“El día de hoy (24 de marzo) el Ministro Ponente Javier Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del ‘Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’”.
A manera de antecedente preparatorio al desacomodado ánimo presidencial, vale la pena recordar que hace casi un año, el 6 de abril del 2022, desde Palacio Nacional en el inevitable comentario mañanero acerca del análisis jurídico de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a ir al fondo del asunto de la LIE y machacó a su clásico estilo: “Y… no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” (La Jornada, 06/04/22). Y la frase quedó grabada para la historia que hoy reclama su memoria.
El comunicado de la SCJN (104/2023) agrega que concedió la suspensión solicitada por el INE en su demanda, añadiendo que el ministro instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal. Y la Corte remató: “Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.
La reacción del presidente López Obrador se dio tal como era de esperarse, a partir de la verborrea propia de su forma de hacer política y huir para adelante cuando se ve acorralado y se lanzó el sábado 25 contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visiblemente molesto acusó, en una entrevista ante la prensa en su gira de supervisión del Tren Maya por Quintana Roo, que “los distinguidos miembros” del Máximo Tribunal son parte de la “mafia del poder” y partidarios de la oligarquía. Y por supuesto los señaló junto al INE de corruptos, afirmando que en ambas instancias “su dios es el dinero”, claro sin probar nada (Alemao Luna, Infobae, 26/03/23). Clásico.
López Obrador y su movimiento “transformador”, siempre soberbios, ignoraron el clamor de millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, que se manifestaron el 13 de noviembre del 2022 y el 26 de febrero de este año contra ese amañado y perverso Plan B. Primero descalificando las marchas y concentraciones, minimizándolas a cada una de ellas, a pesar de ser expresiones ciudadanas multitudinarias libres y auténticas, defendiendo al INE, al voto libre y la amenazada democracia mexicana. Y respondiendo, con todo el poder del Estado, con contramarchas ordenadas desde Palacio Nacional, torta y frutsis incluidos.
Paralelamente, desde la Ciudad de México, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el freno al Plan B “es reflejo del enojo que tiene el bloque conservador de perder sus lujos y privilegios”. Además, afirmó que quienes estuvieron en contra de dicha reforma “tienen miedo de transitar a una auténtica democracia, donde la gente mande”. “Por sus pistolas la suspendió. De ese tamaño es el coraje que tiene la derecha y sus aliados”, se lamentó. (Alemao Luna) Por supuesto, se saltó la parte incómoda de señalar, como su presidencial jefe, aquél cuento de que la ley es la ley. Sencillamente la ley, la legalidad, no está en el radar de su discurso político, les incomoda.
Pablo Hiriart en su siempre aguda columna del 26 de marzo de 2023 en El Financiero, hace un comentario que hoy podemos confirmar en nuestra realidad política nacional y que se refiere a la conducta de los gobiernos de los diferentes regímenes de los países actuales: Hay “países democráticos donde los presidentes rinden cuentas y el electorado castiga, a diferencia de las naciones totalitarias (¿México?) en que los ciudadanos rinden cuentas de sus actos a los gobiernos y los gobernantes castigan.” Contra esta posibilidad, es que la participación ciudadana se movió en noviembre y febrero, para mantener la esencia de la democracia, donde la soberanía efectivamente se encuentre en el pueblo, no en los que se autodesignan sus voceros o representantes, un ciudadano, un voto, ello bajo la protección y cobijo de la Constitución y las leyes. Cosa que ni el presidente López Obrador, ni sus rémoras, aceptarán.
Hoy, una parte mayoritaria de los mexicanos, podemos congratularnos, porque, a pesar de la sumisión del Poder Legislativo a la disciplina imperiosa del Ejecutivo, el Poder Judicial se ha mantenido independiente y autónomo, respetuoso de la Constitución, de la protección de los derechos humanos de los mexicanos todos, de las leyes. Esa es una invaluable luz para el país en medio de un entorno económicamente complejo, socialmente vulnerable en la salud, la educación, la vivienda; bajo una amenaza constante de los grupos criminales a la paz de las familias y personas mexicanas.
Justamente, el “cuento” que tanto asusta al presidente López Obrador y a sus compinches, de que “la ley es la ley”, con la suspensión de la aplicación del mentado Plan B, nos hace posible a la mayoría de los mexicanos, ver con esperanza el futuro inmediato, para entender que no todo está perdido, y que hay la posibilidad de un mañana mejor.
No perdamos de vista que el respeto al marco constitucional y legal, el compromiso y la participación ciudadana son el camino hacia la recuperación y reconciliación de México, a pesar de la 4t, el presidente y la desorganización de la oposición partidaria.
Y sí, la ley es la ley.
