En los últimos cuatro años se han experimentado eventos a nivel global que se veían muy distantes en el imaginario colectivo. Hasta 2019, la idea de una pandemia estaba fuera del radar de la mayoría de las personas, lo mismo sucedía con la posibilidad de una guerra entre países europeos. Sin embargo, los dos eventos se han dado y han tenido importantes efectos que han trastocado nuestra vida cotidiana. Quizá el aspecto financiero es el que más se ha notado inicialmente, ya que aún se continúan experimentando los efectos de la hiperinflación que se observa en el alza generalizada del costo de la canasta básica y de todo tipo de productos. Sin embargo, también están sucediendo importantes cambios en la economía global, ya que estos eventos afectaron las dinámicas comerciales y financieras entre naciones, lo que está generado, entre otras cosas, una nueva relocalización de la producción industrial de empresas de países desarrollados, principalmente las instaladas en el continente asiático, hacia países que les otorguen mayor certidumbre en la producción y que tengan mayor afinidad con sus países de origen. Se trata pues, de una reconfiguración de la globalización.
Se espera que México sea uno de los principales receptores de esta relocalización industrial, lo que junto a los procesos sociopolíticos locales por los que está transitando el país, sin duda tendrán diversos efectos en nuestras ciudades. Como antecedente inmediato de qué efectos se podrían esperar, vale la pena recordar que la hiperglobalización económica de la década de los noventa del siglo pasado y la mayor independencia con la que ya contaban en ese periodo los gobiernos estatales y municipales en cuanto al diseño de políticas económicas y urbanas, implicaron que diversas autoridades locales se enfocaran en el desarrollo de estrategias y herramientas para atraer inversiones extranjeras a sus territorios con el propósito oficial de mejorar las condiciones económicas de sus habitantes.
Sin embargo, esta forma de gobernar tuvo profundas contradicciones, ya que se sustentó en la idea de que la llegada de empresas extranjeras provocaría una derrama económica que beneficiaría a todos los habitantes de las ciudades. No obstante, no solo no se consiguió ese propósito, sino que se observó una rápida transformación del espacio urbano que dejó de lado los requerimientos de la población originaria y se adaptó a las necesidades del capital internacional (tal como la construcción de grandes centros comerciales) lo que acentuó algunos problemas ya existentes en las ciudades, por ejemplo, la segregación socioespacial, la movilidad urbana, y la situación ambiental. En el primer caso, la deficiente planeación urbana y la especulación inmobiliaria, desatada por las de posibles inversiones de empresas internacionales, llegaron al grado tal de realizar grandes proyectos habitacionales en antiguas tierras ejidales y alejados de los centros urbanos pero contiguos a futuros desarrollos industriales, condicionando a la población que los habitó a sólo a esas fuentes de empleos y privándola de la infraestructura social, cultural y recreativa que se tiene dentro del tejido urbano. Cabe señalar que el cambio de usos del suelo que implicó el desarrollo de esos proyectos fue un negocio redondo para los especuladores, ya que las legislaciones locales en la materia no contemplaban instrumentos que permitieran la recuperación de parte las plusvalías generadas para la ciudad, o el estado, y las “ganancias” quedaron en manos de actores privados que, por lo general, eran cercanos a las élites políticas locales.
En lo referente a la movilidad y la situación ambiental, se registró un aumento importante en la cantidad de vehículos privados y de transporte de personal, en algunos casos de forma exponencial, que aunado a la lenta respuesta de las autoridades locales para expandir la red vial y mejorar el transporte público, incrementaron las dificultades de la población para trasladarse al interior de las ciudades. A la vez, esto generó una mayor emisión de gases de efecto invernadero acrecentando los problemas de contaminación que se tenían. A lo anterior, se suma el desabasto de agua que se tuvo en diversas ciudades, principalmente en aquellas en las que se instalaron empresas altamente consumidoras de agua, a pesar de que tradicionalmente ya tenían dificultades para el acceso al líquido. Estas situaciones no necesariamente derivaron de la llegada de empresas extranjeras, pero muestran la necesidad de que las estrategias para el desarrollo económico deben estar en sintonía con las estrategias de desarrollo territorial y los requerimientos de la población.
Aún estamos lejos de ver los diversos efectos que estos eventos globales tendrán en nuestra realidad. Si bien, poco a poco nos enteramos de la llegada de empresas trasnacionales a nuestras ciudades, principalmente del centro y norte del país, se pronostica que esta situación va a incrementar en los próximos meses y años. Esto representa un reto importante para los diferentes niveles de gobierno, ya que además de realizar las gestiones necesarias para concretar esas inversiones, deben garantizar la redistribución de los beneficios que conlleva la llegada de esas empresas y no comprometer los recursos de nuestras ciudades.
El reto es mayor para los gobiernos locales (tanto municipales como estatales), ya que la débil gobernanza y la desigualdad hacen que la planeación urbana apenas funcione al margen de los intereses económicos dominantes. Por ello, mejorar la gobernanza en las ciudades mexicanas se vuelve uno de los retos más importante del siglo XXI. Para lograrlo, es indispensable articular los objetivos de las autoridades estatales, municipales y el sector privado (cada uno en su ámbito de acción) y tener una activa participación como sociedad civil en la toma de decisiones, tanto del tipo de empresas que se busque atraer, como en la actualización o diseño de los instrumentos de planeación que se requieran implementar, los cuales, no sólo responderán a las necesidades actuales, sino que serán el libreto que guiará el desarrollo futuro de nuestras ciudades. Participar es vital, ya que las autoridades gubernamentales terminarán sus períodos de gobierno, pero los beneficios o problemáticas generadas se quedarán en nuestras urbes.
