Ante casos documentados de abusos cometidos en Tamaulipas por miembros de la Guardia Nacional, la SEDENA y la Marina –entre ellos ejecuciones y masacres–, la CNDH concluye los expedientes de queja con base en los informes de esas instituciones, sin realizar investigaciones exhaustivas y sin considerar las pruebas que presentan los afectados. En los hechos, el organismo “no defiende los derechos de las víctimas –su razón de ser–”, sino que “se vuelve defensor del agresor” y con ello “garantiza impunidad” y se coloca en un “nivel de confabulación” con las Fuerzas Armadas, señala el activista de derechos humanos Raymundo Ramos.
Señalada de abdicar en sus funciones ante la militarización de la seguridad pública del país, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, “avala” masacres, ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza militarizada desde hace dos décadas.
Tal es la acusación que lanza Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien durante el proceso de auscultación para designar a la persona que sucedería al entonces ombudsman Luis Raúl González Pérez, decidió respaldar en nombre de su organización a Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, e incluso acudió a su toma de protesta ante el Senado, el 12 de noviembre de 2019.
Tres años después, el miércoles 7, ante el pleno del Senado, para explicar la tibia actuación de la CNDH frente a abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, Piedra Ibarra informó que había emitido 12 recomendaciones contra la Guardia Nacional y 10 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sobre hechos pasados y del presente, y argumentó:
“La realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales”.
Un día antes de emitir esas declaraciones, en Nuevo Laredo, María Isamar Pérez Caballero denunciaba, desde una cama de hospital, que miembros de la GN le dispararon sin motivo mientras transitaba en su automóvil en las inmediaciones del Puente Internacional.
En una videograbación divulgada por el CDHNL, la mujer narra que una camioneta de la GN intentó cerrarle el paso, pero ella aceleró; los militares la alcanzaron e impactaron su vehículo, para después dispararle en dos ocasiones.
“Me empezaron a hablar muy feo, me quebraron los vidrios del carro, les pedí ayuda, miraron que estaba sangrando y no me quisieron ayudar”, narró María Isamar, al reconocer que fueron los vecinos que atestiguaron lo ocurrido quienes pidieron una ambulancia que la trasladó al Hospital de Especialidades, donde es atendida por heridas provocadas por impactos de arma de fuego.
Este caso, presentado ante la CNDH, forma parte de una serie de quejas que alertan sobre los riegos que vive la población de Nuevo Laredo ante la militarización de la seguridad pública.
Para Ramos Vázquez la situación se agrava cuando la CNDH decide concluir expedientes de queja presentados por el CDHNL por abusos cometidos por miembros de la SEDENA y GN, basados en los informes de las instituciones aludidas, sin una investigación exhaustiva, de campo y de la mano de las víctimas.
En entrevista con Proceso, Ramos comparte oficios de conclusiones de quejas presentadas ante la CNDH en las que no se incluye la consideración de las víctimas ni las pruebas presentadas por ellas y sus representantes, e incluso falseando información, al señalar que los agraviados y sus representantes no presentaron elementos.
Valles de Anáhuac
Entre los casos más graves, está la conclusión de queja y remisión a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas de lo que se ha conocido en Nuevo Laredo como “la masacre de Valles de Anáhuac”, ocurrida el 5 de septiembre de 2019, en la que ocho personas fueron ejecutadas de manera arbitraria, registrándose privación ilegal de la libertad de las víctimas, actos de tortura contra cuatro personas y el allanamiento de tres viviendas.
En los hechos estuvieron involucrados policías estatales adscritos al Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y efectivos del Ejército mexicano, autoridades que recurrieron a un montaje para simular un enfrentamiento.
El caso fue presentado por el CDHNL ante la CNDH, y fue admitido durante los últimos días del mandato de Luis Raúl González Pérez, dándole el número de queja CNDH/2/20219/8078/Q, y otorgando medidas cautelares para al menos 30 personas, familiares de víctimas y sobrevivientes de las torturas, que estaban siendo amedrentadas por policías estatales y militares tras denunciar los hechos (Proceso 2237).
Por la “masacre de Valles de Anáhuac”, colonia donde se ubica el domicilio en que fueron localizadas las ocho víctimas mortales, el 23 de septiembre de 2019 la Fiscalía estatal detuvo a siete policías del CAIET, que están siendo procesados por el secuestro y la ejecución extrajudicial de Wilbert Irrastreto, Juana Jetzel Graciano Magaña, Cindy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Jennifer Hazel Romero López, José Daniel Saucedo Hernández y Severiano Treviño Hernández.
El 12 de agosto pasado, el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ofreció disculpas públicas a los familiares de las ocho víctimas mortales y las personas sobrevivientes.
