En el mundo existen 40.9 millones de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) migrantes para el año 2020, representan el 14,6 por ciento de la población migrante total y el 1,6 por ciento de todos los niños en el mundo.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la niñez define como “niño” a todo ser humano menor de 18 años”. Sin embargo, las definiciones y categorías utilizadas por los Gobiernos que recopilan información en los puntos de entrada fronterizos y durante los procesos de asilo varían, tal como varían los conceptos de “niñez”.
En México el número de menores migrantes detenidos por las autoridades mexicanas aumentó 30% durante los primeros cinco meses del 2022 en comparación al 2021, pasando de 16,262 menores a 21,063 en el periodo de enero a mayo y al finalizar 2021 la cifra se elevó a 75,592 de los cuales 3 de cada 10 menores de 11 años viajaban solos.
En nuestro estado las políticas migratorias continúan en total abandono pues a pesar de la reciente creación del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes no se distingue un plan de trabajo claro con enfoque a salvaguardar los derechos humanos de las familias migrantes como lo establece el artículo 22 fracción III de la ley de Protección al migrante para el estado de Aguascalientes:
“Aplicar acciones para que el tránsito de personas migrantes por el Estado tenga como prioridad la defensa de los derechos humanos”
Estas acciones no se han visto reflejadas en el auxilio y protección de los derechos de los menores migrantes y sus familias enmarcados en la ley de migración federal (Arts. 6 al 15) y estatal (art. 10) quienes con Oficio de Salida definitiva del país son obligados a caminar en las calles de Aguascalientes a su suerte; menores que no han tenido acceso a la justicia, al debido proceso y sobre todo a la humanidad.
Autoridades de los tres niveles que carecen de coordinación y ganas para entablar mecanismos transversales de protección que contemplen en todo momento el “Interés superior de la niñez y adolescencia” una Comisión de Derechos Humanos ausente y una Comisión de Migración sin interés por legislar en favor de las personas migrantes que transitan por Aguascalientes.
Sin embargo, cuando todo parece perdido los ciudadanos somos la opción, somos los ciudadanos los que ofrecemos nuestros recursos, son ciudadanos los que abren refugios improvisados para ayudar a migrantes, sin un peso de ayuda gubernamental, albergues rebasados en cantidad y tratando de desdibujar la ausencia de quienes han decidido voltear para otro lado.
En días pasados he sido testigo de cómo se saca a las familias de migrantes a la calle, niños aun con el traje de deportación de Estados Unidos, niños que gritan y celebran la libertad mientras los tenis se les salen de los pies pues como delincuentes les hacen quitarse las agujetas para meterlos en las Estaciones migratorias separándolos de su padre y bajo el solo resguardo de la madre en celdas diferentes y digo celdas porque eso son, cuartos pintados de blanco con barrotes que los separan mientras esperan a ser “procesados” sin el menor respeto al debido proceso pues aunque algunos de ellos portan permisos vigentes los destruyen y en muchos casos las mismas autoridades desconocen que a partir del año 2021 se emitieron nuevos formatos de documento y los toman por falsos y de igual manera se los destruyen e indistintamente les dan la orden de salida definitiva del país.
Aguascalientes es el “punto B” de acuerdo con los oficios de salida así que son trasladados desde estados fronterizos y una vez que llegan a la delegación en Aguascalientes son sacados en grupos de 5 personas a la calle sin importar si son familias con menores mientras un guardia de seguridad privada les grita que caminen que no se pueden quedar allí. Familias que no tienen idea de donde están ni para donde ir, familias con niños en brazos que se quedan en la calle sin que ninguna autoridad les asista; familias que no pueden viajar a su destino pues en las centrales de autobús les niegan la venta de boletos pues argumentan que es obligatorio presentar tarjeta migratoria cuando los únicos facultados para pedir dicha documentación son las autoridades migratorias de acuerdo con la ley de migración (Art. 16 Fracc. II).
Podemos seguir enlistando violaciones a los derechos de las personas migrantes y sobre todo a los menores migrantes pues su paso por México se convierte en un verdadero calvario, sin embargo, uno de los temas que más me preocupan es que a personas en trámite de refugio se les destruyan sus documentos y se les inste a abandonar el país violentando su derecho a la “protección complementaria y no deportación” establecidas en la Ley de Refugio poniendo en peligro su integridad y seguridad.
Hago un llamado a las autoridades federales y a las autoridades del Instituto de las personas migrantes en Aguascalientes a establecer mecanismos de protección y como mínimo a implementar los que ya existen para evitar que más familias queden al desamparo en las calles y a merced de la delincuencia organizada.
Las personas migrantes tienen opción, las personas migrantes tienen derechos y el estado debe garantizarlos.
Texto por Nadine Cortés
Activista Internacional por los derechos de las personas migrantes.
