Desde que se conoció la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014, los mandos del Ejército previeron que se verían involucrados en las investigaciones y se concertaron para sostener que ninguno de sus elementos participó en el crimen. No obstante el discurso aperturista de su comandante en jefe actual, el Presidente López Obrador, documentos hackeados por el colectivo Guacamaya confirman que la jerarquía militar sigue tratando de ocultar información vital del caso.
El hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por parte del colectivo Guacamaya permitió documentar la continuidad en el abordaje del caso Ayotzinapa por parte de esa dependencia durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
Una revisión de algunos de los millones de documentos filtrados por los activistas de Guacamaya, alerta sobre la existencia de una política institucional de la SEDENA de ocultamiento de información, de protección a personal militar, el desdén a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), así como el recelo hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las organizaciones de la sociedad civil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.
El lunes 3, el portal de Proceso y otros medios dieron a conocer documentos firmados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y obtenidos por la filtración de Guacamaya, que revelaban cartas enviadas a López Obrador.
En una de las misivas, fechada el 18 de enero de 2021, Sandoval evidencia su intención de influir en el proceso penal que se sigue contra el capitán José Martínez Crespo, exculpándolo de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y su papel en la desaparición de los estudiantes.
Otra carta, del 31 de marzo del mismo año, cuestiona la decisión de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de reabrir la recomendación 15VG/2018, relacionada con el caso Ayotzinapa, focalizándola en la participación del Ejército.
El 16 de abril de 2021 Sandoval González reportaba a López Obrador que, ante cuestionamientos de las expertas Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz sobre el Centro Regional de Fusión e Inteligencia de Iguala, les respondió que “dicho centro dependía del entonces Centro de Investigación y Seguridad”.
El 29 de septiembre de 2022, en su último informe el GIEI señaló que el secretario alegó que los datos que solicitaban, entre ellos el uso del programa espía Pegasus, “no se encuentran o no existen, aspecto que no responde a la verdad”.
Semanas antes de la presentación de ese informe, la agenda del titular de la SEDENA revelaba que el 18 de septiembre –cuando presentó su reporte Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ– se reunió con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra.
En su calidad de comisario de la Gendarmería en Guerrero, de la entonces Policía Federal, García Harfuch fue uno de los funcionarios federales que después de la desaparición de los normalistas se reunieron en Iguala con Tomás Zerón, en ese momento encargado de la investigación y ahora prófugo, como uno de los responsables de construir la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto.
El GIEI, “izquierda radical”
Documentos obtenidos gracias al hackeo de Guacamaya resaltan la preocupación en la SEDENA por el caso Ayotzinapa desde el inicio de la administración de López Obrador.
El 19 de diciembre de 2018 se envió desde el correo del jefe del Estado Mayor de la SEDENA, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, al correo del secretario Sandoval González el documento “Propuesta para fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas”, en el que se recomienda reforzar la propaganda castrense ante el desafío que representaría “la creación de la Guardia Nacional”, que implicaría que “la seguridad del país estará, más que nunca, bajo la responsabilidad del Ejército”.
Cabe destacar que la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, que nació como un órgano civil, se aprobó en el Congreso el 28 de febrero de 2019, dos meses después de esa comunicación.
En ese documento Trevilla considera como elementos de “debilidad” a organizaciones de la sociedad civil, partidos y agrupaciones “identificadas con la izquierda radical”, entre los que incluía al GIEI. Esos grupos, dice, “consideran que lo políticamente correcto es descalificar a las Fuerzas Armadas, a quienes identifican irreflexivamente de manera automática con actos de represión, excesos de poder y violación de los derechos humanos”.
Agrega el general en su escrito: “Instancias como Amnistía Internacional, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otros organismos extranjeros han invertido y ganado amplios espacios en medios de comunicación para construir una imagen negativa del Ejército y lo seguirán haciendo”.
Entre los correos que recibió el general secretario en sus primeros días de gestión destaca el del 31 de diciembre de 2018, de la consultora Guerra Castellanos y Asociados, Comunicación Estratégica, en el que presentaba su reporte “Retrospectiva y prospectiva anual. SEDENA 2018-2019”.
El documento considera como elemento de análisis el caso Iguala, el que “más presencia en medios de comunicación tenga” ante la formación de la CoVAJ, cuya creación se decretó el 3 de diciembre de 2018.
En ese informe se revisan las agendas de la SEDENA en los ámbitos militar y de seguridad, política, económica, social y de derechos humanos, así como internacional y de redes sociales, considerando que en el primer año de gobierno de López Obrador seguiría “bajo la mirada atenta de organismos internacionales y agrupaciones defensoras de los derechos humanos”.
El estudio anticipaba que, dentro de la CoVAJ, “un sector de los padres de las víctimas exijan profundizar el papel desempeñado por personal del Ejército que, según versiones, se encargaba de monitorear las cámaras del C4 de Iguala, con el objetivo de determinar si los militares pueden aportar mayores elementos sobre la desaparición de los normalistas”.
En el cúmulo de información enviada a Sandoval González resalta la asesoría del embajador emérito Sergio González Gálvez, asesor del alto mando militar desde 2000 hasta que falleció, en marzo de 2020.
Según un documento de González Gálvez, emitido el 14 de enero de 2019 y dirigido al general secretario, alertaba del contenido de entrevistas publicadas en la revista Proceso a los integrantes del GIEI Ángela Buitrago y Carlos Beristain, en su edición del 13 de enero de ese año. Los expertos planteaban la rendición de cuentas del Ejército mexicano y de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República en la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Desde el punto de vista del embajador emérito, las declaraciones de Buitrago y Beristain reflejaban “más un sentimiento más de venganza que un deseo legítimo para averiguar qué pasó con los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos”, en tanto que “abiertamente sugieren que nuestras Fuerzas Armadas cometieron hechos ilícitos”, declaraciones que, según González, los descalificaba para continuar en el GIEI durante el actual gobierno.
