La Sedena, la dependencia más hermética y opaca del gobierno federal, quedó de golpe al desnudo: más de 4 millones 144 mil documentos le fueron extraídos por el colectivo Guacamaya, el cual empezó a compartirlos con activistas y periodistas. Entre los documentos internos aparecen los contratos de las obras emblemáticas de la 4T, informes confidenciales de inteligencia, fichas detalladas de delincuentes, la agenda del secretario Luis Cresencio Sandoval y hasta información de casos emblemáticos que han involucrado a la institución castrense, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo minimizó con una canción de Chico Che, el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizado por el colectivo Guacamaya pone al desnudo las entrañas de una de las instituciones más opacas del gobierno federal, a la que el mandatario ha entregado el control de la seguridad pública, las aduanas, la migración, la inteligencia y las principales obras de infraestructura.
En total, más de 4 millones 144 mil correos electrónicos internos y externos de la Sedena, enviados entre enero y 2010 hasta el pasado 3 de septiembre, fueron extraídos por el colectivo –que ha realizado acciones similares contra los Ejércitos de otros países latinoamericanos–, y compartidos con periodistas y defensores de derechos humanos en plataformas seguras.
Entre los documentos internos de la Sedena aparecen contratos del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o del futuro aeropuerto de Tulum, pero también informes confidenciales de inteligencia a nivel federal o muy local –incluyendo fichas detalladas sobre delincuentes– y hasta la agenda personal del general secretario Luis Cresencio Sandoval, desde su participación en eventos públicos hasta sus encuentros privados con políticos, empresarios o su polémico antecesor, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, con quien se reunió apenas el pasado 17 de agosto.
El 29 de septiembre el equipo del periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer una primera muestra de los documentos de la base de datos de Guacamaya en su programa en Latinus, en la que reveló cómo la Sedena transportó de emergencia a López Obrador de su finca en Palenque al Hospital Militar para un proceso médico, o sobre la decisión del mandatario de abortar el operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán.
El mandatario reconoció al día siguiente que los documentos eran verídicos –desmintiendo así a algunos de sus simpatizantes, quienes afirmaban en redes sociales que eran falsos–, pero redujo el hackeo a una “politiquería” de sus “adversarios”, y refrendó que no le preocupa porque “todo está dicho” y que su gobierno no oculta nada.
Sin embargo, una primera revisión efectuada por Proceso a la base de datos exhibe que, entre el océano de correos electrónicos –muchas síntesis de prensa o asuntos formales– emergen por lo menos 198 mil correos electrónicos que contienen información confidencial, incluyendo carpetas de investigación, datos de aseguramientos, actas de recepción de armas, solicitudes de apoyo de otras dependencias, bitácoras de vuelos e información enviada y recibida por las áreas de inteligencia o actas de reuniones con funcionarios de Estados Unidos.
Un ejemplo del carácter sensible de la información: en la ficha de un presunto delincuente, la Sedena plantea la advertencia que con el secretario de Seguridad Pública de una ciudad del Noroeste del país “se encuentra infiltrado un integrante o persona afín del Cártel del Pacífico quien les envía información de las actividades que realizan autoridades municipales, estatales y federales, lo cual permite reaccionar al citado Cártel de manera inmediata”.
Los documentos ofrecen una mirada inédita sobre la estructura y el funcionamiento de la Sedena, y podría ofrecer nuevos elementos sobre algunos de los casos de interés público más emblemáticos que han involucrado a la institución castrense, como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa –existen al menos 6 mil entradas que hacen mención a la escuela normal y a sus estudiantes– o la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, para la cual hay más de 3 mil 400 entradas.
Entre los documentos que encontró Proceso figuran reportes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia, el sucesor del Centro de Investigación en Seguridad Nacional, por la Guardia Nacional, por la Fiscalía General de la República o por el Instituto Nacional de Migración, que ahora trabaja de la mano con la Sedena para impedir el paso por el territorio mexicano de las personas migrantes.
Con el pretexto de la Seguridad Nacional, la Sedena suele reservar la mayor parte de su información, y no publicar sus contrataciones y proveedores en las plataformas oficiales como Compranet. En la base de datos aparecen por las menos 342 mil entradas relativas a cotizaciones y más de 74 mil relativas a contratos, incluyendo material bélico, aeronaves no tripuladas o helicópteros.
Entre los documentos emergen también esquemas e información sobre los principales grupos delincuenciales, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Noreste.
Al poco tiempo de difundirse el programa de Loret de Mola se creó en Twitter una cuenta apócrifa llamada @GuacamayaHacks, que publicó una serie de mensajes en español y en inglés, adjudicándose el hackeo de la Sedena y exigiendo la renuncia de López Obrador. Aunque la manipulación fue muy burda, pues la cuenta enviaba mensajes sin sentido y ataques tendenciosos mal escritos contra el mandatario, consiguió 44 mil seguidores en 24 horas.
El grupo Guacamaya hizo saber que “nunca tendrá cuentas en redes sociales” y negó que aquella sea suya.
Su planteamiento, expresado en forma de poema, evoca motivos antimilitaristas, antiautoritarios, anticapitalistas y antiimperialistas. “Siglos de violencia y dictadura, siglos de que el futuro y la vida estén en las manos de genocidas psicópatas. Es por esto que Guacamaya nos filtramos en sus sistemas y hacemos pública la propia documentación de estos entes del terror”, establece el manifiesto, y agregó: “Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones”.
Guacamaya planteó que daría acceso a la base de datos a periodistas e investigadores.