Dieciocho días después de ese acto de reconocimiento de responsabilidad, el director general de la Segunda Visitaduría, Omar Pasaran, notificó al presidente del CDHNL que había remitido el caso al organismo estatal al considerar que “los elementos del Ejército Mexicano el 5 de septiembre de 2019 participó brindando seguridad perimetral durante la detención y traslado de dichos civiles… se encontraban a resguardo de personal de la Policía Estatal” comisionados al CAIET.
Sin especificación de fechas, Pasaran sostiene en el oficio que solicitó informes “a las autoridades señaladas como probables responsables”, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región del Sistema Penal Acusatorio con Sede en Ciudad Victoria, y a la presidencia de Nuevo Laredo, concluyendo que “la privación de la vida y actos de tortura correspondieron a actos perpetrados únicamente por elementos de la Policía Estatal”.
Luego de señalar que el agente del Ministerio Público Militar inició una carpeta de investigación y que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa inició un procedimiento administrativo para esclarecer la participación de los militares, el funcionario de la CNDH afirma que la participación de elementos del 16 Regimiento de Caballería Motorizada en Nuevo Laredo “consistió puntualmente en resguardar las acciones de la autoridad estatal de apoyo periférico sin que tuvieran conocimiento inmediato de los comportamientos de la autoridad estatal citada”, por lo que “en las señaladas violaciones a derechos humanos únicamente participaron elementos de la Policía Estatal comisionados al Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET)”.
Pasaran remite a Raymundo Ramos acudir a la COEDHT para que el organismo local resuelva el caso, enviando copia del documento a una serie de autoridades, en primer lugar, al director general de Derechos Humanos de la SEDENA, Ángel Primitivo Flores González, seguido de la encargada de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías; al fiscal estatal, Irving Barrios Mojica, a la jueza de control Rosa María Rodulfo Arcea y a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lila Canturrosas.
El 30 de septiembre el primer visitador de la Comisión estatal, Orlando Javier Rosado Barrera, retornó el expediente de queja, compuesto de 12 tomos a Omar Jair Pasaran tras recordar que desde el 13 de septiembre de 2019, la CNDH a través del entonces segundo visitador general, Enrique Guadarrama, requirió al organismo local el expediente abierto por “la masacre de Valles de Anáhuac”, atrayendo el caso ante la facultad que tiene el organismo nacional de investigar casos graves de derechos humanos sin importar la presunta autoridad responsable.
Tras señalar que luego de tres años de ocurridos los hechos es evidente que la CNDH asumió la atracción, el primer visitador de la COEDHT reiteró que “no es procedente admitir la remisión del asunto en cuestión pues corresponde a ese organismo nacional formular pronunciamiento, sobre los hechos y las autoridades involucradas sin importar que sean el carácter federal o estatal”.
Para el presidente del CDHNL resalta que el director de la Segunda Visitaduría de la CNDH pasa por alto que “los hechos comenzaron con la sustracción de las víctimas de tres domicilios y que en los allanamientos los militares participaron directamente. Los militares vieron a las personas vivas, por eso nos estamos inconformando, porque la CNDH está avalando una masacre en la que participaron las fuerzas armadas”.
Abunda que, si bien los elementos castrenses “pudieron o no participar en las ejecuciones y torturas, sí son responsables de allanamientos y detenciones arbitrarias, ese fue el inicio que terminó con una masacre en la que todavía no se termina de definir si hubo participación de militares, porque todavía no termina el proceso contra los policías de bajo nivel, eso ocurrirá cuando se investigue a la cadena de mando”.
“La peor CNDH”
Ramos sostiene que en los últimos 25 años, es la “peor CNDH” a la que ha recurrido como defensor, pues si bien desde hace dos décadas de documentar violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de Fuerzas Armadas, “de manera sistemática han negado responsabilidad en los abusos en los informes que rinden a la CNDH, pero las investigaciones de campo de visitadores y peritos revirtieron esas versiones y demostraron que en las muertes de los niños Martín y Bryan Salazar, de los estudiantes del Tec de Monterrey y en Tlatlaya, el Ejército falseó información, alteró las escenas del crimen y sembró armas, criminalizó a las víctimas”.
Agrega: “en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el agravante es que el organismo asume como verdad los informes de las Fuerzas Armadas, eso lo hemos advertido en los hechos a partir de un convenio de colaboración entre la SEDENA y la CNDH en diciembre de 2021”.
Entre los cambios detectados por el defensor, es que “se jubiló o se despidió a visitadores de mayor experiencia en materia de fuerzas armadas y pusieron a puros visitadores jóvenes sin experiencia; ordenaron que no acudieran los visitadores ni peritos a los estados y a cerrar los expedientes de queja en tres meses, evitando el menor número de recomendaciones que toquen a la Guardia Nacional al Ejército y a la Marina, en ese orden”.
