La cannabis sativa es una planta, parte de la familia Cannabaceae. Esta especie es conocida por los efectos psicoactivos que produce en el cuerpo humano al ser consumida, por lo que se ha catalogado coloquial y legalmente como una droga. A partir de este hecho, prácticamente cualquier actividad relacionada con esta — como cultivo, distribución y consumo — se ha prohibido, provocando una serie de problemas.
En México, el acceso a la cannabis aún se encuentra restringido. Aunque se ha intentado aprobar algunas iniciativas que legalicen su consumo, sobre todo con fines recreativos, las leyes de nuestro país actualmente no avalan ni regulan completamente el uso de esta planta.
Para hablar de la legalización de la cannabis primero hay que aclarar ciertos conceptos. Esta hierba contiene más de 100 componentes exclusivos, llamados cannabinoides. Estos son los causantes de los efectos que produce sobre el cuerpo humano, de los cuales existen dos que se encuentran en mayor proporción, el Tetrahidrocannabinol (THC) y el Cannabidiol (CBD).
Ambos causan diferentes sensaciones en el cerebro al ser consumidos por distintas vías, sin embargo es el THC la sustancia que produce los efectos de placer y relajación asociados a los usos recreativos de la cannabis. La preparación para ser consumida con estos fines se denomina marihuana, la cual comúnmente consiste en hojas y flores secas para fumar, aunque también puede ser ingerida de otras maneras.
Aunque hay cepas de cannabis con una concentración mínima de THC — conocidas normalmente como cáñamo, utilizadas con fines industriales — prácticamente todas han sido objeto de prohibición. Investigaciones científicas y conocimientos tradicionales han probado que esta planta tiene también un amplio potencial médico, el cual es limitado por las políticas restrictivas.
¿Por qué es necesario legalizar la cannabis?
Dados los provechos medicinales de la cannabis, las consecuencias negativas de las normas prohibicionistas y los viables beneficios de su industria legal, diversos actores de la sociedad mexicana han solicitado reiteradamente la legalización para consumo de esta especie y sus derivados. Aunque hay argumentos suficientes para sostener esta petición, las instituciones gubernamentales han mostrado reticencia en legislarla y regularla.
Uno de los factores clave para pedir la legalización de la cannabis, especialmente de la marihuana, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha eliminado las normas que penalizaban de manera absoluta el consumo de esta droga, sentando un precedente clave para proteger los derechos de los consumidores.
“La Suprema Corte garantizó el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad en todo el país, y puso en relieve la autonomía de las personas para elegir y materializar su propio proyecto de vida, sin interferencias injustificadas del Estado o de terceros. (…) El criterio reiterado es que la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana genera una afectación intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en contraste con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público”, se lee en el comunicado publicado por la Corte en 2021.
Legalización y regulación de la cannabis
La legalización de la cannabis y sus derivados implica necesariamente regulación. Es decir, al permitir legalmente el consumo de estas sustancias también es importante establecer reglas sobre los procesos de cultivo, transformación, distribución, venta y consumo.
Uno de los aspectos donde es clara la necesidad de regulación es el consumo, como ocurre con el alcohol y tabaco. Restringirlo a mayores de edad y limitar los espacios con humo de marihuana es una decisión implementada por las autoridades donde se ha legalizado. Además, en cuanto a medicamentos que incluyen cannabinoides es importante que los productores sigan lineamientos de calidad y seguridad.
El mercado de la cannabis debe contar con normas claras para su operación. Al eliminar las políticas punitivas es clave incorporar una perspectiva restaurativa y de justicia social, es decir, tomar en cuenta las necesidades de grupos vulnerados para atender la marginación y desigualdad.
Las regulaciones comerciales deben diseñarse con el objetivo de evitar la creación de monopolios y prácticas abusivas. Los incentivos a pequeñas y medianas empresas, sobre todo del sector campesino, deben ser parte de la agenda legislativa, pues de esta manera se impulsa una fuente de ingresos estable para las personas que viven de la tierra.
La transición hacia la regulación debe tomar en cuenta múltiples factores. Por ello, es necesario tomar en cuenta los señalamientos de organizaciones civiles especializadas, así como de sectores vulnerados. El precedente que ha sentado la SCJN juega un papel esencial para que los derechos humanos se encuentren en el centro del marco normativo.
Es importante tener en cuenta que legalización no implica permisividad ilimitada. La petición por la regulación de la cannabis conlleva también una reglamentación clara, razonable y justa. Una perspectiva no punitiva abonará a evitar la criminalización de grupos vulnerados, al respeto de los derechos humanos, a la inclusión económica de sectores marginados y, potencialmente, a la disminución de violencia en nuestro país.
