Ante la nueva iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley HCTI) enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, integrantes del Colegio de Investigadores del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la consideraron “un retroceso frente a avances en el derecho humano a ‘gozar de los beneficios de la ciencia e innovación tecnológica”, y explicaron el por qué en cinco puntos.
La respuesta de los investigadores de uno de los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se dio en una “carta abierta” que hicieron llegar a Proceso, dirigida a los diputados Javier Joaquín López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología; Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación; María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del CONACYT; Gabriela Sánchez Gutiérrez, directora general del Instituto Mora, y a la opinión pública. Ello en respuesta a la iniciativa presentada por AMLO a la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre.
Tras señalar un desacuerdo en lo general debido a que consideran que sus participaciones en consulta y discusiones no fueron tomadas en cuenta, apuntaron sus consideraciones en cinco puntos.
Los señalamientos
En el primer apartado relativo a la libertad de investigación, los integrantes explican que la propuesta de Ley HCTI restringe ese ejercicio a prevenir, atender y solucionar problemáticas nacionales sobre la base de agendas temáticas (Apartado IV inciso 2 de la Exposición de Motivos), sometiendo la creación del conocimiento al interés político y la agenda nacional dictada por un Consejo Nacional “sin intervención efectiva de la propia comunidad científica, es decir, sin libertad de investigación”.
En el siguiente se destaca la “Situación laboral”, apuntando que el artículo 3, fracción VII, de la Constitución vigente establece que el personal de instituciones de educación superior se norma por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, y la iniciativa de Ley HCTI establece que las relaciones de trabajo entre el Consejo Nacional y sus trabajadoras y trabajadores se regirán por el Apartado B (art. 62): “Esto es una flagrante violación a nuestra carta magna y ataca derechos laborales adquiridos, porque, efectivamente, las empleadas y los empleados de los CPI tenemos firmados nuestros derechos en Contratos Colectivos de Trabajo registrados ante la autoridad laboral y amparados por la Ley Federal del Trabajo. Esta modificación trastoca y desconoce las relaciones laborales que han permanecido desde hace años y han permitido el funcionamiento armónico y productivo de nuestras instituciones”.
En el tercero destacan que, según la iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo, se busca un Junta de Gobierno que restringiría la participación de las personas dedicadas a la ciencia, la tecnología, las humanidades, la innovación y la academia exclusivamente a espacio deliberativo, cuando sean invitados, pero negándoles capacidad de decisión, con voz, pero sin voto (Art. 64): “Esta Junta de Gobierno, entre otras atribuciones, designará a las directoras y directores de cada CPI, así como a otros funcionarios y personal, decidirá presupuestos, aprobará y expedirá normativas y tendrá la facultad de decidir cuáles serán las actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación reconocidas y válidas (Art. 65)”.
“En la misma línea de control directo del Poder Ejecutivo federal sobre los CPI, se pretende dominar, mediante mayoría, los órganos de gobierno y dirección, los de consulta y evaluación como comités académicos y técnicos, asambleas y comisiones dictaminadoras. Asimismo, condiciona el funcionamiento de los órganos de gobierno y dirección a la asistencia mayoritaria de los representantes de la Administración Pública Federal (Arts. 88, 89, 93, 94)”.
Para el cuarto punto apuntan que en la Ley HCTl el Estado no asumiría obligación respecto a recursos económicos públicos, eliminando el compromiso de dedicar el 1% del PIB que dicta la legislación actual, “esta medida supondrá un severo deterioro en la generación de conocimientos y saberes”.
Finalmente, en el último apartado señalan que el Consejo Nacional organizaría los CPI en grupos para facilitar articulación en el cumplimiento de objetivos, lo cual les resulta preocupante, pues la reorganización podría implicar pérdida de autonomía académica de centros, e incluso la desaparición de algunos: “Consideramos importante insistir en la defensa de los CPI porque son instituciones que se han manejado con transparencia y rendición de cuentas, que han sido sujetas a evaluación y auditorías constantes. Los CPI destacan por hacer un uso ético y responsable de los recursos públicos…”.
Y culminan refrendando el compromiso de trabajo en “una propuesta de una ley más justa, equitativa y sensata que no atente contra los avances y los derechos de las mexicanas y los mexicanos y permita el desarrollo científico y cultural del país”.
Al calce el contacto de la Mesa Coordinadora del Colegio de Investigadores del Instituto Mora, cuya sede física se encuentra en la Plaza Gómez Farías en la colonia San Juan, alcaldía Benito Juárez.
