Derecho Humano a la ciencia, es necesario que el estado y la sociedad mexicana tomen medidas para que la ciudadanía se involucre y se “apropie” de la ciencia desde la etapa más básica de la educación formal, es decir que exista una ciencia escolar y “cívica” al lado y como base de una ciencia “científica”, además de fomentar la investigación y desarrollo y garantizar el acceso a la información y al conocimiento científico de un modo que profundice los valores democráticos. Así también se debe garantizar que la ciencia y la tecnología se usen para fines pacíficos y de un amplio beneficio general, y no a sectores o enclaves privilegiados. Es claro que la ciencia y la tecnología pueden contribuir a la solución de los problemas globales compartidos por México como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y la salud pública, de modo que la comunidad científica tiene un papel importante en la promoción del derecho humano a la ciencia, pues las y los científicos deberían también trabajar para garantizar que la investigación y la tecnología se usen de una manera ética y responsable (baste ver el ejemplo de la agricultura transgénica o la gestación humana subrogada) así como para asegurar que los avances se divulguen y compartan equitativamente y no sean patrimonio personal o privatizado. El Derecho a la ciencia tiene mucho que ver entonces con la insoslayable obligación de las comunidades científicas, sobre todo las financiadas con fondos públicos, de abrirse al escrutinio y a la participación ciudadana, transparentarse, rendir cuentas y democratizar su vida institucional y sistemas decisorios. En conclusión, el Derecho Humano a la ciencia es esencial para el desarrollo social y la ampliación y consolidación de otros Derechos Fundamentales de la sociedad mexicana. N.A. El presente artículo de divulgación y difusión también es posible gracias al programa Estancias Postdoctorales por México del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)-El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF).
@efpasillas
