- Las instituciones, reacias a emitir datos recientes sobre el crimen organizado
- Procuraduría y Secretaría de Seguridad no se ponen de acuerdo en cantidad de secuestros registrados
Un reciente estudio dado a conocer por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) revela datos sobre los índices de secuestros a nivel nacional, así como una evaluación del desempeño en el combate contra este delito entre 2007 y 2009. Según este informe, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado declaró cinco secuestros atendidos en 2007; 19 en 2008 y no ofreció dato alguno para 2009. Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en Aguascalientes se registraron 17 secuestros en 2007 y 22 durante 2008. Para 2009, nuevamente no se indican cifras.
En cuanto al desempeño contra delitos de secuestro, el estudio señala un deterioro de las habilidades del estado en la materia. De 2007 a 2008, la calificación del estado bajó de 5,53 a 3,89 puntos. Si bien no es la entidad que registra peores índices de desempeño, está lejos de Baja California Sur, que además de arrojar una puntuación de más de siete puntos en 2009, otorgó datos de los tres periodos estudiados. Entidades como Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas o Puebla no aportaron dato alguno de los requeridos por el estudio al respecto de secuestros.
Desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de México, las noticias de delitos relacionados con la delincuencia organizada, específicamente los secuestros, se han disparado. Según el informe del ICESI, entre el 1 de abril y el 15 de diciembre de 2009, la prensa en Aguascalientes dio a conocer 19 casos de secuestro. Este dato coloca a la entidad en el puesto séptimo entre los de mayor tasa de secuestros con 1,66 raptos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, los datos vertidos por instituciones oficiales al respecto han disminuido considerablemente. Cuanto más recientes las fechas de consulta, menores son los datos obtenidos, tanto de la SNSP como de las procuradurías estatales. Edgardo Valdivia, procurador general de justicia del estado, señala que sí fue cierta la evolución a la alza de las cifras de secuestros. “Hasta 2008, fue en aumento constantemente, de manera muy evidente”, declara Valdivia, y prosigue al señalar que de 2008 a 2009, la cifra bajó “en torno a un 40 por ciento, más o menos”.
Entre los datos contrastados para los años 2007, 2008 y 2009, se detectan varias incongruencias. El informe del ICESI destaca que “las cifras proporcionadas por el SNSP coinciden sólo en 47 por ciento en 2007 con las proporcionadas directamente por las procuradurías”. Y aún más, “en 2008, las cifras proporcionadas por el SNSP ya nada más coinciden con las de las procuradurías en 15 por ciento”. En este sentido, el procurador general de justicia del estado, Edgardo Valdivia, resalta el siguiente factor a tener en cuenta a la hora de cruzar datos: “una cosa es el número de averiguaciones que nosotros (la PGJ) tenemos por secuestro y otra cosa es el número de secuestros que se cometen. Algunas averiguaciones por secuestro las tramita la federación a través de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”. Sin embargo, resalta que “hay algunos casos en los que intervenimos como coadyuvantes cuando (los casos) los lleva directamente la SIEDO”.
“La PGJ actúa independientemente de que haya o no haya denuncia”, especifica Valdivia. “Cuando tenemos conocimiento de algún supuesto secuestro, lo investigamos, hablamos con las personas que puedan tener relación con esto y, si se confirma que ha ocurrido el secuestro, se inicia la averiguación”.
La información vertida por transparencia del gobierno del estado durante 2009 e inicios de 2010 tampoco aclara demasiado los datos. De las peticiones relativas a secuestros, requeridas tanto a la PGJ como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado en el periodo descrito, sólo dos desvelan cifras concretas. El resto, registra como respuesta que los datos requeridos son “inexistentes”, “reservados” o “improcedentes”. Así, la PGJ constata, a través del sistema de transparencia, que en los primeros ocho meses de 2009 se habían registrado once averiguaciones por secuestro. En otra solicitud, la misma procuraduría describe ocho averiguaciones para el mismo periodo.
En cuanto a las detenciones por delito de secuestro, la PGJ aseguró por transparencia que en 2009 se apresaron trece personas. Sin embargo, el procurador aclara que en 2009 “se detuvieron 52 personas” relacionadas con delitos de secuestro. Al respecto de las cifras de secuestros atendidos por la PGJ durante el año pasado, Valdivia asegura que fueron 14 en total. En lo que va de 2010, el procurador declara: “únicamente tenemos conocimiento de un secuestro”.
En lo referente al Grupo Antisecuestros, Valdivia afirma que “está trabajando, definitivamente”. Aunque destaca que “no ha habido una incidencia alta de secuestros” en los últimos meses. De hecho, advierte que en los últimos tiempos “los principales secuestros se han dado por grupos que han entrado al estado y han salido con los secuestrados”.
En pasadas declaraciones, el fucionario indicaba que la tasa de secuestros se veía elevada dado que en la estadística se incluía precisamente la privación ilegal de la libertad. A su vez, mencionaba que las leyes locales no hacían distinción entre este delito y el de secuestro, resultando que en los artículos 136 y 138 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, se hace una perfecta distinción entre ambos: un secuestro, necesariamente implica causar un daño al ofendido o la obtención de un beneficio económico, no así en el caso de la privación.
El tipo penal de “privación ilegal de la libertad” se estableció en agosto de 1931 a través del Código Penal Federal (CPF). Desde entonces a la fecha, ha sido objeto de diversas reformas, la última de ellas, el 20 de agosto de 2009. En su necesaria reestructuración, la autoridad, en 2005, tuvo que plantear medidas para hacer frente a la figura del secuestro exprés.
En lo que respecta a los índices de victimización, es decir, la cantidad de personas que se declaran víctimas de algún delito, un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) titulado Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009 destaca que el secuestro, así como la violación, “se trata de delitos poco reportados a la autoridad y que por su pequeña cantidad, respecto del total de delitos, son difíciles de estimar a partir de las encuestas de victimización”. Es por este motivo, que no se tiene en cuenta el delito de secuestro en las encuestas sobre victimización.
