Atienden a 344 adultos mayores, sin ofrecer terapia para evitar fragilidad - LJA Aguascalientes
15/11/2024

  •  Carecen ancianos del estado de recursos para cumplir NOM que los regula
  •  Falta personal especializado, instalaciones y brindar cuidados paliativos
De acuerdo con el estudio levantado por el fisioterapeuta Víctor Vázquez Herrera y personal del Instituto de Salud de Aguascalientes (ISEA), 344 adultos mayores de los aproximadamente 55 mil 924 que residen en la entidad se encuentran internos en alguno de los 11 asilos de ancianos que funcionan en la entidad, ninguno de los cuales cuenta con los recursos técnicos y humanos suficientes para cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 167 de la Secretaría de Salud (SSA), que regula la condiciones de instalaciones, alimentación y personal ara estos establecimientos.
 
Según la investigación, en Aguascalientes hay en total 13 asilos. De ellos,  dos fueron clausurados en los últimos tres años y seis están en posibilidades de cumplir con la NOM, que entre otras cosas establece la cantidad de camas (seis) que deberán colocarse en los dormitorios, las medidas y ubicación de los escalones y otros espacios, el equipo y los insumos médicos que deberán tener disponibles y las reglas a las que deberá sujetarse la alimentación de los internos.
 
Los resultados de esta investigación se obtuvieron tras un año de recorrer los 13 establecimientos y revelan que “las principales necesidades de los asilos se resumen en: apoyo gubernamental” coordinado de todas las instancias, así como “personal calificado, adecuaciones para normalizar los espacios arquitectónicos, manejo correcto y sistematizado del expediente clínico integral, incluyendo programas adecuados de rehabilitación preventiva”.
 
Además, les falta “equipo y medidas de protección civil, capacitación, actualización y tratamiento del personal operativo; mecanismos para la detección y atención de las necesidades del interno, programas para el aprovechamiento del tiempo libre, promoción de educación en tanatología, manejo del duelo y aplicación y perfeccionamiento de la Ley de Protección Especial para Adultos Mayores”.
 
En entrevista con La Jornada Aguascalientes, Vázquez Herrera explicó que las carencias de los asilos impiden que puedan atender adecuadamente las necesidades de la población de 60 ó 65 años y más, la mayoría de los cuales son “adultos mayores en fragilidad”: físicamente tienen desgaste, sumados a enfermedades crónico degenerativas y a que llegan a una edad donde es prácticamente imposible que les den un empleo, pese a que en buenas condiciones pueden ser productivos hasta los 85 años.
 
Lo anterior deriva en un mayor riesgo para su salud; por tanto, mayor dependencia de los demás y eso a su vez implica un gasto social más grande y por eso es importante que los asilos cuenten con todos los insumos para atender a esta población, que según el Consejo Estatal de Población (COESPO), para 2030 alcanzará las 148 mil 241 personas en todo Aguascalientes.
 
Lo que les falta los asilos en materia de calidad de los servicios, detalla el especialista, es contar con un geriatra o médico con experiencia en adultos mayores; un fisioterapeuta, una enfermera geriátrica, una trabajadora social, un psicólogo clínico y un ludo terapeuta y contemplar dentro de su capacitación un tratamiento para el “síndrome de colapso del cuidador, lo que evitará el maltrato y la violencia no detectada a los internos”.
 
También carecen de rampas, pasamanos, suelo antiderrapante y otras herramientas que dan seguridad al desplazamiento de los ancianos y que están establecidos en la Norma Oficial.
 
En el municipio de la capital, donde COESPO ubica al grueso de la población senecta con 37 mil 626 personas mayores de 65 años, se encuentran funcionando ocho asilos, que atienden a 229 internos. Las instituciones de San Nicolás Tolentino, Casa Hogar San Vicente y Alianza para los Desamparados atienden a 50 internos cada uno; La Sagrada Familia, San José, Nuestra Señora de Guadalupe y Rosa María tienen al resto.
 
En los municipios de Calvillo, Pabellón de Arteaga y Asientos se encuentran otros tres asilos en funciones: San José, María Auxiliadora y Matilde Rouvroy de Villanueva, que tienen en total 115 personas a su cargo. Esos tres municipios reúnen a 7 mil 738 personas de la tercera edad.
 
Los dos asilos clausurados son, en 2009, el de El Llanito, mientras que otro en Jesús María fue clausurado hace tres años y “sin embargo aún viven ahí tres personas”. Según las estadísticas extraídas del estudio, del total de asilos seis son atendidos por grupos religiosos y, como datos interesantes, se señala que “existen dos familias que son propietarias entre ambas de cinco asilos”.
 
Es inexistente pero necesaria, sostiene el estudio, la coordinación con instituciones de gobierno para obtener apoyos continuos en especie, así como “establecer la Junta de Asociaciones de Asistencia Privada, pero como organismo representativo de todas las A.C. con recursos propios, tal como lo marca el reglamento del DIF estatal”, insuficiencia económica de la que derivan las carencias en especie.
 
Buscarán apoyo de Congreso para crear unidad de cuidados paliativos y atención a ancianos
 
La intención de Víctor Vázquez es presentar este estudio en un mes ante los legisladores locales para respaldar su petición de apoyo en la creación de una organización civil que preste servicios de atención que requiere la población adulta mayor sin cargo a los asilos.
 
La define como una “unidad anexa de cuidados paliativos combinada con asistencia domiciliaria”, aunque tiene otra propuesta que consiste en una comisión integrada por especialistas de instituciones públicas y privadas que se encargue de prestar los servicios sin cargo a los asilos.
 
Vázquez Herrera calcula que con 5 millones de pesos se alcanzaría a cubrir el salario de ese grupo, que no sería oneroso, pero les permitiría vivir decorosamente, y los gastos que origine atender a los ancianos en cuestión de terapia física, cuidados paliativos y la atención a sus familiares.
 
Además, plantea la coordinación las autoridades locales y federales para el suministro de recursos y que a través del Congreso del estado se suplan algunas deficiencias que todavía tiene la Ley de Protección Especial para Adultos Mayores, aparte de instaurar un comité ciudadano que se encargue de vigilar su cabal cumplimiento.


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