La procuración de la justicia en Oaxaca está asentada en la impunidad, la corrupción y los pactos entre los grupos políticos donde las Fiscalías Regionales están ligadas a los grupos de poder o a los caciques regionales, o bien, a la delincuencia organizada, afirmó la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
Su afirmación la soporta en que en la entidad “hay una estructura inoperante que hace que en Oaxaca tengamos una impunidad del cien por ciento, que lo convierte en el estado con mayor grado de impunidad en México”.
En un pronunciamiento sobre la designación del nuevo fiscal y la justicia en Oaxaca, resalta que “Oaxaca es el estado del país donde se han cometido más crímenes en contra de personas defensoras de los derechos humanos y el territorio, a la fecha suman un total de 34 en los últimos 4 años y la justicia no llega”.
Consideran que “la situación estructural que hemos descrito va más allá del nombramiento de un fiscal (porque) en las Fiscalías no existen los instrumentos, los procedimientos, ni la tecnología necesaria, no tenemos una policía profesional para investigar delitos. En suma, la reforma al sistema penal no pasó por Oaxaca.
Recordaron que, el pasado 25 de enero, la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca eligió a José Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo titular de la Fiscalía General, en sustitución de Arturo Peimbert Calvo que renunció a dicho cargo el 23 de diciembre de 2022.
“Este nombramiento ha generado diversas reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, así como de actores sociales y políticos debido a la importancia que reviste esta designación para la impartición de justicia, la democracia y los derechos humanos en el estado”, reflexionó EDUCA.
Destacó que “México atraviesa por una grave crisis de acceso a la justicia, corrupción e impunidad. El nuevo sistema de justicia penal fracasó debido a que no avanzó, a la par de las reformas y modificaciones constitucionales, la capacitación de los ministerios públicos, la profesionalización de operadores y funcionarios, el incremento al presupuesto y tampoco se logró contar con una policía profesional y confiable.
El índice de impunidad federal alcanzó, tan sólo en el año 2021, 96.1%, superior a la de años anteriores (México Evalúa).
Lamentaron que “en materia de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas y el sistema Interamericano difícilmente inciden en las acciones de los operadores de la justicia en el país en casos graves contra personas defensoras y periodistas y, aunque existen convenios de cooperación, casi no se permite su coadyuvancia en las investigaciones. En México la justicia no llega”, sintetizaron.
Respecto a Oaxaca, mencionaron que, en el actual gobierno de la 4T, es decir, los últimos cuatro años, se han cometido 34 asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y el territorio y estos crímenes permanecen en total impunidad debido a una falta de rigor en la investigación criminal y a una ineficaz actuación del aparato de impartición de justicia.
Aunado a esto, en los dos primeros meses del actual gobierno estatal ocurrieron 25 feminicidios y la mayoría de los perpetradores siguen libres.
Además, existen expedientes rezagados de casos graves: la Masacre de Agua Fría (2002); los crímenes contra activistas de la APPO (2006-2007); el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010), sólo por mencionar algunos de los casos de mayor resonancia.
Con todo y la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, los casos no avanzan, entonces, este panorama nos revela un estado de desinterés, rezago e impunidad en la impartición de justicia en Oaxaca.
Entonces, “la designación de Rodríguez Alamilla, viene a ser otro nombramiento dentro de una estructura que no funciona. Si no observamos la grave crisis de la procuración de justicia en Oaxaca nos vamos a quedar solamente en la crítica al nombramiento de una persona”.
En cuanto “a los casos de personas defensoras, que como EDUCA acompañamos, no se han logrado avances. No hay una actuación de la Fiscalía en lógica de derechos humanos, se abren carpetas de investigación como ‘homicidios cualesquiera’, debido a la falta de claridad de la Fiscalía que no entiende el papel que juegan las personas defensoras en la sociedad. Además, no hay recursos para medidas cautelares, ni un sistema de protección”.
Insistieron en que “la justicia sigue siendo a modo, se persiguen delitos por consigna o por interés político. (ya que) las actuaciones de la Fiscalía son poco transparentes y eficaces”. También recalcaron que “existe mucha responsabilidad de la Federación y del Poder Judicial en estos casos. De muy poco ha servido que desde la sociedad civil se propongan iniciativas de ley, protocolos, medidas de protección, si estas no se cumplen y la justicia no llega a las víctimas y sus familias”.
“Consideramos que tienen que darse cambios en el modelo de procuración de justicia en Oaxaca. En principio, se requiere una reforma integral a la Fiscalía, hacer una institución que sirva, transparente, cuyas actuaciones estén apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos, con personal profesionalizado y presupuesto suficiente para el desempeño de su misión”.
Así como “revisar el trabajo de las Fiscalías Regionales para impulsar los cambios necesarios. Valorar el desempeño de las Fiscalías Especializadas y la reestructuración de estas. Retomar carpetas y expedientes rezagados para profundizar en investigaciones que lleven a fincar responsabilidades penales a perpetradores de crímenes”.
Finalmente, mencionaron que les preocupa el futuro de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la falta de titular y el poco interés que parece existir en el gobierno de la cuarta transformación en la protección y salvaguarda de los derechos humanos, coloca a este organismo autónomo en una situación de vulnerabilidad. Se suma a esta fragilidad la falta de un Consejo Ciudadano en funciones, el desmantelamiento de las Defensorías Especializadas y la ausencia de estrategias para prevenir riesgos; esto en medio de una ola de asesinatos de personas defensoras.
“Esperamos que tanto la Fiscalía como la Defensoría no se conviertan en apéndices del gobierno, sino por el contrario que sean instituciones fuertes, que cumplan con su labor de defender a la sociedad y procurar la justicia y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca”, se puntualizó en el pronunciamiento.