En los últimos meses, el CDHNL ha sido notificado de conclusiones de expedientes sustentadas en los informes de la SEDENA y la GN y sin acudir a Nuevo Laredo a recabar pruebas de las víctimas y sus defensores.
Uno de ellos es el de Pedro Eduardo Bartolo Trejo, quien el 25 de enero fue herido por elementos de la GN que perseguían a una persona en inmediaciones el Puente Internacional Número Uno y colindante con el río Bravo, caso que ameritó la integración de una carpeta de investigación ante la representación local de la Fiscalía General de la República (FGR), ante la que se presentó como prueba una videograbación que evidenciaba la presencia de los elementos castrenses en el lugar y hora en que fue herido Bartolo.
Pese a que Ramos notificó al organismo de la existencia de esa documentación, el 31 de agosto Pasaran Nieto le notificó la conclusión del expediente de queja, por lo que el defensor interpuso un recurso de inconformidad ante el Órgano Interno de Control el 26 de septiembre denunciando que el director de la segunda visitaduría “omitió solicitar informes a la FGR (…) y las evidencias necesarias para acreditar los dichos por la víctima”.
Otro caso que perfila para cierre es el de la muerte de un joven que viajaba en una camioneta junto con otras tres personas, y que murieron ejecutados por miembros de la SEDENA el 29 de junio de este año, de acuerdo con testimonios y videos tomados por vecinos que atestiguaron los hechos, que no han sido recabados por la CNDH en la ciudad fronteriza.
El 25 de noviembre, Ramos recibió la notificación de que, de acuerdo a informes de la FGR, las víctimas salieron positivas en la prueba de rodizonato de sodio, a lo que el defensor argumento que ese resultado “no es determinante para demostrar que la víctima realizó disparos de arma de fuego”, pues “también puede resultar positiva cuando los cuerpos son bañados de pólvora por disparos efectuados a una corta distancia a manera de una privación arbitraria de la vida como se presume en este caso”.
La última notificación de conclusión de expediente de queja ante la CNDH la recibió el defensor el pasado lunes 5, un caso asumido por la dirección de la Quinta Visitaduría, por tratarse de un caso que involucra a un periodista, Amador Del Ángel Herrera, quien da cobertura a temas políticos y de violaciones a derechos humanos.
En una queja presentada ante la CNDH el 26 de enero, Del Ángel Herrera, colaborador de una televisora local, narra que, en la víspera, mientras se encontraba en las instalaciones de la televisora al mediodía, fue advertido por sus compañeros que su automóvil estaba siendo inspeccionado por militares que ingresaron sin autorización al estacionamiento privado de la empresa.
En entrevista, Del Ángel cuenta que videograbó a los militares que se introdujeron a su vehículo, y que uno de ellos, identificado como sargento Pérez no supo explicar su actuación, prueba que envió al organismo.
Dice que entre febrero y marzo recibió la llamada de un visitador adjunto para decirle que la SEDENA había respondido que “ellos no habían sido” a lo que él advirtió que había varios destacamentos en la ciudad, no sólo el 16 Regimiento de Caballería Motorizada, que tiene sede en Nuevo Laredo.
Agrega que el visitador le pidió que acudiera a esos sitios para “preguntarle a los soldados a qué batallones pertenecían y que le mandara los domicilios a los que tendría que dirigir la solicitud de información”, petición a la que se negó el periodista por considerar que no sería atendida la petición y que ese era trabajo de la CNDH.
Para el periodista, con más de 20 años en el oficio y por esos hechos el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas le otorgó medidas de seguridad, le resulta “preocupante” que, en la conclusión de la queja ordenada por el director de la Quinta Visitaduría Raúl Arturo Ramírez Ramírez, “se diga que yo no aporté pruebas, y la CNDH se quedé con la versión de la SEDENA de que ellos no fueron”.
Ramos retoma que al concluirse las quejas contra las Fuerzas Armadas sin investigación exhaustiva de por medio por parte de la CNDH, el organismo “se vuelve en defensor del agresor, no defiende los derechos de las víctimas, que es su razón de ser”.
El presidente del CDHNL recuerda que cuando se divulgó el video del operativo del 3 de julio de 2020 en que se escuchaba que, tras una balacera y persecución, miembros del Ejército ordenaban ejecutar a sobrevivientes, pensaba que sería un parteaguas y que acabarían las malas prácticas, pero el caso sigue en la impunidad y la CNDH no se pronuncia aún sobre este caso.
“Hoy tenemos una CNDH que evidentemente está de parte de las Fuerzas Armadas, lo que no sólo la hace cómplice, ese es un término romántico, sino que les están garantizando la impunidad, y al estar de parte de un agresor, eso te rebaja a otro nivel, a nivel de confabulación”, sentencia Raymundo Ramos.
