A ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa permanece la indignación entre sus padres: indignación contra el “luto” proclamado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López –dando por muertos a sus hijos–; indignación contra la Fiscalía General de la República (FGR) por anular 21 órdenes de aprehensión, incluyendo 16 contra militares; indignación contra el encubrimiento del Ejército; e indignación contra la filtración de información a medios para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia.
Durante el mitin que clausuró la marcha conmemorativa de la desaparición forzada, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, madres y padres reiteraron sus críticas históricas contra Enrique Peña Nieto y el círculo de altos funcionarios que encubrieron el crimen con la llamada “verdad histórica”, a las que sumaron los reclamos a López Obrador, así como al fiscal Alejandro Gertz Manero –de quien pidieron la renuncia– y a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otrora coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero.
En un pronunciamiento leído durante el mitin, los padres resaltaron que la impunidad ha imperado en 4 años de administración de Peña Nieto y en 4 de López Obrador, durante los cuales “la jerarquía militar toma la tribuna y lanza amenazas, se niega a ser investigado a pesar de las pruebas sobre sus responsabilidades directas e indirectas”.
“La administración pasada se confabuló con delincuentes (…) la actual, pese a su compromiso, solo ha presentado avances parciales, hipótesis sin solidez probatoria”, deploraron, al recordar que la FGR se desistió de 21 órdenes de aprehensión –de 83 solicitadas, como lo reveló la periodista Gloria Leticia Díaz en Proceso– y señalar que volvieron a surgir “fantasmas” que movieron información para “golpear a funcionarios comprometidos”.
Emiliano Navarrete reconoció que el gobierno de López Obrador avanzó en sus investigaciones –“quizás por que ganara popularidad”, analizó–, pero denunció que “cuando se llegó al punto de tocar al Ejército todo se vino por abajo: todos se echaron la bola”.
“Enrique Peña Nieto dijo que los militares no eran responsables cuando nosotros sabíamos la verdad (…) sabíamos que unos estudiantes fueron llevados al 27 batallón y ahí fueron desaparecidos”, denunció Blanca Nava.
Los familiares de normalistas también rechazaron el día luto que decretó por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues equivaldría a reconocer la muerte de sus hijos, a pesar de no tener sus restos. Advirtieron que, mientras no se tengan pruebas que digan lo contrario, seguirán buscándolos bajo la consigna de “¡Vivos los queremos!”.
“¡No nos sentimos de luto!”, reclamó Joaquina García Velasco.
Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, denunció que mediante la filtración de información “siento que nada más se están burlando de uno”.
“No nos han dado respuesta, tanto Enrique Peña Nieto nos engañó con su verdad histórica, que yo le dije que era la mentira histórica, y ahora yo le digo a este nuevo gobierno que ya no se burle de nosotros; ¡Queremos saber la verdad!”, soltó, al reclamar que las órdenes de aprehensión se están girando por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.
En el arranque del mítin, los padres pidieron un homenaje de un minuto por sus compañeros que fallecieron en el “largo caminar” de búsqueda de la verdad, cubriendo con una chapa de silencio la plancha del Zócalo, donde ya no quedaba rastro de las estructuras del magno concierto de Grupo Firme anoche, las cuales habían sido sustituidas por un muro de imponentes vallas instaladas para impedir el acceso a la catedral y al Palacio Nacional.
Ven retroceso
Las filtraciones de expedientes, el esparcimiento de rumores, la liberación de presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y el abandono de cargos contra 21 acusados –incluyendo 16 militares–, en los días anteriores al octavo aniversario de la desaparición de los normalistas.
Estos elementos apuntan a que la FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están saboteando la labor de la
Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada por el fiscal Omar Gómez Trejo, y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), que dirige Alejandro Encinas.
Los avances reportados este año en las investigaciones de ambas instancias exhiben cada vez más la participación activa del Ejército en la desaparición de los estudiantes, y recentran la atención sobre el 27 Batallón de Iguala, que nuevos elementos señalan como posible sede de atrocidades.
La FGR actuó a espaldas de su fiscal Gómez Trejo cuando mandó detener al exprocurador Jesús Murillo Karam con vicios de procedimientos –que permitirían al autor de la “verdad histórica” conseguir un amparo para salir de cárcel–, o cuando se desistió de presentar acusaciones contra 21 funcionarios federales, militares y el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco.
“Pensábamos que íbamos para adelante, pero con estos nuevos golpes se vuelve a retroceder”, deploró Mario César González Contreras, quien dijo no entender “por qué el presidente quiere jugar”.
Tras recordar que la filtración es “el modus operandi del gobierno”, González dirigió un mensaje a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la capital y aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de 2024:
“¡Que Claudia no defienda a este malviviente que es Omar García Harfuch!, le va a dañar en la campaña tener a un delincuente a su lado”, dijo el padre.
En su conferencia matutina de hoy, López Obrador reconoció que integrantes del Ejército sí participaron en el crimen de Estado, pero defendió de manera férrea a la Sedena, afirmando que fue creada para defender el país de los “conservadores fifís”, y que las acusaciones contra la institución pretenden entregar la seguridad nacional a agencias extranjeras.
